EDITORIAL

La Escuela Superior de Guerra cumple el próximo 8 de mayo, cien años de existencia. La celebración de esta trascendental efeméride tendrá como preludio a los actos conmemorativos, la realización de un Congreso Internacional sobre “Riesgos, Seguridad y Defensa en el Siglo XXI - Derechos y responsabilidades humanas, ética y legitimidad institucional” organizado por ASOCACI, (Asociación de Alumnos de los Cursos CAEM e Integral de Defensa Nacional). Se busca con este evento, trascender por sus alcances, los linderos patrios. “Colombia representa un escenario ideal para reflexionar sobre las manifestaciones de las turbulencias mundiales, sus incidencias en un país como el nuestro y la urgente necesidad de esfuerzos por encontrar nuevos derroteros para el porvenir de la humanidad”. El Congreso será instalado por el Presidente de la República y clausurado por el Ministro de la Defensa Nacional.

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional continúan cumpliendo su misión constitucional. Un sólido trabajo de inteligencia y contundentes operaciones aéreas y terrestres contra las estructuras de las Farc en el páramo de Sumapaz, condujeron a la captura del ‘Negro Antonio’ y la muerte de Arnovis Guevara alias ‘Gaitán’, jefe de la Red Antonio Nariño quien había sido enviado a reorganizar el bloque Oriental en el sur del Departamento del Meta, diezmado por la Fuerza de Tarea Omega.

Ahora, cuando la Fuerza Pública ha conseguido para el Estado el control de la casi totalidad del territorio nacional y se avanza en el proceso de consolidación de esa presencia a través del restablecimiento del ordenamiento jurídico y el desarrollo de programas con alcance económico y social, se hace necesario un direccionamiento decidido y frontal hacia la defensa y protección de los derechos de quienes han dedicado su vida al servicio de las Fuerzas Militares, contribuyendo a la recuperación de la seguridad de los colombianos. Eso significa que el Estado como un todo, debe propiciar una estrategia que contribuya a neutralizar las actividades político - jurídicas de organizaciones no gubernamentales dedicadas a deslegitimar la acción del Estado.

Claro ejemplo de las relaciones de sindicalistas con el grupo terrorista de las Farc, lo ha dado el dirigente sindical de FENSUAGRO capturado por tropas del Ejército en el campamento del “Negro Antonio”. Los antecedentes le quitan toda credibilidad de ser víctima de un secuestro.

El nuevo jefe de las Farc, Alfonso Cano, fiel al postulado de hacer válidas “todas las formas de lucha”, se mueve hábilmente entre las aguas de lo militar y lo político. De allí que con la reciente liberación de unos secuestrados sin aparente contraprestación alguna, se hace evidente su aspiración a reconocimientos de la comunidad internacional. Sólo que las casi simultáneas acciones de sus huestes terroristas, que nada de militares tienen, igual las deslegitiman. Por lo que las oportunas denuncias de tales desafueros ante los organismos internacionales son una obligación de quienes tienen la responsabilidad de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

La crisis económica en la que el mundo globalizado se halla inmerso difícilmente será superada si hacia ese propósito no confluyen con voluntad de cambio, políticos, gobernantes, empresarios y centros de pensamiento. Una visión con prospectiva de quienes tienen el poder de formular directrices a la economía mundial, debe atender las alertas que suelen darse cuando la sana captación de la riqueza de unos tiende a desbordar sus propios límites, en detrimento de la equitativa distribución de los bienes y servicios a los que en una sociedad de libre competencia, todo individuo tiene derecho.

Nos asiste definitivamente la razón en el caso del Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación, firmado 14 de junio de 2006. Así lo confirma el concepto de un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, cuando afirma que vulnera el artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y viola el artículo 83 de la Carta Política. Agrega que es perverso, se parte de la mala fe y es engañoso; todo juiciosamente argumentado. Sirve de sustento a la demanda que, coordinada desde la presidencia de ACORE, se hará ante la Justicia Contenciosa Administrativa. Aspiramos a que pronto se ordene su inaplicación, por ser manifiestamente contrario a la Constitución Nacional.