Un escenario que debemos evitar

¿Quién podría negar los beneficios de la Política de Seguridad Democrática? En mis conferencias y clases en los últimos seis años he manifestado que la política de seguridad del actual gobierno ha generado importantes cambios en la actitud del pueblo colombiano, tanto así que la confianza en todos los sectores ha regresado en buena medida, comenzándose a configurar un círculo virtuoso que parte del reconocimiento de la grandeza de Colombia y la posibilidad de superar las amenazas y agresiones internas. Mirando hacia el futuro podríamos también indicar que nadie se atreverá en los próximos gobiernos a separarse de una agenda de seguridad, cualquiera sea su aproximación.

Pero negar que la política de seguridad, heredada nominalmente de la centroamericana de mediados de los años noventa,2 haya generado y siga causando un sinnúmero de problemas, muchos de ellos relacionados con la falta de un adecuado marco conceptual, estratégico y militar, sería como pretender tapar el sol con el dedo meñique. Ya ni siquiera existe un consenso al interior de las organizaciones de la reserva sobre el tratamiento brindado por el gobierno al ente castrense o militar desde el 7 de agosto del 2002. Son tantas y tan significativas las afrentas de las ramas del poder público y los órganos de control hacia quienes garantizan la seguridad y la defensa, que la desmoralización invade casi todos los niveles militares y policiales, salvo, claro esta, aquellas instancias cercanas al poder político, en donde ya se está “terminando” la guerra.

Quiero brevemente dejar planteadas algunas preocupaciones que desde una academia cercana al sentir de miles de seres humanos que portan constitucionalmente las armas de la patria, se vienen estudiando, porque ellas constituirán el principal escenario de la guerra cuando cesen las hostilidades dentro del conflicto armado de naturaleza no internacional que vive Colombia desde hace más de cuarenta y cinco años. Algunas de las problemáticas aquí advertidas fueron expuestas cuando se estaba diseñando la Política de Seguridad Democrática, pero fueron desatendidas bajo argumentos políticos y estatocentristas, no obstante que Colombia posee un estado social de derecho desde 1991.

Un primer problema es que la política del actual gobierno se centra en la seguridad y defensa del estado, no en la de los seres humanos que habitan el territorio Colombiano. Desde esa perspectiva poco importa el maltrato hacia militares y policías, pues ellos son simples instrumentos para proteger el estado de derecho (no el estado social de derecho), recuperar el territorio nacional, proteger las instituciones, etc. De esta orientación conceptual provienen muchos ataques de ONG´s nacionales e internacionales que asimilan la actual política con la de seguridad nacional.3 Obviamente no se justifican esos ataques políticos y jurídicos de ciertas organizaciones, se critica el estrabismo de quienes con buena fe diseñaron una política, que ha permitido a través de sus fisuras que cientos de nuestros hombres y mujeres estén en las cárceles sin que a nadie le importe nada, o que se hayan establecido “corredores jurídicos y judiciales de movilidad”, incluso dentro del mismo Ministerio de la Defensa.

Esa falta de precisión conceptual mínima llevó lastimosamente a que se pensara sin fundamentación estratégica adecuada que un conflicto irregular se puede enfrentar con una doctrina de guerra convencional. Todavía en nuestras escuelas militares se forman los hombres y mujeres que libran la guerra, como si estuviéramos en una confrontación interestatal. De esa forma se pensó en variables de tiempo, espacio y terreno descontextualizadas de la realidad. Así que preferimos seguir el camino de la cantidad por el de la calidad, y hoy contamos con unas FF.AA. mucho más grandes, pero sin posibilidad de que entiendan los valores y principios sobre los cuales deben trabajar y servir.

Un tercer y grande problema que se deriva del crecimiento indiscriminado del pie de fuerza, proviene de aspectos eminentemente presupuestales con repercusiones directas en el posconflicto. Personalmente le he manifestado a altos funcionarios del Ministerio de la Defensa, a algunos legisladores y miembros del poder judicial, mi preocupación acerca del planteamiento realizado por el documento “visión 2019” del DNP pues indica que al terminar el conflicto armado y entrar en una etapa de transición hacia la paz sostenida, las FF.MM., esencialmente el Ejército, deberán reducir ostensiblemente el número de hombres. Entonces, hoy se incrementa indiscriminadamente el pie de fuerza, bajo la falsa creencia de que el territorio se controla con más hombres en conflictos irregulares; y mañana, ¿Cómo se va desmovilizar ese grande Ejército? Surgen además otras preguntas. ¿Cómo se irán a mantener los sueldos de retiro de los que hoy son oficiales subalternos y de los suboficiales de menor jerarquía? ¿Qué pasará con el sistema de sanidad militar, si incluso hoy ya se encuentra colapsado? ¿Quién pagará las pensiones de invalidez y sobrevivientes? (las autodenominadas Farc, son tan conscientes de este tema, que han eliminado la “metralla” de las minas, para no causar muertes sino lesiones, que incrementan los gastos del estado respecto a los mutilados; además la presión de estos héroes frente al Ministerio de la Defensa y al gobierno, se tornará en insostenible). ¿Cómo desmovilizar y regresar a la sociedad a miles de hombres que sólo saben disparar y que lo han dado todo por la patria y por sus compatriotas?

Ese enfoque terriblemente equivocado desde el punto de vista estratégico en lo militar, ha tenido repercusiones dramáticas en lo operacional y lo táctico. El afán incontrolado por “eliminar” al enemigo bajo un esquema de recuperación del territorio para el estado de derecho, ha generado por lo menos en el Ejército dos vertientes claramente definidas, la de los seguidores (gracias a Dios muy pocos, pero lastimosamente en cargos importantes) del “body count”; y por otro, la vertiente del cambio cultural y generacional, integrada por comandantes soportados en verdaderos valores democráticos, perdidos en algunos de sus compañeros, que reconocen por cultura y no de memoria, que operacionalmente el bien cons-titucional justifica todos los medios siempre y cuando sean legales; que entienden que la norma es una ventaja estratégica; que conocen que el derecho operacional, nunca podría paralizar un Ejército, sino que por el contrario le enseña a actuar con legitimidad.

Pero sin duda alguna el problema más grave que aqueja conceptualmente y en la práctica a las FF.MM., con repercusiones evidentes en el actual momento es el de la negación política del conflicto armado. La tesis política de la actual administración, (aunque en la realidad defendida prácticamente por tres personas en la actualidad; el Presidente, su asesor José Obdulio Gaviria y el “Alto Comisionado para la Paz”) se ha centrado en indicar que con la Seguridad Democrática, ya no hay conflicto;4 que en Colombia existe una amenaza terrorista;5 que los grupos al margen de la ley ya no controlan el territorio;6 que la guerra se gana militarmente;7 que los “narcoguerriterroristas” no tienen ideología alguna.8

Pero en ese contexto llegamos al clímax de la incoherencia; se piden operaciones militares y se presiona por resultados, pero sin un marco político de protección, porque como no hay conflicto, no se puede utilizar el DIH, sino el código penal… Se le indica al militar que debe respetar al pueblo y sus Derechos Humanos, pero algunos militares todavía ven en el pueblo al enemigo; se habla de los derechos y garantías de los demás, pero nadie le enseña al soldado o al policía que él mismo es sujeto de esos derechos inalienables. ¿Quién puede respetar los derechos ajenos sino es capaz de valorar los propios? Como si fuera poco se entrega sin mayor pelea la Justicia Penal Militar, bajo la presión internacional y una genuflexión institucional, que nadie quiere enfrentar con argumentos serios,9 yendo más allá de las especulaciones de esos “defensores de las Fuerzas Armadas”, que incrementan sus voces de protesta en círculos cerrados en donde no existe objetividad, falta la autocrítica y por si fuera poco se sostiene un “autoerotismo intelectual” que hace más daño, porque cuando se trata de escenarios abiertos, simplemente le dan la espalda a esos soldados y policías de la patria que dicen defender.

Y ¿Cuál sería la solución o la salida en este momento crítico por el cual pasan las tropas de tierra, aire y mar? Habrá que decir la verdad, sobre el tema no existe una fórmula mágica, pero me atrevo a pensar, que en buena medida las respuestas pasan por la unión de la reserva activa en torno a los hombres y mujeres que siguen portando el uniforme militar y policial. Me inclino a creer, que se necesita un liderazgo que supere las rencillas, las envidias, los egos y protagonismos. Se necesita de ideólogos militares, porque hace tiempo se perdió el horizonte que muestra con exactitud el por qué se pelea, para qué, y sobre todo por quién. El correr desaforadamente ha impedido momentos de reflexión; al militar se le ha virtualmente “lavado el cerebro” llevándolo al papel extremadamente limitado que cumple dentro de una comunidad, dentro del pueblo y la sociedad; al militar y al policía se le ha “castrado” su pensamiento po-lítico, su posibilidad de deliberar incluso en materia de política militar; al militar y al policía colombiano, por una penetración indebida del poder civil, bajo el sofisma de la civilidad, se le ha compelido a obedecer sin pensar, y eso es terriblemente peligroso en una democracia.

El militar colombiano en uso de retiro, unido al policía, debe fundamentar su lucha en la salvación del pueblo colombiano del que hace también parte, por ello debe organizarse políticamente, porque si las Fuerzas Armadas son parte del patrimonio colombiano y en sus mejores exponentes se sustenta la última retaguardia de los valores y principios que ha perdido la nación, a ellos se debe recurrir para defender a Colombia. Para organizarse políticamente la reserva debe reconocer que no existe acción política sin bases, que esa base es la que permite generar acciones de impacto y de cambio, generando una nueva cultura de la legalidad; que existen miles de reservistas agradecidos, que existen soldados, suboficiales, policías, oficiales, civiles y sus familias, que de corazón creen en que se necesita una verdadera política de seguridad democrática, en donde prime el ser humano sobre el estado y no al revés. Pero como lo fáctico supera siempre lo teórico, si las fuerzas de la reserva y sus familias no son capaces de unirse en torno a sus líderes naturales, deberán buscar un tercero que represente esa fuerza dormida y desaprovechada por años.

No es posible que sigamos callados ante el show mediático de la salida de nuestros queridos militares y policías; tampoco es concebible que se violen las garantías judiciales, entre ellas la del juez natural; no puede ser posible tampoco, que sigamos la creencia de que el “tape, tape” es una solución. Hoy estamos sembrando lo que mañana cosecharemos, y como van las cosas ese es un escenario que a todas luces, debemos todos juntos evitar desde ahora.

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1 Presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho. (ACOFADE). Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. Investigador y consultor en seguridad y defensa. Miembro de RESDAL Y CELTYV.

2http://www.sieca.org.gt/publico/Reuniones_Presidentes/xvii/tratado1.htm

3 Esta doctrina norteamericana extendida por todo el continente americano en la época de la guerra fría, se centraba en la amenaza comunista y en pretender que el pueblo (la masa) era enemigo de las instituciones del estado, por lo cual
la Fuerza Pública debía servir como talanquera para que la revolución no llegará al poder.

4 Así se pretende indicarle a la comunidad internacional que no somos un estado fallido en términos de Fukuyama.

5 De pronto una amenaza contra el estado, porque el pueblo, incluidos sus militares y policías, vienen siendo agredidos desde hace más de cuatro décadas por guerrillas, paras y corruptos.

6 Con tres milicianos las autodenominadas Farc y el Eln hacen fiestas en una cabecera municipal llena de soldados de mi pueblo y de policía)

7Por eso es que nuestros héroes terminan en las cárceles.

8 ¿Será acaso que no han leído los estatutos del PC3, del movimiento bolivariano por una nueva Colombia, los lineamientos del foro de Sao Pablo, las directrices de la coordinadora continental bolivariana, o será que desconocen que estamos rodeados de gobiernos seudo izquierdas populistas? ¿Será que nunca se leyeron a Gramci, a Freire, y obvian que en cada plaza de un pueblo colombiano hay un busto de Bolívar, y que sí no lo hay porque son patriotas y verdaderos seguidores de la Constitución y la ley como el gran Santander, entonces indefectiblemente hay una iglesia… Bolívar, más teología, filosofía y pedagogía de la liberación, más fundamentos marxistas leninistas de odio de clases y lucha por recuperar el poder económico para la “masa” es igual a ideología, ¡ni más ni menos!

9 Salvo la actitud valerosa de la comisión e notables creada por el Ministerio de la Defensa , que renunció en pleno, ante la manipulación a las que se les quería llevar.