Por Mayor General Alberto Guzman Molina

No obstante, la información que me llegaba procedía de una fuente de “alta fidelidad”, confieso que me resistía a aceptar que fuera verdad.
 
No podía creer que el señor Presidente de la República a quien la Institución Militar ha respaldado con diamantina lealtad, hubiera lanzado tan graves acusaciones contra el Ejército Nacional fuera de nuestras fronteras y en un escenario que no se ha distinguido precisamente por su imparcialidad, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que ha desestimado decisiones de la justicia colombiana, las ha desconocido llegando a producir fallos injustos y hasta humillantes.

Los términos utilizados por el Jefe del Estado en el extranjero, en la que se ha calificado como desafortunada intervención, contrastan de manera diametral, con aquellos que tantas veces le hemos escuchado en Colombia en las ceremonias para  condecorar y felicitar a los miembros de la Institución por el empeño, el arrojo y el valor demostrados en el cumplimiento de sus deberes como soldados. Contrastan también, con las frases de consuelo hacia las viudas e hijos de aquellos servidores de la patria que heroicamente han ofrendado sus vidas para defender la democracia, las instituciones legítimas, la vida, honra y bienes de los colombianos.

El país es consciente, que el extraordinario desempeño de la economía y el clima  de seguridad que hoy vive la nación producto de la Política de Seguridad Democrática diseñada magistralmente por el doctor Álvaro Uribe Vélez, descansa primordialmente sobre los organismos de seguridad del Estado, entre ellos Las Fuerzas Militares de las que él es su jefe constitucional. Titánica tarea que para cumplirla y llevarla al lugar donde se encuentra, ha significado sacrificio y pérdida de vidas que han dejado tristeza y aflicción en hogares de militares.

El señor Presidente ha tenido la oportunidad de visitar, así sea fugazmente, algunas de las áreas donde se realizan operaciones para controlar el orden público. Ha podido experimentar personalmente las condiciones en que estas se llevan a cabo y apreciar la alta moral de las tropas, estado de ánimo del combatiente que se  logra con apropiada motivación y con el ejemplo de sus comandantes. Conoce también el Jefe del Estado, el permanente esfuerzo de los mandos de las diferentes Fuerzas, para instruir a sus miembros sobre la obligación de respetar los derechos humanos y para exigir el más estricto cumplimiento de las normas que lo rigen.

Las palabras del Jefe del Estado que reproduce la página web de la Presidencia de la República y que han suscitado comprensible rechazo por parte la Reserva Activa de las Fuerzas Militares,  en uno de sus apartes se lee textualmente:

“Estamos reformando profundamente la Justicia Penal Militar. Inclusive creo que en un momento hay que llegar a eliminarla. Y yo lo estoy pensando: que simplemente haya un tribunal disciplinario en la esfera militar y policiva. Hemos dado varios pasos.
El año pasado, una semana antes de elecciones, en una zona de narcotráfico, cerca de Cali, en Jamundí, en hechos que a todos nos sorprendieron, el  Ejército asesinó a unos Policías: fuego amigo. La Policía dijo que iba a esa zona a capturar unos narcotraficantes.”

Dos temas conexos, delicados ambos por las repercusiones que pueden llegar a tener dentro de las filas, tocó el Jefe de Estado:

El de la Justicia Penal Militar, que es una norma constitucional muy antigua, cuya conveniencia  ha sido discutida ampliamente en nuestro país, que viene  soportando un conflicto endémico de proporciones y condiciones no comparable con otros. Ahora bien, por que todo es susceptible de mejorar, consideramos saludable que la Justicia Penal Militar  sea reformada para fortalecerla, nunca para desfigurarla y menos eliminarla. Esta justicia especializada que como tantas veces se ha dicho, mantiene su vigencia por razones de interés nacional en  la mayoría de los  estados democráticos, no es invento de los militares colombianos.

La defensa frontal que de ella han asumido las organizaciones que congregan la Reserva Activa de las Fuerzas Militares, se fundamenta en consideraciones patrióticas, no como algunos expresan con dañina intención, para que los militares se tapen los delitos que cometen.

El doctor Alberto Lleras Camargo dos veces Presidente de la República y uno de los más preclaros estadistas que ha tenido Colombia, en histórica intervención en el Teatro Patria de Bogotá, días antes de tomar posesión del cargo de Jefe de Estado, pronuncia las siguientes palabras:

“El gobierno próximo, defenderá a las Fuerzas Armadas contra cualquier ataque, contra todo agravio, contra toda injusticia. Ya he dicho que considero que es injusto y aberrante que mientras los civiles se perdonan, se amnistían, se abrazan y borran todos los agravios que se hicieron, haya quienes piensen que se puede atacar a miembros de las Fuerzas Armadas por acciones que condujeron bajo órdenes superiores del Gobierno, en condiciones tremendas de peligro y en medio de una situación de locura y confusión colectivas. Si hay algo que castigar, que depurar, que corregir, se castigará, se corregirá, se depurará por las propias Fuerzas Armadas, por su justicia, por las reglas de su disciplina excepcional y no con intervención de acciones políticas parciales y parcializadas.......”

La mención al Ejército que hizo el Jefe del Estado en Costa Rica, como asesino de unos policías, tiene graves implicaciones en uno y otro sentido. Al generalizar se está sindicando injustamente a toda la Institución y al particularizar, se podría estar interfiriendo el desarrollo normal de la justicia, en un proceso que se encuentra inconcluso.

Con relación a este tema, había tenido la oportunidad de referirme hace algunos días, en un editorial de la revista ECOS que titule “Indebido Proceso”.  En él expreso mi posición personal en el sentido que el señor Fiscal General de la Nación, calificó en forma apresurada lo acaecido en “potrerito” sin tener en cuenta las normas legales que garantizan el debido proceso para todos los sindicados sin distingo alguno. El señor Fiscal General, también manifestó que en esa operación militar, se estaba haciendo un mandado al narcotráfico o algo por el estilo. Gravísima acusación.

  Si lo expresado por el señor Presidente y por el máximo exponente del ente acusador llegare a comprobarse al final del juicio, es natural que el peso de la ley deberá recaer sobre los responsables. Mientras tanto, la Institución no puede abandonar a sus hombres a su propia suerte, tampoco defenderlos a ultranza, por que se estaría interfiriendo el debido proceso. Simplemente velar por que se les garantice su defensa.

 La pregunta que hoy nos formulamos  los miembros de la Reserva Activa, es si no hubiera sido más justo y conveniente haber esperado a que el juez que tiene a su cargo el delicado caso, emitiera su fallo autónomamente, sin tener que estar sujeto a presiones e interferencias.