Política de Derechos Humanos y Derechos Humanos Políticos

Desde tiempos inmemoriales y en el mismo instante de la creación del universo, Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, al bendecirlos les dijo “Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, sojuzgadla y señoread a los peces del mar, las aves de los cielos y a todas las bestias que se muevan sobre la tierra” como aparece en Génesis 1:28; les dio todos los productos animales y vegetales existentes por comida, para garantizarles el derecho a la vida, principal fundamento de la existencia. He aquí el verdadero comienzo, testimonio de la preservación de la humanidad y de sus derechos fundamentales.

Por naturaleza, el hombre y la sociedad en la que vive, preserva, respeta y hace respetar sus derechos fundamentales y las características inherentes, para facilitar su crecimiento y desarrollo en concordancia, proporcionalidad y coherencia con el avance técnico científico que la misma humanidad ha generado. Los líderes o gobernantes, han sido y serán los encargados de armonizar la sociedad y de crear las condiciones favorables para su convivencia, uso de garantías y derechos, dentro del cumplimiento de sus deberes. Esa preservación de la especie y gobernabilidad ha permitido que la tierra en la actualidad cuente con más de 6.500 millones de habitantes, con un incremento de población mayor en los países menos desarrollados. La diferencia entre los estados, radica en sus creencias y en el deseo de salvaguardar sus tradiciones, que deben ser respetadas a pesar de la existencia de un mundo globalizado, en el aspecto económico y político, dependiente de las grandes potencias y de los países desarrollados.

La política de Derechos Humanos, es el bastión fundamental para mantener la humanidad y cumplir con los preceptos del Creador. A través de los siglos ha sido y será la principal gestión de gobernantes y gobernados para mantener la sociedad y mejorar las condiciones de vida de los habitantes, sin distingos ni segregaciones de raza física y social; cultura étnica, lingüística, religión y nacionalidad; posición social, política, económica, ideológica o cognitiva; ni de divergencias históricas, biológicas, identidad o genéticas en los Estados.

La llegada de Jesús, como principal revolucionario, liberador y humanista del mundo, ratificó, aclaró y le dio certeza a las Sagradas Escrituras. Con su revolución hermenéutica profunda, evidenció los errores cometidos por el hombre a través de los tiempos, liberó a la humanidad del pecado, dio salvación eterna y reorientó su rumbo con el sacrificio en la cruz, como ejemplo de amor y de perdón a quienes habían infringido su mandato, para facilitar su redención. Siendo ésta, la expresión clara y objetiva de justicia, perdón, respeto y aplicación sin reservas ni pretensiones de los Derechos Humanos.

A través de la historia los profesionales de las ciencias humanas han sido el ejemplo de respeto por los Derechos Humanos, cuando al obtener el título se comprometen con la sociedad y las leyes de la República, a respetar los derechos y la dignidad humana; particularmente los médicos, quienes por medio del Juramento Hipocrático, consagran su vida al servicio de la humanidad. Los militares y policías juran ante Dios y la Patria, representada en la sociedad, defender el orden constitucional, dentro de un código ético y moral, cumplir con la leyes de la República, hasta entregar la vida si fuere necesario en cumplimiento de su deber.

Al observar el panorama de la situación y aplicación de la política de Derechos Humanos en los Estados, se aprecian algunos aspectos fundamentales: es dependiente del proceso político que se desarrolla; hasta el día de hoy, no se ha definido una relación de valores comunes a toda la humanidad, debido a la diversidad de culturas y religiones; la existencia de políticas internacionales dominantes, trasciende negativamente en los derechos de las naciones y ocasiona subjetivismo por la carencia de identidad; la influencia masiva de los medios de comunicación se aprovecha para desorientar la opinión pública; la existencia de leyes contrarias a la naturaleza y la moral sin base ética, tales como los padres anónimos, el aborto, el matrimonio entre homosexuales y la fertilización artificial, entre otros, deterioran su aplicación y demandan de un compromiso sobre lo fundamental –El Bien Común- dentro de la ley. Estas realidades exigen una continua actualización sin la politización existente.

Varios autores y tratadistas de los Derechos Humanos, han propendido por una política sana en su aplicación, dentro de los cuales sobresalen: el francés Jean Baptiste Poquelin “Moliere” del siglo XVII autor y dramaturgo, por su defensa del derecho a la intimidad; durante esa misma época se aprobó y aplicó el Habeas Corpus, que ofrece garantías constitucionales de la libertad humana. Milton Konvitz, palestino nacionalizado en Estados Unidos del siglo XX, miembro facultativo de la Universidad de Cornell y autoridad en leyes constitucionales, laborales y de Derechos Humanos, por la defensa de los derechos civiles. Actualmente, Janne Haaland Matlary diplomática noruega y profesora de política internacional de la Universidad de Oslo, quien hace énfasis en sus escritos sobre la dignidad humana, la libertad religiosa y la solidaridad nacional e internacional. El papa Benedicto XVI a finales de 2007, quien consideró como un logro el reconocimiento de la Primacía Política y Jurídica de los Derechos Humanos, como una acción ética basada en la ley natural y moral de la humanidad y manifestó que son “La gran verdad sobre la dignidad innata del hombre y los derechos que se derivan de dicha dignidad”.

Las violaciones masivas de los Derechos Humanos, especialmente en el siglo XX, como producto de las guerras mundiales que afectaron la humanidad, hace ver con preocupación la actuación de varios países: Alemania con el régimen Nazi en la década de los 40, evidenciando violaciones a las leyes naturales por parte de quienes eran los represen-tantes del gobierno dictatorial. El lanzamiento de las bombas atómicas por parte de los Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. El Apartheid implantado por Holanda en Sudáfrica en 1948, como uno de los más importantes casos de segregación sucedidos en la historia, que pretendió dividir las razas, para “promover el desarrollo en la Nación”.

El trato inhumano dado por algunos países europeos a los judíos, confinándolos a vivir en huecos en las ciudades y Alemania que buscaba su exterminio. Los palestinos sujetos a campos de refugiados en Israel. La confinación de los indígenas latinoamericanos a vivir en territorios inhóspitos y estériles por parte de algunos países. La segregación racial de los Estados Unidos de los siglos XIX y XX, entre otros, motivaron a la Organización de las Naciones Unidas, creada en 1.945 por 51 países al término de la Segunda Guerra Mundial, para que se aprobara la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” el 10 de diciembre de 1.948.

Al analizar este documento del derecho natural, sus artículos están concebidos a la luz de las Sagradas Escrituras y por ende en su funda-mento, con aportes profundos en la vivencia, aplicación y proclamación del amor de Dios a su pueblo, dentro del respeto mutuo, obedece a los mandamientos de Dios como una expresión humanitaria: así por ejemplo, el primero basado en Génesis, dado que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza con razón y debida conciencia. Continuado, se encuentran en cada uno de ellos similitudes dominantes, debidamente documentadas; hasta terminar en el artículo 29 en el cual existe relación directa con el uso de la libertad dentro de sus deberes y del respeto por los demás, como aparece en Primera de Pedro. La declaración, no ha determinado aspectos novedosos para la humanidad, lo fundamental de la carta es el compromiso que adquieren las naciones firmantes con la promoción del respeto, asegurar el reconocimiento y la aplicación de los Derechos Humanos como “Ideal común por el que todos los pueblos deben esforzarse”, a nivel nacional e internacional.

El 10 de diciembre de 2008, se celebró el sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual están 192 países de los 236 existentes. Algunos de los Estados ausentes lo hacen por razones religiosas y culturales. Se exalta la participación y promoción en la mayoría de los estados pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas, pero por el análisis de algunos evaluadores se observa un “panorama gris” sobre la efectividad en su aplicación. Por tal motivo, la ONU y sus promotores, han decidido tomar medidas para lograr mayor eficacia en sus objetivos, principalmente, en países con conflictos internos e internacionales.

En Colombia, la política de Derechos Humanos, se ha diseñado en forma integral con el Derecho Internacional Humanitario, buscando que sea una actividad espontánea en la labor diaria con criterio de buen gobierno, desde la creación del Estado. A partir de la década de los años 90 se intensificó el trabajo en la difusión y promoción de los DDHH y del DIH en todos los niveles, para mejorar su conocimiento y aplicación. Hoy, existen mayores esfuerzos, para perfeccionar lo que se viene practicando y se cuenta con un documento que enmarca la Política Integral de los DDHH y el DIH con la participación de diferentes organizaciones del Estado, dado que el país vive una situación de desorden público en la que convergen la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico, como factores generadores de violencia y que se deben continuar enfrentando con los medios disponibles, cumpliendo parámetros establecidos en el marco de la ley nacional y de los compromisos internacionales.

El país ha estado comprometido y participa activamente en la aprobación de instrumentos internacionales: protocolos, pactos, declaraciones, convenciones, organizaciones especializadas, intergubernamentales, regionales y mundiales que tienen como objeto la defensa, promoción, respeto y cumplimiento de la normatividad internacional vigente, para eliminar la discriminación, facilitar la autonomía de los pueblos y la tutela de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la humanidad.

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han aplicado con decisión y empeño, los principios y la normatividad vigente en el desarrollo de sus operaciones; se relacionan algunas que lo evidencian y que son de conocimiento nacional e internacional: cientos de hombres armados al margen de la ley capturados o que en medio del combate se han entregado a las tropas y que dentro del debido respeto por su integridad y de los Derechos Humanos, han sido puestos a órdenes de la autoridad competente; ellos son testigos fieles y naturales, del respeto a sus derechos por parte de los miembros de la Fuerza Pública que los han atendido. Acciones humanitarias de parte de nuestras tropas, que durante las operaciones han tenido con sus propios enemigos, como la fue con los sobrevivientes de la “Operación Fénix” del 2008. La nitidez y claridad de sus acciones durante el desarrollo de la “Operación Jaque” a mediados del mismo año. Los secuestrados que han sido rescatados, los soldados que han fallecido en el cumplimiento del deber, los lesionados y discapacitados por las heridas causadas, producto de la violación de sus derechos por parte del enemigo, entre otras. Son evidencias de la dedicación y entrega al cumplimiento del deber y respeto por la condición humana.

Con frecuencia los colombianos, vemos irregularidades por acción u omisión de los representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, quienes de acuerdo a sus propios intereses políticos, utilizan los Derechos Humanos para producir y aplicar normas, inexistentes para la época en que se cometieron los hechos, como es el caso del Palacio de Justicia, ocurrido en 1985, contra quienes en su momento, defendieron la Nación y el Estado de Derecho con actuaciones dentro de la ley vigente y con la aceptación pública de la responsabilidad del Presidente de la República de la época. Esta situación se ha generalizado contra instituciones, ciudadanos del común, políticos prestantes y militares en todos los niveles. Sobresalen los juicios provenientes de demandas en las que están de por medio, algunos enemigos de la Patria, del Gobierno y de la sociedad, en los que se observa claramente la utilización de los Derechos Humanos como una arma política, de quienes forman parte de la guerra contra el Estado colombiano.

Los gobernantes y las Fuerzas Armadas del Estado colombiano no pueden ser indiferentes a las injusticias provocadas por jurados y tribunales, ni a la violación de los Derechos Humanos puesta de manifiesto contra militares y policías de la Nación. Ningún comandante de las instituciones, en cualquier nivel, ha organizado unidades propias ni grupos privados al margen de la ley, para desarrollar operaciones fuera de ella, por el contrario sus actuaciones han sido con los medios y recursos que el Estado tiene para su Defensa y dentro de las misiones propias del cumplimiento del deber constitucional, completamente diferente a otras organizaciones delincuen-ciales.

El Estado colombiano adolece de una defensa institucional de los Derechos Humanos y libertades fundamentales de sus integrantes, quienes ayer, hoy y siempre, han defendido la Nación, ocupando y desempeñando cargos directivos de Gobierno y de comando a nivel militar y policial. No se compadece, que después de cumplir con el deber sagrado de defender a la República y las instituciones legítimas, de exponer la vida dejando a un lado la tranquilidad personal y la seguridad familiar; como ningún otro ciudadano, durante 20 y más años al servicio a la Patria, enfrentando infinidad de riesgos, como se evidencia en el número de militares heridos y asesinados en cumplimiento del deber a través de los años. Lo que le espera al militar o policial en su última etapa de la vida, además de continuar disponible al servicio de la Patria, como la ley lo determina, es tener que enfrentar jurídicamente, de manera personal y aislada a los enemigos de la Patria del ayer, que hoy buscan represalias contra quienes los combatieron en cumplimiento del deber constitucional, aprovechando el ejercicio del poder político, económico o social; sin una acción concreta y decidida de quienes en la actualidad dirigen la institucionalidad del país.

Los soldados de Colombia, defienden con altruismo y dedicación la institucionalidad y las leyes del Estado dentro de la Política de Derechos Humanos, con el anhelo de que exista por lo menos, la reciprocidad en el reconocimiento leal y sincero por parte de los gobernantes, proporcional al sacrificio realizado al servicio de la Patria. Jamás esperan que los intereses particulares primen a los nacionales, ni que alguno de sus superiores se convierta en una amenaza mayor a la que representan los grupos alzados en armas, que combaten la legitimidad del sistema que gobierna el destino de nuestra Nación para destruir la República.