CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES EN RETIRO
DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

 

INDEBIDO PROCESO

A l comentar los deplorables hechos de Jamundi, el señor Fiscal General de la Nación en declaraciones a la prensa, descartó de plano que se tratara de un error en la conducción de la operación militar, la cual fue calificada como masacre. Nos atrevemos a pensar, que las pruebas en poder del Alto Funcionario son tan contundentes, que consideró indispensable pronunciarse por los micrófonos, sin dar espera a la culminación de la investigación y menos a un debido proceso.

Tremenda acusación. De las palabras del señor Fiscal se puede inferir un acto criminal sin antecedentes en operaciones militares en Colombia. De llegarse a comprobar, se estaría señalando sin duda alguna, el delito más grave y horrendo cometido por miembros de la institución militar en toda su historia. Por haberse mencionado el narcotráfico, se podría presumir, que el dinero fue el móvil para cometer semejante desafuero.

No obstante, la justicia ordinaria los encuentre culpables y los militares sean sancionados como corresponde, el procedimiento de "juzgar" a priori a través de los medios de comunicación, no fue a nuestro juicio, el más apropiado. En el ámbito imparcial de la justicia ha quedado un agrio e inconveniente sabor a interferencia indebida, algo así como un fallo anunciado, a decir del Nóbel.

Las normas jurídicas que establecen que nadie puede ser condenado sin que medie un debido proceso, son ampliamente conocidas por la opinión pública. Sabio procedimiento que la Constitución y la ley ofrecen a todos los sindicados. Es equidad, es la oportunidad que les da el estado de Derecho para aportar las pruebas que dicen tener a su favor y a la Fiscalía para controvertirlas o aceptarlas como es su deber.

Como consecuencia de los lamentables episodios de Jamundi, la Justicia Penal Militar ha vuelto al ojo del huracán. Se ha querido dar la sensación de que es laxa, proclive a la impunidad, tolerante y permisiva con los uniformados. Nada más falso ni mas injusto. El estamento militar ha sido y es, el más interesado en que se administre pronta y efectiva justicia, lo ha demostrado y lo está demostrando.

Por estar inspirada en principios universalmente aceptados, la Justicia Penal Militar, existe en la mayoría de los países democráticos del mundo. Su agilidad en los procedimientos, rigurosidad en la aplicación de las penas y naturalmente por su reconocida imparcialidad, ha sido considerada vital dentro del ordenamiento jurídico de los estados.

Resulta paradójico, que mientras las Fuerzas Militares gozan ante la sociedad Colombiana de la más alta credibilidad, hay quienes desconfían de la Justicia Penal Militar y pretenden cercenarla o acabarla como ha sucedido con el Fuero. Grave equivocación.