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Noticias

Bogotá. D. C 26 de mayo de 2015

Doctor
JOSÉ DAVID NAME CARDOZO
Presidente del Senado de la República de Colombia
Ciudad

Respetado Señor Senador

Reciba un atento y cordial saludo en nombre mío y del Consejo Directivo de la Corporación, deseándole éxitos en sus labores en el Congreso de nuestra patria.

Dada la necesidad sentida de los miembros del Cuerpo de Generales y Almirantes, de ejercer su derecho a la protección y defensa de la Institución Castrense y conscientes de sus muchas ocupaciones y actividades que le impiden estar al tanto de los detalles de directivas conferidas en el Parlamento, manifestamos nuestra inconformidad frente a la Resolución No. 226 de mayo de 2015, la cual tiene por objeto establecer el trámite en el Senado de la República para los ascensos militares y de policía de los Oficiales Generales y Oficiales de Insignia de las Fuerza Pública; dando a conocer las siguientes consideraciones.

  1. Que en el Numeral 2 del Artículo 173 de la Constitución Política, se establece como atribuciones del Senado la de: Aprobar o improbar los ascensos militaresque confiera el Gobierno, desde Oficiales generales y Oficiales de Insignia de la Fuerza Pública, hasta el más alto grado."
  2. Que de acuerdo al Artículo 2 de  la Ley 3 de 1992, la Comisión Segunda constitucional permanente es la encargada de atender los aspectos de Defensa Nacional y Fuerza Pública.
  3. Que la mesa directiva del Senado había emitido la Resolución 242 del 31 de mayo de 2013 que regulaba el procedimiento interno para adelantar el trámite de aprobación o improbación de los ascensos de Generales y Almirantes.
  4. Que la Resolución 242 del 31 de mayo de 2013 en su Artículo 5 establecía que los respectivos Senadores ponentes entrevistarán a los Oficiales Generales y de insignia, lo que se consideraba lógico y adecuado, pues el ponente  tendría la oportunidad de resolver cualquier inquietud, de esta forma, y además fortalecer sus argumentos para hacer la respectiva proposición o ponencia.
  5. Si el Congreso es el poder legislativo del Estado, las funciones de sus Senadores y Representantes son las legislativas. De aquí se desprende que los Senadores en cumplimiento de su función legislativa están aprobando o improbando los ascensos de los Oficiales de insignia.
  6. Por lo anterior no entendemos porque se cambió la resolución existente para que, ahora,  sea el secretario de la comisión segunda el que entreviste a los oficiales de insignia cuando la función de este es notarial.
  7. Muy cordialmente solicitamos que los señores Secretarios de las Cámaras continúen realizando su labor notarial, como excelentemente lo vienen haciendo, de revisar la información que presentan los candidatos a ascenso y enviarla, posteriormente, a los Senadores ponentes.
  8. Si lo que se preguntará en la entrevista a los oficiales Generales y de Insignia, es sobre sus antecedentes penales, disciplinarios, fiscales y hasta civiles, como lo establece la nueva Resolución No 226 de mayo de 2015 en su Artículo 5, muy comedidamente solicitamos que lo haga, por asuntos protocolarios, el respectivo Senador ponente.
  9. Sin desconocer la labor que cumplen los Secretarios de Comisión, no son ellos ante quienes se deben presentar las entrevistas de los Oficiales de Insignia, ya que no se puede desconocer el nivel protocolario y organización que se han venido manejando para el ascenso de los Oficiales Generales y Oficiales de Insignia.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de la más alta consideración y estima personal.

Cordialmente,

General NÉSTOR RAMÍREZ MEJÍA

Presidente

PRONUNCIAMIENTO DE LA MESA DE TRABAJO PERMANENTE DEL CUERPO DE OFICIALES DE LA RESERVA ACTIVA DE LAS FF.MM Y POLICIA NACIONAL.

_________________________________________________________________

-       El Gobierno nacional frente a las exigencias de ONG’s nacionales e internacionales, modifica el proyecto de acto legislativo que cursa actualmente en el Congreso de la Republica sobre Fuero Penal Militar y Policial.

-       Después de varios años de insistencia, Human Rights Wath logró su cometido, despojando a la Fuerza Pública de la seguridad jurídica requerida para enfrentar eficazmente el conflicto armado interno.

-       Cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley que crearía un Tribunal Nacional de Garantías con participación de ONG’s defensoras de derechos humanos.

-       Por supuestas razones de urgencia se aprobó intempestivamente el sexto debate este  proyecto de acto legislativo en forma unánime. Parlamentarios de izquierda, tradicionales opositores al Fuero Penal Militar, votaron a favor.

Carta Abierta a la Opinión Pública Nacional

Recientemente se dio a conocer la proposición interpuesta por el gobierno nacional con el propósito de modificar el Proyecto de Acto Legislativo que cursa actualmente en el Congreso de la República con el propósito de reformar el Artículo 221 de la Constitución Política de Colombia, en materia de Fuero Penal Militar y Policial.

A través de esta proposición modificativa, el citado Proyecto de Acto Legislativo quedo reducido a un solo artículo en el cual se establece, que todas las conductas cometidas por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales

estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.

A este nuevo proyecto le fueron suspendidos algunos párrafos que tenían relación con una serie de conductas, que bajo ninguna circunstancia podrían ser competencia de la Justicia Penal Militar o Policial, y otras relacionadas con infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que serían de exclusiva competencia de la Justicia Penal Militar o Policial.

Se adicionó igualmente un párrafo complementario en el cual se establece que en la investigación y juzgamiento de las conductas de los miembros de la fuerza pública, en relación con un conflicto armado o un enfrentamiento que reúna las condiciones objetivas del Derecho Internacional Humanitario, se aplicaran las normas y principios de este. Los jueces y fiscales de la Justicia Ordinaria y de la Justicia Penal Militar o Policial que conozcan de las conductas de los miembros de la Fuerza Pública, deberán tener formación y conocimiento adecuado del Derecho Internacional Humanitario.

En el último párrafo de este artículo, se reafirma que la Justicia Penal Militar o Policial, será independiente del mando de las distintas fuerzas.

Con este nuevo articulado, según sus ponentes, se permite a la Fuerza Pública actuar contra cualquier grupo armado ilegal, ya que estos de por si, se constituyen en blanco legítimo. Se establece también, el reconocimiento, armonía y significado de todo lo concerniente al Derecho Internacional Humanitario, como Derecho de la Guerra y la aplicabilidad de sus normas ante cualquier conducta que pueda generarse por causa o razón del servicio en circunstancias propias del conflicto armado.

Después de un minucioso análisis del contenido y modificaciones realizadas a este proyecto, el cual ya fue aprobado en quinto debate en la Comisión Primera del Senado,  y en sexto debate en sesión plenaria de esta misma corporación, han surgido, las siguientes preocupaciones:

1.    No se genera un mensaje suficientemente claro de seguridad jurídica  para los miembros de la Fuerza Pública, que por cualquier circunstancia puedan ser procesados penalmente por actos del servicio o por ocasión del mismo.

2.    Los jueces y fiscales de la Justicia Ordinaria y de la Justicia Penal Militar o Policial que conozcan este tipo de conductas dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario, tendrán que enfrentar necesaria y continuamente múltiples enfrentamientos  en materia de colisión de competencias. No hay delimitación alguna que determine estas responsabilidades.

3.    La exigencia respecto a quienes conozcan este tipo de procesos en cuanto a tener formación y conocimiento adecuado del Derecho Internacional Humanitario, no es suficiente  garantía para  sustentar el debido proceso.

Otra nueva preocupación institucional respecto al significado de  Fuero, Justicia Penal Militar, garantías y debido proceso, surge también alrededor de un proyecto de ley de iniciativa gubernamental que se tramita actualmente en el Congreso de la Republica, aprobado ya en segundo debate,  que hace relación con la conformación de un “TRIBUNAL NACIONAL DE GARANTIAS”, que estaría por encima de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, con el cual se  pretende otorgar máximos poderes a la Fiscalía General de la Nación con participación activa de otras agencias  y ONG’s defensoras de derechos humanos, en circunstancias obviamente desfavorables para miembros de la Fuerza Pública. De aprobarse este proyecto se afectaría significativamente el principio universal del debido proceso e imparcialidad requerida para resolver temas cruciales en esta materia.

Para terminar es importante reconocer el gran interés del actual Ministro de Defensa Nacional y altos mandos militares y policiales, por sacar adelante este urgente proyecto de reforma constitucional para ampliar y recuperar todo lo concerniente al Fuero Penal Militar y Policial en contraposición a distintas corrientes de extrema izquierda radical de corte antimilitarista, que desde hace muchos años han venido desarrollando una intensa campaña nacional e internacional  para impedir este cometido.

Para quienes conformamos actualmente la reserva activa de la Fuerza Pública, consideramos que es otra batalla perdida sobre temas fundamentales en materia de seguridad jurídica. No entendemos las razones por las cuales fueron excluidos de este proyecto, lo concerniente a la creación de un Tribunal de Garantías integrado por magistrados de la Justicia Penal Militar y Policial y de la Justicia

Ordinaria,  cuyo propósito era el de resolver cualquier conflicto de competencia que se llegare a presentar. Tampoco la  Comisión Técnica de Coordinación que se activaría por la Fiscalía General y por la Fiscalía Militar y Policial, la cual tendría la tarea de resolver la competencia inicial de los hechos que fueran motivo de investigación.

Finalmente queremos reafirma los siguientes conceptos que en esta materia hemos expuesto como pilares fundamentales del verdadero significado de lo que es el Fuero Penal Militar o Policial:

-       Bajo ninguna circunstancia constituye un privilegio.  Es un derecho constitucional que garantiza el marco legal que requiere la Fuerza Pública para el cumplimiento de sus misiones institucionales.

-       El Fuero Penal Militar y Policial sin duda alguna, fortalece la seguridad jurídica de los combatientes y de los agentes del orden, en actuaciones propias del conflicto armado y de seguridad ciudadana  que les compete. No constituye factor de impunidad.

-       Estimula la voluntad de lucha y espíritu de sacrificio que requieren los soldados y policías para la defensa de la soberanía, de las instituciones patrias y lo concerniente a la seguridad ciudadana.

-       Proporciona legitimidad e institucionalidad al Estado, generando seguridad jurídica frente a la amenaza terrorista y del crimen organizado.

Abril 29 de 2015.

TERRORISTAS CINICOS Y MENTIROSOS

Por: MG LUIS HERNANDO BARBOSA HERNANDEZ Soldado adolorido de Colombia  

Diez  muertos más y 18 heridos aportan las Fuerzas Militares a este proceso de paz, más de 28  familias sufriendo los rigores del terrorismo de las FARC al cual ya nos tienen acostumbrados por  más de  cincuenta años, sus actos de impacto nacional e internacional  les sirven para que en forma cínica y mentirosa justifiquen sus actos y pongan al Estado Colombiano como responsable de esos hechos criminales.

Lamentablemente el Gobierno se ha dejado imponer las condiciones en la negociación y han permitido que a diario difundan mensajes llenos de odio, mentiras y cinismo, sin que tengan reproche por parte del comisionado de Paz, del Doctor de la Calle o del propio Presidente de la República y aquí se aplica el adagio popular, “El que calla otorga”.

Los terroristas de las FARC no desperdician oportunidad para mostrarse ante Colombia como lo que son, despiadados, cínicos, asesinos y quienes no sienten el menor remordimiento de sus delitos, ante la masacre ejecutada salen los lideres de ese grupo que disfrutan de las comodidades de la Habana a justificar lo injustificable, en un comunicado que titulan “Mantengamos la cabeza fría”, del 15 de abril manifiestan “Como resultado del asedio militar del Ejército, la reacción legitima de las FARC deriva en la muerte de 10 militares y lesiones a 18 en el municipio de Buenos Aires Cauca”,[1]  falso no existía ningún ASEDIO, las tropas están en descanso, protegiéndose de las inclemencias del tiempo y no hubo reacción legitima, hubo un vil asesinato, una vil masacre, y tampoco es legitima la acción de un grupo terrorista al margen de la ley cuyo único propósito en los más de cincuenta años que lleva delinquiendo es sembrar el terror para buscar que el estado claudique y les entregue en bandeja de plata el País. 

En otro comunicado Pastor Alape con cinismo dice que “es hora de acabar con la pregunta de las Madres de familia para saber en qué lugar de la selva quedó enterrado su hijo y concluye diciendo ese es un compromiso de la Nación”,   No señor guerrillero ese es un compromiso de ustedes decir la verdad y el compromiso mayor es no matar indefensos campesino o masacrar soldados justificando el hecho con sus teorías marxistas leninistas de la aplicación de todas las formas de lucha.

Pero este tema no es de ahora, el cinismo de las FARC nace con dicha agrupación, todo lo justifican y lo desdibujan con mentiras, ya en el proceso de paz, cuando se inicio el punto de victimas, ellos se autoproclamaron victimas y no victimarios, al respecto Andrés Paris manifestó:   “Nosotros no vamos a responder por lo que el estado tiene que responder  y que la sociedad ha venido reuniendo pruebas fehacientes de que los responsables son ellos. Nosotros no vamos a hacer reconocimientos unilaterales de victimarios porque nosotros como lo dijo Marulanda fuimos las primeras víctimas”[2]. Titulan este reportaje con la frase “No estamos dispuestos a pedir perdón”.

El objetivo estratégico que buscaban con este crimen es fácil de determinar, “Presionar al gobierno para que les acepten el cese bilateral de fuego”,  desde luego contando con algunos apoyos de los políticos afines a sus causas, que arremeten contra el gobierno por no aceptar todo lo que ellos pidan. El señor Presidente ordenó reanudar los bombardeos, en mi concepto es algo que no se debía haber suspendido, pero bueno vamos a ver cuánto dura esta acción firme y especialmente si soporta la ya iniciada gritería de más de uno, que levantar esa prerrogativa no es lo más  adecuado.

Con bombardeos o sin ellos,  con cese bilateral de fuego o sin él, las FARC seguirán en su misma tónica y cada vez que cometan un crimen con cinismo darán cualquier disculpa y tal como lo están haciendo ahora culparan al gobierno de lo sucedido.

Las FARC no dan jamás un paso en falso, todo lo tienen premeditado y toda acción la tienen planeada para obtener réditos a corto mediano o largo plazo. Pidieron la comisión histórica del fin del conflicto e impusieron que se iniciara desde 1930 con un solo fin, que dicha comisión concluyera que el culpable de la violencia era el Estado, al fin y al cabo ellos no existían en ese año y lo lograron, pidieron que en el punto  de víctimas se llevara a la Habana a las de todo tipo de violencia y lo lograron,  fueron más los representantes de víctimas de las autodefensas y de la Fuerza Pública los que fueron a poner sus quejas, que las víctimas de las FARC, solicitaron no ser incluidos como narcotraficantes y lo lograron, ahora por segunda vez y ante el crimen cometido solicitan que UNASUR, venga como verificador y garante y seguirán insistiendo hasta que lo logren, máxime si el ex Presidente Samper sigue ofreciendo su “desinteresado” apoyo en este fin. Han logrado muchas cosas más que puede ser tema de otro artículo.

No será esta  la última arremetida de la FARC contra la infraestructura del estado y la vida de los Colombianos, simplemente explotan las debilidades del gobierno en el proceso de paz, aprovechan las bondades ofrecidas y aplican la doctrina marxista leninista empleando todas las formas de lucha no solo para alcanzar sus objetivos sino para inculpar al estado y a las Fuerzas Militares de los delitos que ellos cometen. Seguirán delinquiendo, seguirán mintiendo y seguirán con cinismo absoluto actuando.

En esta crisis es  de resaltar el valor ético, moral e institucional de las familias de los hombres de la Fuerza pública, de la reserva activa y de la mayoría de población civil que en forma masiva han rechazado la acción terrorista y se han solidarizado con las familias de las víctimas.

 


[1]Comunicado FARC 15 de abril “MANTENGAMOS LA CABEZA FRIA”.

[2]Portal Verdad. Las FARC frente a los Temas. No estamos dispuestos a pedir perdón. Andrés París

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