Editorial 

Todo pareciera indicar que con paso decidido y perseverante, Colombia transita hacia un futuro promisorio ya no tan lejano, de paz, de tranquilidad ciudadana y de desarrollo sostenido, de la manera que le es común a las naciones del orbe, en un proceso caracterizado por la decisión de una voluntad política, que le dio inició, hace ya un lustro largo.

Los éxitos trascendentales de las operaciones de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional contra las Farc, las frecuentes y numerosas desmovilizaciones, los golpes contundentes a las organizaciones del narcotráfico, las delaciones voluntarias y la disminución de los índices de violencia en la mayoría de sus manifestaciones, nos muestran una dinámica de visos irreversibles que, sostenida en el tiempo a través de una política integral del Estado, nos están garantizando la consolidación de los objetivos nacionales en que se ha empeñado el Gobierno.

Nos afana sin embargo, que al tiempo que se dan tan significativos resultados, la sensación de inseguridad jurídica para los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional se haga cada día más evidente. El juramento de servir a la Patria que hacen los jóvenes cuando ingresan a las Fuerza Militares y a la Policía Nacional, los compromete de manera solemne a servir en el marco de los más caros valores éticos y morales y de subordinación y lealtad; lealtad que  en la vida militar se entiende del subalterno al superior y de este para con su subordinado; pero también sería entendible la de los diferentes estamentos del Estado y  del ciudadano corriente, para quien ha jurado sacrificar la vida, si es el caso, por defenderlos. Nada más desmoralizante que la sensación de indefensión en que, con más frecuencia, van quedando oficiales, suboficiales y soldados, ante la indiferencia de quienes tienen la delicada responsabilidad de asegurarles la protección de sus derechos.

Ante la pérdida de autoridad y autonomía de la Justicia Penal Militar para administrar pronta justicia, lo mínimo que debería hacerse por quienes devengan sustento de esa justicia penal especializada que ha sido relevada de sus funciones, sería mostrar acuciosidad para exigir, a quienes se abrogan la responsabilidad de administrarla, satisfaciendo exigencias de organismos internacionales, es que sea eficaz y oportuna; sin los dejos de arbitrariedad para convertir en reo a quien aún no ha sido vencido en juicio. Y para pedir, siquiera por respeto y prudencia, que las actuaciones se hicieran en instalaciones militares, como es debido en el fuero especial, para evitar la lamentable, ofensiva y denigrante situación en que están siendo colocados generales y coroneles en su mayoría de edad, haciéndolos víctimas de atropellos y el vilipendio de personas, que azuzadas de cierta manera por personas irresponsables que las incitan a la vociferación y a peligrosas aproximaciones con le fin de captar imágenes favorables a su particular interés, lo que suele terminar en agresiones al militar, a sus compañeros de armas, a sus amigos y familiares. Pedimos que así sea, porque a la Justicia tan solo la representan ciega; ¡pero jamás sorda y muda!

Sería de esperar además, que las investigaciones para dirimir la situación jurídica de miembros de la Fuerza Pública por presumibles incriminaciones, recibieran la celeridad que su especial condición de militar amerita, por el mismo bien de la sociedad a quien le interesa tener garantizada la legitimidad de sus servidores. Porque da vergüenza que, miembros en servicio activo que se suponen con ascendencia ante las tropas que han comandado, se vean constreñidos del uso de la libertad por imputaciones de testigos de dudosa reputación que con frecuencia resultan falsas, y que suelen provenir de enemigos agazapados bajo el espectro de las diferentes formas de lucha.

Abogamos por una justicia severa y justa, pronta y oportuna. A los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional les asiste el mismo derecho de igualdad de todos los ciudadanos. Su responsabilidad por las posibles violaciones a ley debe ser dirimida en juicios libres de ataduras, argucias y/o sutilezas de la política. Desde el general hasta el soldado, son ellos garantes del ejercicio de la democracia gracias a su valor y sacrificio; y a la voluntad, por supuesto, de la Constitución y de las leyes.