Se recuerda a los señores Generales y Almirantes que pueden acudir a la oficina del CGA a realizar el trámite de la supervivencia ante la Caja de Sueldos de Retiro. No olvidar que es factible hacerse en cualquier mes del año y que a partir de esa fecha, tiene vigencia de seis meses.
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ECOS
Por una Justicia Justa
Por: Centro colombiano de Pensamiento Político Militar
Recientemente el gobierno tramitó ante el Congreso de la República una reforma a la justicia que pretendía corregir las serias deficiencias que la aquejan. Después de una negociación con las Altas Cortes y miembros del Congreso, en la que se cortó lo fundamental de ella, al final del primer debate se incluyó una adición al artículo 221 de la Constitución, que buscaba restablecer el fuero militar y brindar las garantías de un juzgamiento imparcial a quienes todos los días arriesgan su vida, en aras de brindar seguridad a sus compatriotas.
El Fuero Militar es elemento esencial para la actuación de las Fuerzas Militares y de Policía en el cumplimiento de su misión. Está limitada su aplicación para condiciones de paz y tranquilidad y carece de argumentos jurídicos necesarios para un país en conflicto armado interno, en el cual deben regir el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho de la Guerra para ser aplicado jurídicamente a quienes combaten en defensa del Estado.
La situación penal militar es preocupante pues ha interferido profundamente en las operaciones militares y operativos policiales; en tal sentido se han pronunciado eminentes juristas, empresarios, politólogos, asociaciones de generales, militares de la Reserva Activa e inclusive el actual Ministro de Defensa Nacional, quienes reconocieron la alarmante situación de los miembros de la Fuerza Pública por la inseguridad jurídica, creada por la inexistencia e inaplicabilidad de leyes propias para el conflicto por parte del sistema penal colombiano, lo que afecta sustancialmente la actuación de la Fuerza Pública en la seguridad y defensa nacional.
Actualmente, violando la Constitución Política, la justicia ordinaria está juzgando a los integrantes de las Fuerzas Militares por las operaciones de combate. Pero más grave aún, ya que la investigación y el juzgamiento se adelantan dentro del concepto de Derechos Humanos, el cual no resulta aplicable en un contexto de guerra internacional o conflicto armado interno. Esta situación se generó, inicialmente, en la pérdida paulatina y constante del Fuero Militar, recientemente, en un acuerdo ilegal suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General que entregó a esta la jurisdicción penal militar y, finalmente, con la aplicación del Manual de Derecho Operacional, mal concebido por el Ministerio de Defensa en el año 2009, el cual no contempla la aplicación de las normas y conceptos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) ni del Derecho de la Guerra, aplicables en las condiciones actuales del país.
Existe en Colombia temor a la presión internacional, estrategia generada cuando se pretende adecuar la normatividad vigente para dar soporte jurídico a las actuaciones de la Fuerza Pública, buscando la eficiencia en el cumplimiento del deber. Los gobernantes, indiferentes, indolentes o atendiendo sus propios intereses han sido laxos ante esa presión y ceden a sus exigencias, sin importar las consecuencias internas de la manipulación externa.
Entre los hechos más recientes, de público conocimiento, para solo citar algunos, sobresalen la manifestación hecha en el año 2007 por el presidente Álvaro Uribe Vélez en San José de Costa Rica, la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde descalificó la Justicia Penal Militar la que, en su concepto, debía tener solamente un carácter disciplinario; el ministro de defensa Camilo Ospina (2006) suscribe con la Fiscalía el documento arriba citado, en el que se renuncia de plano a la jurisdicción penal militar y, por último, el actual Presidente Santos el 11 de octubre, en reunión con la ONG Human Rights Watch, afirma que como Presidente no permitirá que se violen los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública;… ¿será que como Ministro de Defensa si lo permitió?
Estas actuaciones perjudican al país, y facilitan la intervención de los organismos internacionales, que presionan al gobierno para obtener nuevas restricciones a la actuación de las Fuerzas Militares y la Policía y, finalmente, lesionan su reputación. Razón tienen quienes afirman que son más las bajas que se producen al Ejército por carecer de una Justicia Penal Militar coherente con el conflicto que se vive, que las causadas por el enemigo en el campo de combate.
¿Qué hacer para salir de la encrucijada? Dar cumplimiento al mandato de la Constitución Nacional Articulo 221 sin las argucias y modificaciones que lo volvieron inoperante; mientras perdure el conflicto armado interno en el juzgamiento de quienes participan en las operaciones militares, la Justicia Penal Militar debe estar orientada dentro de los parámetros del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho de la Guerra; aplicar el Fuero Militar sin restricciones y que permita que los militares y policías sean juzgados por sus pares; en los procesos jurídicos producto del conflicto armado, brindar seguridad jurídica a quienes defienden el Estado y exponen sus vidas en cumplimiento del juramento hecho por amor a la patria y por último el gobierno debe estructurar una ley integral de defensa y seguridad nacional, que contenga la normatividad requerida para cubrir esa importante necesidad del Estado y así lograr una justicia justa para sus defensores.
En una actitud incomprensible, sin mediar espacio de discusión y, seguramente presionado por las mismas ONG que se lucran de los Derechos Humanos, el mismo gobierno, en una clara incoherencia entre sus ministros y con el remedio a la situación de inseguridad que el mismo creó, anuncia el retiro de la modificación introducida, causando gran desconcierto, no solo entre militares y policías, sino entre el grueso de la población colombiana, que tuvo una fugaz esperanza de redención ante el crecimiento inocultable de las acciones terroristas.
Por azares del destino y no por voluntad del gobierno, la modificación permanece aun en el proyecto de reforma. Mal haría el Ejecutivo en retirarlo en la siguiente vuelta; muy por el contrario, debe “jugársela para sacarlo adelante” con la seguridad de que con el retorno del Fuero Militar, las tropas, derrotadas hoy por la guerra jurídica y desmoralizada por la falta de apoyo de los políticos, recuperarán en algo el espíritu de lucha perdido. Abandonarlo bajo la premisa del desleal Ministro del Interior de que requiere de un debate propio, solamente hará que este país siga rodando cuesta abajo en la materia de seguridad.
Creen que reconocer que el enemigo existe es comportamiento de guaches y que permitir la polarización política es cosa de mal gusto.
En el 2010, el candidato que propugnara por el apaciguamiento con la banda terrorista Farc se metía en esta paradoja: ganaba 1) el aplauso cerrado de la mayoría de los columnistas bogotanos, de ciertas cadenas radiales y de esas fotografías que deambulan de coctel en coctel, y 2) también, una muenda electoral.
Santos, como candidato, fue 'antiapaciguacionista'. Hizo cálculos y prefirió el costo -insultos de los columnistas- para garantizar el beneficio -la Presidencia-. Ya posesionado, se pasó al discurso 'apaciguacionista' con las Farc y con los socios externos de la banda -Chávez y Correa-. Eso le volteó la torta: ganó el favor de los columnistas; los pies de foto de las páginas sociales son todo amabilidad con él, y la socialbacanería empotrada en organismos internacionales no tiene trapito con que cogerlo. El pueblo, en cambio, que votó por la Seguridad Democrática, ¡bueh...! En las próximas elecciones se verá.
El 'apaciguacionismo' es una pandemia política con dos fuertes componentes virales: hipocresía y cobardía. Los 'apaciguacionistas' creen que reconocer que el enemigo existe es comportamiento de guaches y que permitir la polarización política es cosa de mal gusto. Por eso tramitan insaciablemente, en las mesas de los clubes, una apariencia de unidad; y adulan al enemigo y hablan en abstracto de soluciones negociadas. Los 'apaciguacionistas' son supersticiosos. Creen que si una palabra deja de pronunciarse, las ideas, hechos o personas contenidas en tal palabra dejarán de existir o, por lo menos, perderán su capacidad de hacer daño.
Un nombre tabú para los 'apaciguacionistas' es 'Partido Comunista'. Ese partido, a la vez que va a las urnas, usa las armas. A eso llama 'combinación de formas de lucha'. Los 'apaciguacionistas' no se sulfuran con los 'combinadores'. Prefieren hacerse los de la oreja mocha y disfrutar con ellos un whisky bien paladeado. ¡Cómo no va ser mejor abrazar a la senadora Gloria Inés Ramírez, adular al representante Iván Cepeda, guiñarle el ojo al director de Voz y referirse a Jorge Enrique Botero como 'corresponsal de guerra', que preguntarles por qué son mencionados recurrentemente en el Archivo Reyes! "Que el 'guerrerista' de Uribe" se enrede con esos archivos inútiles", pensarán. "Mientras, nosotros nos vamos con los 'combinadores' para la ONU a hacer tratativas de paz y a buscar votos calificados -de países, por ejemplo- para acceder a más altas dignidades que la presidencia de un país 'pichurrio'."
El archivo Reyes es una enciclopedia y un manual sobre combinación de formas de lucha. Escribí en el buscador 'combinación' y me llegaron datos y datos. Por ejemplo, Reyes, en carta a Granda, lo felicita por entablar contacto directo y tener una larga conversación con la senadora Gloria Ramírez, "una compañera muy interesante, muy buena, bastante comprometida con la lucha y clara de (sic) los objetivos de la combinación de todas las formas de lucha". El Secretario General del partido Comunista también responde al llamado de la palabra 'combinación'. Reyes le dice a cierto corresponsal venezolano: "Muy bueno que de (sic) Colombia haya participado el mismo Jaime Caicedo, el camarada está en la línea defendiendo la política de combinación de las formas de lucha". ¿Cómo les parece?
Iván Cepeda es el rey de la 'combinación'. En un artículo mostré que la marcha del 6 de marzo fue operación encubierta del secretariado de las Farc. Cepeda, en cambio, hizo creer al mundo que lo denunciaba una banda fascista (para muestra, ver este botón: http://www.dhcolombia.com/spip.php?article556). Así como previne certeramente sobre la marcha del 2008, ahora prevengo sobre las tareas de hoy: quieren volver a hacerse fuertes en Magdalena Medio, Urabá y Montes de María. Su fachada actual: unas reuniones agraristas (ahí les dejo otro botón de muestra
Columna escrita por el señor Mayor General Eduardo Herrera Berbel en el periódico El Colombiano.
De realidades y mitos
¿Hasta cuándo los colombianos dejaremos de vivir de realidades y mitos distorsionados?
Un claro ejemplo de esta situación se presenta con los posibles diálogos o acercamientos exploratorios con las guerrillas. Basta que se mencione el tema, para que pululen las opiniones de distinguidos colombianos, y los medios de comunicación en una competencia incontrolable, pretendan establecer, si en verdad hay diálogos; dónde se están llevando a cabo; quiénes participan.
En medio de un frenesí mediático, los comunicadores sólo quieren obtener una chiva periodística sin tener en cuenta el interés nacional.
Además, aparecen numerosas e inusitadas propuestas que van desde treguas bilaterales, opiniones conocidas de pazólogos y el radicalismo a ultranza de sectores de derecha.
En este escenario, la polarización hace de las suyas, pues la guerra o la paz se convierten en un duelo de voluntades dispersas y ajenas de por sí, al sentir nacional y al bienestar de la Patria. Pero, ¡todo bien! Lo importante es opinar, así se haga mal y con inocultables sesgos ideológicos o intereses anodinos.
Otros distinguidos colombianos han sugerido retomar la agenda del Caguán. Tampoco faltan quienes aprovechando este derroche de entusiasmo, hacen oposición política a costa del ofrecimiento de liberaciones unilaterales de cautivos en poder de las Farc. En verdad, de todo hay en la viña del Señor.
Por su parte, el Gobierno se muestra perplejo con tanta euforia relacionada con la paz, y el presidente Santos ha tenido que pronunciarse para negar que haya conversaciones.
Al mismo tiempo de esta parafernalia, la guerra sigue su curso y los muertos y mutilados son una realidad, pero se trata de noticias menores y como nunca, el pulso militar cobra vigencia operacional.
La beligerancia armada de las Farc está en alza en ciertas regiones del país, y se hacen ingentes esfuerzos por parte de las Fuerzas Armadas, para mantener la tranquilidad ciudadana. Por Dios, ¡qué paradoja!
¿Qué hacer entonces? Es necesario acabar con el mito de la falta de confianza y voluntad de las partes (Gobierno-guerrilla). Yo propongo que dejemos tanta euforia y presiones políticas transitivas.
Si los interlocutores principales quieren explorar una salida distinta a la guerra, que la hagan sin afanes ni algarabía mediática. Si logran este propósito, bienvenido, y que entonces lo informen de manera oportuna a la opinión pública.
Pero dejemos de lado especulaciones y protagonismos insulsos.
Ahora, que no salgan con el cuento de que se está coartando el derecho a la información.
Es la cantaleta de siempre.
En cambio, lo que no se puede coartar es el derecho a la esperanza de los colombianos, de alcanzar una paz viable, sostenible y no a cualquier precio.
Lo demás es demagogia barata. Ojalá que los interlocutores tengan la suficiente claridad y el compromiso para construir positivamente, en medio del oportunismo y la polarización.
La voluntad se soporta en el convencimiento de explorar caminos de paz. La confianza se construye con gestos recíprocos, confidencialidad y cumplimiento de lo acordado.
SIN PAUSA: La dignidad humana no es una mercancía negociable en un imaginario revolucionario en decadencia.
Con cara ganan, con sello no pierden
Ahora que los vientos corren en contra del interés de algunos medios y columnistas de ver condenado al Coronel Plazas, la difusión de informaciones sobre falsos testigos y manipulación de pruebas no es el ejercicio de la libertad de información, sino un intento de presionar a la justicia.
Existen algunos medios de comunicación y algunos columnistas que han tratado de crear un ambiente favorable a la condena del Coronel Luis Alfonso Plazas Vega por los hechos relativos al Palacio de Justicia.
La táctica es simple pero perversa: emitir las informaciones y opiniones bajo la óptica, en la forma y en el tiempo que así le conviene a la Fiscalía General de la Nación y a los apoderados de las alegadas víctimas, y someter a silencio la voz del acusado y de su defensa.
Claro está, cuando los vientos soplaban a favor de ellos, esto es, con el inicio de la investigación, con la indagatoria, con la aparición de dudosos testigos en su contra, con la medida de aseguramiento, con el llamamiento a juicio y, finalmente, con la injusta condena en su contra, el suministro de noticias era amplio, constante, masivo. Para ellos, esto no era intromisión a la justicia, o intento de presionar a los jueces, sino el puro ejercicio de la libertad de información que garantiza nuestra Carta Magna.
Ahora que los vientos corren en contra de ese interés de ver condenado al Coronel Plazas, que está demostrado que no hay certeza en el hecho de la supuesta desaparición de unos ciudadanos, que se vino a saber que unos testigos (René Guarín) callaron ante la justicia el pequeñísimo detalle de que eran miembros del M-19, que otros testigos (Édgar Villamizar) al parecer fueron suplantados para conseguir acusaciones falsas en contra del Coronel Plazas, la difusión de informaciones en ese sentido, para esos mismos medios y columnistas, no es el ejercicio de la libertad de información, sino un intento de presionar a la justicia.
Como queda claro, aplican estos personajes la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo angosto para los demás. Aplican ese juego tramposo que jugaban los niños hace muchos años, el de "Con cara gano yo, con sello pierdes tú".
Aplican una doble moral, o relatividad moral, como se quiera, puesto que la información que se difunde, cuando sirve o ambienta una condena en contra del Coronel Plazas, es ejercicio de la libertad de información, pero cuando la información es favorable o tiende a demostrar su inocencia, es una forma de presionar y de hacer intromisión a la justicia.
Han sido muchos los ejemplos en este país, donde personalidades se ponen de acuerdo para hacer un comunicado y publicarlo en un diario de circulación nacional, sin importar la existencia de un proceso judicial por el respectivo asunto.
Pero claro, en aplicación de esa doble moral en cita, cuando el comunicado lo firman sindicalistas, pensadores o intelectuales de izquierda, es un ejercicio de libertad de opinión, pero si lo firman oficiales en activo o en retiro, pensadores o intelectuales de derecha, reclamando el reconocimiento de la inocencia del Coronel Plazas, es un ejercicio inoportuno de intromisión y de presión a la administración de justicia.
Si Piedad Córdoba dice que en Colombia "necesitamos muchos hombres que sean capaces de resistir la lucha, así como lo hizo Manuel Marulanda ", no es apología del delito o del terrorismo, sino el ejercicio de la libertad de opinión, pero si el General Alejandro Navas dice que el Coronel Plazas es un héroe nacional y que lo considera absolutamente inocente, es una inadmisible intromisión a la administración de justicia y un intento de presionarla.
¿Puede el lector imaginarse el escándalo que se hubiera suscitado al ver, por ejemplo, al Procurador en eventos sociales con reinsertados de las Auc? Pero el magistrado que investiga los vínculos de políticos con las Auc, sale orondamente en fotos de eventos sociales con el senador cuyo padre le da nombre a un frente guerrillero y con un reinsertado del Eln, y nada pasa, nadie dice nada.
Preocupa inmensamente la doble moral que manejan esos medios y columnistas, puesto que los deja en evidencia de lo que será su actitud, por ejemplo, frente a un eventual proceso de diálogo con las guerrillas de izquierda, donde ya podemos prever que serán complacientes y laxos con ellos, cuando años antes fueron implacables y reacios a la negociación con los grupos armados de derecha, y con estos dobles raseros, jamás podrá existir un verdadero proceso de reconciliación nacional basado en el reconocimiento de la verdad y en la obtención de justicia para todos.
