EL FUERO MILITAR: GARANTÍA DE JUSTICIA
Por General LUIS EDUARDO ROCA MAICHEL
Mi condición de ex presidente y ex magistrado del Honorable Tribunal Superior Militar, me dan la suficiente autoridad para opinar sobre el controvertido tema de la Justicia Penal Militar y desde luego sobre el consecuencial Fuero Militar.
Los legisladores del imperio y en especial aquellos de la República Romana, irradiaron su sapiencia jurídica al mundo occidental, tanto en el amplio campo de lo civil como en lo castrense, creando en esto último el Fuero Militar, necesario para establecer una transparente y clara equidad en el juzgamiento de quienes están abocados a enfrentar a diario los altos riesgos que les impone su delicada profesión.
En Colombia, como en gran cantidad de países de todos los continentes, los militares cuentan constitucionalmente con ese fuero que les permite protegerse en las actividades propias del servicio, ante los juzgamientos especiales y los procedimientos establecidos en los respectivos códigos. Tal mecanismo, seriamente criticado a través de los tiempos por quienes desde diversos puntos de la subversión armada, han hecho frente común contra los instrumentos judiciales militares, ha sido, es y deberá seguir siendo un bien directo para la alud de la patria.
Contra la Justicia Penal Militar, arremeten obviamente los delincuentes políticos que optaron por el uso de las armas para tratar de imponer en Colombia sus ideas anárquicas y antidemocráticas por la vía de la violencia, a partir de los años cincuentas. Aparecen ahora ante la opinión pública, ayudados por "IU" ("idiotas útiles") de todas las pelambres (que sabiamente concibiera, el líder Vladimir Ilich Lennin para infiltrar de manera estratégica en el seno de las desprevenidas sociedades).
Enfilan sus baterías con falsas aureolas de martirio, invocando las más de las veces el socorrido término de presuntas "violaciones de los Derechos Humanos" y a través de organizaciones orientadas por antiguos servidores del marxismo-leninismo internacional, despliegan ataques calumniosos en la mala prensa que utilizan en Europa, especialmente en España, Suecia y Dinamarca. Toda acción de las Fuerzas Militares contra los depredadores, contra los narcoguerrilleros, contra los secuestradores y contra los terroristas dinamitaros, es coreada en muchos medios como "abuso de los uniformados".
Mientras tanto, en los campos de Colombia, aumenta el número de víctimas de las minas "quiebrapata", de los cilindros-bomba y de las emboscadas. Y crece además el número de secuestrados mientras aumenta el tiempo de secuestro sufrido inhumanamente desde hace cinco años o más por personal militar y policial y por niños, mujeres, hombres y ancianos civiles arrancados por las guerrillas de sus casas y de sus trabajos urbanos y campestres. ¿Debe entonces permanecer al Fuerza Pública estática, al margen de su deber de defender la vida, honra y bienes de sus ciudadanos?
En lo nacional, la historia es clara. Algunos gobiernos, vista la anormalidad producida por los grupos alzados en armas contra la Constitución y la Ley, se han visto precisados a utilizar la Justicia Penal Militar, a fin de hacer propicio el ESTADO DE SITIO en todo el territorio de la república. Los contradictores (especialmente los partidos y grupúsculos de la oposición) producen entonces sus feroces ataques internos y externos, directamente contra el buen nombre y la imagen integérrima de las Fuerzas Militares.
De estos ataques, resalta aquel que afirma la inexistencia de efectividad de la Justicia Penal Militar para con el personal bajo banderas. Falsa, torpe y proclive afirmación, porque los resultados de las investigaciones de los jueces de instrucción Penal Militar y de los fallos de los diversos Juzgados Militares, y los del H. Tribunal Superior Militar, han sido ajustados a Derecho y la prueba es el número de condenas hechas efectivas y del propio personal de penados que se mantiene en las respectivas prisiones, por delitos contra el servicio.
Esto nos hace pensar en la importancia del FUERO MILITAR contra las presiones de la politiquería.
Lo curioso es que el sistema penal acusatorio y su mecanismo de la Oralidad, han sido el "motivo" para terminar con esa modalidad en la Justicia Penal Militar, que consideraban "excesiva" en unos casos e "inequitativa" en otros, para establecer en su reemplazo el sistema inquisitivo.
Quien iba a creer entonces que todo el sistema judicial del país tendería al sistema penal acusatorio con la criticada Oralidad en los estrados, similar a la de los Consejos de Guerra Verbales de nuestra Justicia Penal Militar.
Los cierto y conveniente, es mantener la Justicia Penal Militar vigente como una garantía para la sociedad toda. Ella obliga a los militares a mantener unos comportamientos acordes con el orden, la disciplina, la civilidad. Mediante la misma, se juzga a los militares por delitos típicamente castrenses, que nada tienen que ver con la vida civil. Por ejemplo, el delito cometido por el centinela que se duerme en su garita, permitiendo la entrada del enemigo y poniendo en riesgo la vida de sus camaradas de armas. Otro tanto ocurre con los delitos de ataque al Superior o de ataque de éste al subalterno, todo lo cual nada tiene que ver con la justicia ordinaria.
La demagogia barata de los politiqueros, especialmente los de la izquierda recalcitrante, hacen ver en la Justicia Penal Militar como una especie de cimitarra contra los civiles. Nada más ajeno a la realidad y a la verdad.
Por lo tanto, antes de tratar de menoscabarla, reducirla, meterla en cintura, habrá que pensar en sus beneficios, de manera científica, jurídica y razonable.
