LOS SOLDADOS DE JAMUNDI

Por Brigadier General (r) LUIS ALBERTO LÓPEZ ESCOBAR

Sucedió el lamentable y cruento episodio de Jamundi protagonizado por colombianos al servicio de la patria, unos vistiendo el uniforme del Ejército y otros el de la Policía nacional. Todos ellos, comprometidos con la guarda del orden institucional del país.

El hecho ha causado, como es lógico, enorme conmoción y ha sido oportunidad para crear toda clase de elucubraciones por parte de los medios de comunicación, de personajes que se autoproclaman voceros de la comunidad, analistas de ocasión y de todos aquellos que creen ser poseedores de la verdad, con el ánimo de influir en las instituciones que deben tomar a su cargo la investigación de los hechos, para sacar conclusiones que conduzcan a establecer la realidad de lo sucedido, incluyendo los antecedentes que han intervenido en desarrollo del evento y proceder a dictar su veredicto, que dará sustentación a las penas que han de aplicarse.

Sin embargo, con el afán de protagonismo y demostrar gran eficacia, antes de cumplir con las normas aconsejables en estos casos, se tomaron medidas y se hicieron pronunciamientos aventurados que tendrán incidencia en las investigaciones y en la proclamación de una justa conclusión.

Este trágico acontecimiento cuyos resultados ya conocen la opinión pública, merece una búsqueda de hilos perdidos o confusos que ayuden al común de los ciudadanos a llegar al fondo de la verdad, pero no a la verdad a medias sino a la verdad total. Después de oír muchas opiniones, discursos y declaraciones condenatorias todas ellas sin evaluación seria, fundamental y desprevenida de todos los factores que amerita una tragedia de las dimensiones de la que nos ocupa, queda la sensación de que falta alguna pieza para que la trama sea clara y que no se oculte nada.

Una investigación seria y profesional debe tener en cuenta la doctrina que rige en las instituciones para el empleo de las tropas en situación anormales, como las que vivimos hoy en día causadas por las acciones violentas e ilegales de parte de grupos armados al margen de la ley. Las acciones u operaciones que conducen las tropas del Ejército nacional están regidas por directivas y órdenes emitidas por un Comandante que previamente ha hecho una apreciación de la situación para dar una orden de acción que se denomina "LA MISIÓN".

En el Ejército la Doctrina para el empleo de las tropas en situación de combate se conoce como "APRECIACIÓN DE LA SITUACIÓN" que busca ilustrar a un comandante sobre las condiciones que inciden en una posible operación y capacitarlo para ordenar una MISIÓN.

La apreciación de la situación debe hacerse en todos los escalones del mando, desde el más alto hasta el último, debiendo ser lo hecho en el nivel más alto, el más complejo y detallado, reduciendo su contexto en cada uno de los demás, hasta llegar al menor que requiere información localista para el área y la clase de misión de que se trata. Como mínimo la apreciación de situación debe contemplar datos referentes al terreno, las propias tropas, el enemigo, la actitud de la población y otras informaciones que se considere pueden influir en la toma de una decisión. Con los resultados obtenidos luego de cotejarlas con los aportados por el comando superior, el Comandante está en capacidad de ordenar LA MISIÓN.

Por desconocer en detalle todos los informes y antecedentes a disposición del Comandante que ordenó la operación y a manera de Juego de Guerra, imaginemos que la apreciación de situación que tuvo el comandante a su disposición para ordenar la Misión contemplará una descripción muy acertada del terreno ya que se trataba de un área puesta bajo su cuidado tiempo atrás,; en cuanto a las propias tropas, no había nuevas informaciones aparte de recordar el dispositivo que en ese momento tenía en Batallón, agregando la existencia del puesto de Policía que tenía a su cargo la vigilancia y seguridad del área urbana de Jamundí. En relación con el enemigo, se actualiza la información conocida sobre presencia en el área de subversivos de movimientos ilegales ya conocidos y tal vez informaciones de última hora acerca del movimiento de fracciones sin determinar intenciones diferentes de las que buscan crear malestar en la comunidad, atacar las fuerzas del Estado mediante operaciones de sorpresa, para causar bajas y apropiarse de armamentos. En cuanto a la población, sigue amedrentada y no se espera de ella una colaboración. Por lo demás, se desconocen nuevas informaciones que puedan afectar la situación existente.

Con base en estas informaciones, el Comandante asignó la Misión que desafortunadamente no ofreció los resultados perseguidos, tales como ubicar al enemigo, combatirlo, causarle bajas, someterlo y recabar nuevas informaciones.

A simple vista se detecta que a esta Apreciación le faltaban muchos pormenores para ser completa. Confrontándola con la realidad de lo sucedido se hicieron palpables inconsistencias por ejemplo en lo referente a las propias tropas y el enemigo. En las propias tropas se incluyó al puesto de Policía, desconociendo su composición, misiones que cumplía, su capacidad de reacción, la disposición para compartir informaciones y la credibilidad de las que pudiera entregar, esto se confirmó cuando comunicó sobre el desplazamiento de gente armada sin identificar, en tránsito hacia el área que después fue escenario del lamentable encuentro. En cuanto información sobre el enemigo, en vez del enunciado y esperado, hizo presencia el informado por el Puesto de Policía como gente armada sin identificar y que después se conoció formaban parte del CTI en misión secreta, tan secreta que ni el Comando de la División ni el de la Brigada, ni los de la Policía tenían conocimiento de esa presencia y si lo supieron fallaron al no comunicarlo a los interesados en la operación en curso. Teniendo en cuenta los antecedentes en casos semejantes sucedidos desde siempre en las relaciones de la Fuerza Pública con las tropas ilegales, se conoce el instinto asesino de quienes les comandan; el Comandante del Pelotón de Ejército comprometido en la acción, no podía atender el pedido de suspender el fuego para no exponerse a sufrir las consecuencias de una ingenuidad letal que tantas derrotas y tragedias han hecho histórica presencia en el curso del conflicto.

Los juegos de guerra sirven para estudiar en detalle el desarrollo de operaciones y detectar fallas y aciertos que pueden presentarse en situaciones reales o imaginadas, sacar conclusiones que pueden ser muy valiosas para tomar desiciones. Deberían también servir para que quienes por su profesión o sus responsabilidades deben informar o emitir veredictos, puedan acercarse a la verdad y así emitir sus comentarios o veredictos ajustados a los fines de la justicia.

Hechas estas consideraciones, cabe preguntar a que se debió el apresuramiento para condenar a un grupo de soldados que obedecían órdenes y que cumplían con su deber al ejecutar una misión antes de establecer sin animadversión y en justicia donde se presentó una falla y quién o quiénes son los responsables.

Como puede verse, faltan muchas informaciones y fichas para completar este rompecabezas, empezando con todo lo relacionado con la intervención del CTI en desarrollo de hechos que nos ocupan.

Después de transcurridos varios días de los sucesos, aun no sabemos quién dio la orden para su desplazamiento desde Bogotá hasta el Valle, cuál su Misión, porqué se permitió la coordinación con otras autoridades. Se acudirá al expediente de la necesidad de guardar el máximo secreto para el éxito de la operación, pero ese secreto no puede llegar hasta desconocer la existencia de otras Fuerzas que tienen un control territorial, que están adelantando operaciones de registro y control y que además son blanco preferido de la subversión.

En Colombia constitucionalmente, como en toda democracia se han instituido tres poderes, El Ejecutivo, El Legislativo y El Judicial los cuales a diferencia de otros sistemas de gobierno, deben guardar distancias entre si, sin intervenir en sus decisiones lo cual es garantía de equidad y de respeto a un orden establecido.

Una de las primeras decisiones tomadas a raíz de lo sucedido en Janmundí tuvo que ver con el desconocimiento de la obligación que tenía la Justicia Militar para abocar el conocimiento de los hechos.

Para terminar hago míos los conceptos de un ilustre magistrado con asiento en el Consejo Superior de la Judicatura "los enemigos de la Justicia Penal Militar no se contentan con tenerla en el estado cuadrapléjico en que se encuentra hoy; quieren borrarla totalmente del ordenamiento jurídico colombiano y de ahí el acuerdo violatorio de la ley al que llegó el Ministro de Defensa con el Fiscal General de la Nación, para que la Justicia Ordinaria recolectara y practicara pruebas en los casos de competencia de la Justicia Penal Militar. Necesitamos, entonces una Justicia Penal Militar que sea independiente, autónoma e imparcial".