REFLEXIONES ESTRATÉGICAS MILITARES EN EL CUMPLIMIENTO Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

Mayor General Hernando Ortíz Rodriguez
Magister en Seguridad y Defensa Nacional

Considera la doctrina estadounidense y aquí se complementa, que ganar militarmente en la guerra irregular no significa una rendición que se formalice en una ceremonia a la antigua usanza.

Simplemente y tal vez por ese mismo carácter de irregular, consiste en reducir la amenaza, quitarle margen de maniobra político militar, anular su capacidad, neutralizar su plan estratégico y en hacer sucumbir el accionar terrorista y los factores que alteren la tranquilidad ciudadana y el ejercicio libre de los derechos en su vida, honra y bienes.

Si bien la violencia es de alguna manera endémica y propia de la condición humana, ella no se puede desbordar ni menos tolerar cuando un grupo de personas se asocia, acopia recursos humanos y materiales para alterar la vida en comunidad; ello hace que la violencia, si bien no desaparezca, su presencia no afecte de manera considerable la convivencia de la sociedad.
En esencia y sin prolongarnos mucho hacia el pasado, la “Política de Seguridad ‘Democrática” (PSD) implementada por la administración del presidente Uribe ya hace casi seis años, permite reflexionar sobre la estrategia militar adoptada y desarrollada, que sin duda alguna ha aportado espacios y contribuido significativamente a generar un ambiente seguro, propicio y oportuno, que le permite al Gobierno y al sector de la economía, trabajar por las metas macro y micro económicas que generen desarrollo, prosperidad e inversión con miras a alcanzar las metas sociales que demanda nuestra Carta Magna.

En ese orden y a partir de la Política de Seguridad Democrática, el Gobierno enfatizó el proceso de fortalecimiento de la Fuerza Pública que se había iniciado en la administración de doctor Andrés Pastrana y que apuntó a que entre los años 2002 y 2004 pudiera regresar la policía a los 158 municipios en los que estaba ausente y el Ejército creciera en un 32%. Este propósito demandó un gran esfuerzo económico cuya inversión se puede palpar con el paso del tiempo.

Para algunos analistas, el gasto ha sido infructuoso; por ejemplo, José Fernando Isaza y Diógenes Campo en un escrito denominado “Algunas consideraciones cuantitativas sobre la evolución reciente del conflicto en Colombia” señalan que el gasto en el sector defensa llega al 6.5% del PIB, que la inversión en equipo militar corresponde al 65% del total programado en el presupuesto nacional, mientras tradicionalmente este gasto no superaba el 2% del PIB; este gasto en consecuencia lo consideran inoficioso frente a los resultados alcanzados, en los que hacen una comparación ‘gasto vs combatientes fuera de combate’ sin entrar a comparar cifras sobre generación de empleo, crecimiento económico etc., obtenidos por el Estado como consecuencia del trabajo mancomunado de la Fuerza Pública.

Es conveniente partir de lo que la PSD le asignó a la Fuerza Pública en general y a las FFMM en particular para verificar si a la luz de la estrategia militar se optó por la vía correcta. Lo primero es reflexionar sobre lo que era el país antes del 2002, sin desconocer el esfuerzo del gobierno anterior: teníamos un paagobiado por la acción narcoterrorista de las Farc, el Eln y las Auc agravado el problema por el narcotráfico y la delincuencia, que sumado a la falta de gobernabilidad, ausencia del Estado y de autoridades en muchos sitios del territorio nacional, tenían postrada la economía y la inversión, con fuga de capital humano y material que conducían al país al colapso poco a poco.

Las Farc habían diseñado lo que llamaron en “La séptima conferencia” un Plan Estratégico para la toma del poder que desarrollarían entre los años 1982 y 1993. Con su presencia en Cundinamarca estaban a punto de estrangular el poder político y económico, rodeando a la capital. Hasta 2002 y aún a la fecha, no han modificado este propósito que para esos días cumplían a través del secuestro, la extorsión (recordar las llamadas Leyes 001 y 002 sobre ‘pagos de impuestos’), el narcotráfico, los atentados terroristas, los retenes ilegales o pescas milagrosas, el asesinato, las minas anti persona, el miedo y el cogobierno disputado de manera sangrienta a los narcos llamados paramilitares, ayudados o asesorados en algunas ocasiones por militares inescrupulosos.

Frente a esta realidad, la PSD y posterior Política de Consolidación (PCSD) dispuso el rescate y la recuperación del orden, la gobernabilidad y la respuesta a esa expresión de violencia, la garantía plena de la libertad de los ciudadanos, las condiciones de un territorio libre de amenazas, el fortalecimiento democrático y de seguridad donde quiera que esté amenazado el estado de derecho, que junto a la colaboración ciudadana, garantice el cumplimiento de la Constitución Política.

De allí parte el trabajo de las Fuerzas Militares que teniendo como fundamento la legitimidad, el apoyo popular, el respeto por los derechos humanos y la transparencia, trazó la estrategia materializada en el plan de guerra, planes de campaña, planes de operaciones y planes tácticos según el nivel de mando, coherentes con objetivos claros, que apuntaron a neutralizar en este caso el plan estratégico de las Farc, los planes del Eln y neutralizar el accionar de las Auc y grupos paramilitares, narcotraficantes y la delincuencia, a proteger la infraestructura energética, vial, económica y política de la Nación para lo cual fijó como factores definitivos la sostenibilidad, la continuidad, la contundencia y la simultaneidad.

En este empeño se comenzó a sortear toda suerte de factores influyentes como el crecimiento, la profesionalización, la definición de roles, el fortalecimiento de la inteligencia y la movilidad, el dominio aéreo, fluvial y vial, el regreso a localidades sin Fuerza Pública, la adquisición de material de guerra y equipo que hacían compleja y lenta la tarea.

Para comienzos de la ejecución del PIan Patriota, las Farc busca-ban en cumplimiento de su plan, el dominio de la cordillera Oriental, de centros importantes de producción en el Valle, Antioquia, los Llanos, la región de Urabá, en fin donde hubiera riqueza; tenían bien avanzada su presencia e influencia en Cundina-marca y con los ataques a gran escala de todos conocidos, tratando de dar un salto de la parroquial “guerra de guerrillas” a la guerra de movimiento” y de posiciones, acorde con el modelo chino-vietnamita por ellos adoptado. Fortalecían y consolidaban sus corredores y rutas de apoyo logístico que apuntaban a su primera gran ofensiva sobre Bogotá de un lado y desde y hacia el exterior por Venezuela, Ecuador y Brasil por el otro, que les permitiera sostener la logística y exportar la droga, crucial en el alcance de sus objetivos; crearon e impulsaron estructuras de milicias, que son definitivas en la insurrección, la logística rural y urbana y en el soporte del aparato bélico ya existente así como en el campo Político con el Partido Comunista Clandestino (PACOCLAN); en síntesis, un país descuadernado en lo político y en lo económico, una tierra deprimida, una población atrapada en los centros urbanos y una guerrilla altanera y arrogante con la tácita anuencia internacional.

El mando militar partió de un análisis por áreas que se identificaron y que, ateniéndonos al plan de las Farc, ameritaban una prioridad, dada la amenaza y fue por ello que la ejecución se inició con mayor énfasis y firmeza en Cundinamarca. Sencillamente, se aplicó un trabajo operacional dirigido contra las estructuras terroristas, sus finanzas, sus líneas de comunicación o corredores de movilidad, sus áreas bases y de acumulación, buscando la neutralización desde el centro a la periferia con operaciones contundentes y prolongadas que desconcertaron y desestabilizaron las estructuras logísticas y militares de los grupos terroristas, lográndose la sorpresa estratégica y con ella la posibilidad de neutralizar los planes para la toma del poder.

Mientras en Cundinamarca en donde las Farc casi estrangulaba la capital con el accionar de más de 17 estructuras, las operaciones comenzaron a dar frutos; fueron derrotadas estas estructuras, la tierra volvió a cobrar valor, el campo volvió a producir, el secuestro disminuyó en más del 85%, el turismo se reactivó, la moral ciudadana se recobró, volvió la confianza y por primera vez se consideró factible derrotar el narcoterrorismo. En el resto del país a través del regreso de la policía a los municipios y del programa de “Soldados de mi Pueblo” se fue recuperando la autoridad legítima, la gobernabilidad y el regreso de las autoridades a las regiones aislando la población de la narco insurgencia, mientras las Farc, el Eln y las bandas parami-litares se replegaban en adopción de una acción defensiva estratégica quedándoles, como en efecto ha sucedido, la opción del terrorismo y el regreso a los comien-zos del proceso revolucionario de la guerra de guerrillas para unos y la desmovilización para otros.

Hoy, la tarea está bien adelantada; Las Farc y el Eln están signifi-cativamente golpeados aunque aun no derrotados; por eso las Fuerzas Militares continúan trabajando y el hecho de producir deserciones, capturas y bajas de cabecillas importantes demuestra que la estrategia militar ha sido elegida correctamente, que sus variaciones se adaptan a la necesidad actual con mucha flexibilidad y apunta a la definitiva neutralización de la amenaza. Si bien la retaguardia estratégica de las Farc y del Eln está allende la fronteras, la luz al final del túnel se avizora en el mediano plazo siempre y cuando haya continuidad en la aplicación del poder militar complementado con el aporte integral del resto del Estado en lo social, lo político y económico y con mayor énfasis en lo diplomático.

No hay lugar a dudas que la inversión en seguridad ha sido adecuada, racional y oportuna; su monto, para algunos elevada, precio en vidas y el invaluable sacrificio de los integrantes de la Fuerza Pública y sus familias ha generado prosperidad en el campo, confianza de los inversionistas, reactivación económica, mejoramiento de infraestructura en niveles que han permitido alcanzar metas macro-económicas que evalua-das por los especialistas, son muy importantes para el desarrollo social y que tendrán que comple-mentarse con la depura-ción política para que verdaderamente deje huella hacia el futuro.

La tarea militar en la práctica de la PSD se viene cumpliendo de manera irreversible lo que hace prác-ticamente imposible que las bandas narco terroristas accedan al poder por la fuerza. Si confrontamos los resultados de la estrategia aplicada, se puede evidenciar que se han generado condiciones propicias y esperanzadoras para dejar una patria más grande, amable y respetada a las nuevas generaciones.