¡Firmeza y Honor!

Por General Freddy Padilla de León - Comandante General FFMM

Señores Generales y Almirantes:

Faltaríamos a nuestro deber si guardáramos silencio en medio del torbellino que sacude la Nación. La Honorable Corte Suprema de Justicia ha resuelto abrir proceso penal contra varios congresistas, acusándolos de alguna suerte de compromiso con los grupos armados que hoy buscan un acuerdo de paz, después de haberle movido guerra, por años, a la Nación, a sus instituciones y a su gente. Se trata de ir al fondo de esta tragedia, que no vamos a describir ni a juzgar, examinándola a la luz de su significación política.
El asunto nos concierne, por obvias razones. La primera es aparentemente terminológica, pero envuelve un poderoso equívoco, claramente intencionado. Porque esos grupos de delincuentes han dado en llamarse, y así suele reconocérselos, como “paramilitares”. La expresión es relativamente nueva en nuestra lengua y el Diccionario de la Real Academia la define cubriendo “ciertas organizaciones civiles con estructura o disciplina de tipo militar”. El Diccionario del Español Actual de Manuel Seco es un poco más preciso, nos parece, cuando considera lo paramilitar aquello “que sin ser militar, se asemeja a lo militar, especialmente en la disciplina o estructura”. Si estas acepciones están libres de sospecha, el conflicto surge cuando en otras, compuestas con el mismo prefijo griego, lo “para” envuelve proximidad o cercanía. Los paramédicos no son médicos, pero según todos los diccionarios y el entendimiento general, son sus auxiliares y en todo caso sus colaboradores cercanos. Y es con esa malvada y evidente intención con la que muchos usan la expresión paramilitar. No por lo que tenga de similar, en lo externo y adjetivo, a lo nuestro, sino por la afinidad de estilos, de propósito o de conducta que se les intenta descubrir con la institución que a tanta honra nuestra pertenecemos.

Sea lo primero rechazar la semejanza. Un bandido de camuflado, remedando marchas, formaciones o lenguaje militar, no se nos parece. En primer lugar, porque el tipo de su organización es grotesco, vil, sin calidad ni dignidad. Esos grupos se parecen tanto a nosotros como los príncipes, los legionarios romanos o piratas en el baile de máscaras a los que lo son de veras. Pero en segundo lugar, porque nuestra vocación es la del servicio a la Patria y los más altos valores que ella encarna, es la defensa de la Constitución y la Ley, es la protección de los colombianos de bien, de sus vidas, de sus honras, de sus patrimonios. Un salteador disfrazado de policía, o un matón, un narcotraficante, un asesino o un ladrón de soldado u oficial, es el antipolicía y el antimilitar, no el “parapolicía” ni el “paramilitar”.

Pero la degradación del lenguaje que acabamos de examinar no es casual, ni inocente. Porque ha sido una constante, no siempre bien comprendida ni oportunamente rebatida, la de buscar proximidades, afinidades, cercanías espirituales de cualquier tipo entre nuestras gloriosas Fuerzas Militares y esas tenebrosas bandas criminales. Los primeros interesados en proponer esa confusión han sido las autodefensas ilegales. Porque implica una forma de esquivar sus responsabilidades y de justificar sus fechorías. Y por supuesto que nuestros enemigos, que son los de la Nación, han encontrado en ese esfuerzo un paralogismo detestable. No hay nada más que argumentar en contra del Estado, de la Democracia, de la Legitimidad, cuando los asesinos peores son “paramilitares”, vale decir, cercanos, de la familia, de los mismos que los militares.

Hemos rechazado siempre la tentativa de humillarnos y desprestigiarnos por ese camino infame. Cada uno de ustedes, distinguidos Generales y Almirantes, sabe en el fondo de su corazón, y lo ha probado en todos los actos de una vida militar, ya vieja de muchos lustros, que nunca recibimos orden, instrucción o insinuación de condescendencia o cooperación con personas armadas de cualquier organización. Y jamás uno de ustedes habrá instruido a un subalterno en ese o parecido sentido. Nuestra lucha no ha tenido distingos, ni nuestros enemigos han admitido categorías, ni nuestras operaciones militares han conocido grados en su intensidad ni diferencias en la valoración de los resultados.

En estos últimos cuatro años, que coinciden con la antigüedad que nos ha dado más altas obligaciones de mando, hemos producido tantas bajas, logrado tantos “prisioneros”, reconquistado tanto territorio, cortado tantas vías de suministro a estas autodefensas ilegales, que no tuvieron alternativa distinta de la entrega de sus armas y la súplica de un perdón colectivo, la promesa de una reparación integral a las víctimas y la demanda de un trato justiciero, por sus desmanes y delitos. No vamos a complicar estas líneas con estadísticas de sobra conocidas, especialmente por ustedes a quienes ellas se deben. Pero las “AUC” entregaron sus armas en señal de vencimiento y no de victoria. Esa es la verdad.

Lo que se viene exponiendo tiene un argumento aún más contundente, por si fuere necesario. Y es que como lo dijimos en el mismo momento en que tomamos posesión de nuestro cargo, el enemigo es el narcoterrorismo. En esa comunicación que dirigimos a ustedes, y que aprovechamos ésta para refrendar en todas sus partes, declarábamos como nuestro gran objetivo militar la derrota del narcotráfico. El descubrimiento y la erradicación de los cultivos, la destrucción de los laboratorios y cristalizaderos, la localización y abatimiento de las aeronaves y de las embarcaciones que sirven al tráfico, la incautación de cementos, combustibles y demás precursores químicos indispensables para la preparación de la pasta y la fabricación del clorhidrato, no son tareas tangenciales o de segundo orden para nuestras Fuerzas. Es nuestro compromiso esencial, equivalente al quiebre de las líneas de suministro del enemigo en un combate regular.

Desde esa perspectiva surge con mayor nitidez el alcance de nuestro deber y el carácter políticamente neutro de nuestra estrategia. Hay que derrotar el narcotráfico, en un conflicto degradado al que no le queda más que el narcotráfico. Por eso no nos hace la menor diferencia, ni nos la puede hacer, la sigla que los mafiosos o colaboradores lleven en sus brazaletes. Lo que no sólo vale para los grupos ya reconocidos, sino para los que lleguen a formarse con ocasión de éste o de aquél proceso de desarme. El poder civil manejará como crea de su deber, las relaciones con quienes depongan sus armas. Mientras las tengan, nosotros los combatiremos implacablemente, porque como actores, cooperantes o beneficiarios de la tragedia de la cocaína, son, como enemigos de la Patria, nuestros irreconciliables adversarios.

Todo lo expuesto vale como antecedente de lo que vendrá, o cuando menos puede venir. Porque no sólo estamos advertidos de lo que pueda suceder, por la muy antigua voluntad de algunos de identificarnos o aproximarnos por cualquier medio con estos delincuentes. Las acusaciones continuas que contra nuestros hombres se hacen, nos obligan a esta saludable prevención.

Pero como si fuera poco, ya han sido muchas las manifestaciones que a propósito de los últimos acontecimientos se han oído para sostener, por ejemplo, que el fenómeno “paramilitar” ha de examinarse a fondo y a la luz de sus ramificaciones en la política, el mundo empresarial, la administración pública y por supuesto, cómo iba a faltar, el estamento militar. Es bien probable que lata en ese empeño el deseo de que no haya inocentes para que tampoco queden culpables. Es una conocida estratagema, que no ha de despreciarse. Pero también, como es obvio, pensará más de uno que manchando al que produce la victoria, se mancha la victoria misma. Nuestro objetivo fue siempre ganar la guerra declarada contra el Pueblo Colombiano por el narcoterrorismo y conquistar la paz, sin destruir nuestro Ejército.

No vamos a descartar la posibilidad de que algunos de nuestros hombres hayan desertado de su ideal y traicionado, con su propio honor, la confianza que el país les dio entregándoles las armas para defenderlo. Cuando escribimos estas líneas, no tenemos conocimiento de un sólo de estos desgraciados casos, que sin vacilación no hayamos remitido a los jueces competentes. En esta materia, son los jueces, y no nosotros, los que despejan dudas. Si alguno de entre ustedes tiene alguna palabra por decir, que la diga de inmediato, sin que importe a quién pudiera afectar. No está entre las obligaciones sagradas de nuestro servicio, ocultar un delito o contemporizar con quien hubiera podido cometerlo. Eso lo sabemos bien, pero no seremos tolerantes con el silencio, que implica no sólo una connivencia imposible con el crimen, sino una cobardía inaceptable en nuestras filas.

Si a pesar de tantos esfuerzos y de tan claras directrices de comportamiento, tan viejas como nuestras carreras mismas, algo llegare a ocurrir, y uno de los soldados de Colombia resultare, por sus actos u omisiones, comprometido en una investigación judicial por cercanía de cualquier género con un grupo criminal, habrá de afrontar el juicio, porque las responsabilidades son individuales en materia penal. Lo que no significa, y esperamos que se nos entienda bien, que abandonemos el deber de exigir, para cualquiera de nuestros hombres, un proceso justo, con una defensa adecuada. Es hora de revisar ciertos preciosos instrumentos de la vida de la milicia, y la Justicia Penal Militar es uno de ellos. Resultaría paradójico, para decirlo con la mayor suavidad posible, que los encargados de la dura tarea de garantizar los derechos de los demás, fueran los que tuvieran menos garantías para atender los propios.

¡Firmeza y Honor!