El posible Pos-Conflicto para Colombia y las FF.MM.

A pesar de que aún estamos lejos de alcanzar el tan anhelado objetivo de lograr la paz y enfrascarnos en el post-conflicto, es bueno prever algunas consecuencias de esta guerra prolongada y de los beneficios que el gobierno Nacional ofrece y daría a quienes hoy amenazan la estabilidad de la República y la situación de quienes hoy con su vida, mantienen la democracia Colombiana.

Si bien es cierto que en Colombia ha persistido la violencia hace más de cuarenta años y que fruto de ella se han cometido toda clase de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, también es de tener en cuenta que en caso de que esta guerra termine y se cumpla lo que pregona el señor General FREDY PADILLA DE LEÓN, Comandante General de las Fuerzas Militares, de que estamos en el fin del fin, el país se vería enfrentado a una situación diferente y de pronto más compleja de la actual: por una parte, el flujo cesante de quienes hoy delinquen y quienes están acostumbrados a vivir de delito y a conseguir su subsistencia a base del poder intimidatorio de las armas y por otra, aquellos que sin tener el aval de sus cabecillas sigan delinquiendo, sin que se pueda desconocer el futuro de los miembros de las Fuerzas Militares ya sea como Institución, o como miembro individual del esta-mento castrense.

La experiencia hasta ahora vivida en los acuerdos de paz con grupos al margen de la ley ha sido muy contradictoria. Veamos la del EPL que se acogió a las propuestas del Gobierno: sus cabecillas además de haber sido exonerados de los delitos cometidos fueron enviados como embajadores en algunos países Europeos con sueldo diplomático y además con la facilidad para seguir desprestigiando al Gobierno Colom-biano y desde luego a sus Fuerzas Militares. Con el M-19 la situación fue algo diferente: los cabecillas no fueron enviados al exterior pero si les dieron cargos de importancia en el gobierno de turno y hoy en día siguen usufructuando las mieles del poder y desde sus respectivos cargos atacando al Gobierno y a sus instituciones legitimas; como caso ejemplar, vemos que aquellos que atacaron el Palacio de Justicia con el propósito de derrocar al Presidente Belisario Betancourt, hoy desde las curules del Congreso atacan a los soldados que frustraron el cumplimiento del funesto plan y más de unos de esos defensores de la democracia hoy están detenidos, esperando que la justicia, como es lo normal cuando se trata de juzgar Militares, les aplique todo el peso de la ley.

Los post-conflictos en América Latina y en Centroamérica no tienen tinte diferente; los grupos al margen de la ley que cometieron toda clase de atrocidades hoy están ostentando el poder en más de un país y desde luego atacando y destruyendo a todos aquellos que tuvieron el valor de oponerse a sus planes. Lamentablemente ni la Corte Penal Internacional, ni ninguna otra entidad administradora de justicia a nivel mundial le da el calificativo de delito de lesa humanidad o de actos terroristas , o actos violatorios de los Derechos Humanos, o del Derecho Internacional Humanitario a lo cometido por los grupos revolucionarios de izquierda; eso se demuestra fácilmente porque hasta el momento nadie a acusado a Fidel Castro por los delitos cometidos durante su prolongada dictadura, como sí le ocurrió a Augusto Pinochet.

Posibles consecuencias en un post-conflicto para los integrantes de cada una de las partes de esta guerra fraticida.

Gobierno Colombiano

Obligatoriamente tendrá que ceder demasiado en sus pretensiones si quiere alcanzar un acuerdo de paz.

No obtendrá ni confesiones públicas verdaderas, ni entrega total de armas, ni relación verificable de delincuentes en armas.

Tendrá que sacrificar en un índice bastante alto, los recursos del Estado y el bienestar del pueblo para satisfacer las exigencias económicas de los que se acojan a un proceso de paz.

Tendrá que ceder parte del poder, para que los cabecillas de dichos grupos acepten su desmovilización, sin importar si hay una derrota militar; ese ejemplo ya lo tuvimos con el Eln, que estando acorralado y casi acabado, el estamento político lo salvó de la derrota definitiva y hoy sus cabecillas disfrutan del dinero producto de sus actos delictivos en el exterior.

La justicia no podrá seguirles procesos por sus múltiples delitos, ni hacer efectivas órdenes de captura, o hacerles cumplir penas impuestas por diferentes juzgados; tendrán que ser exonerados de todas las imputaciones. Esto se ratifica con la decisión del señor Presidente de la República de nombrar como embajadores de Paz a alias ‘Karina’ quien debe más de doscientos asesinatos y a Olivo Saldaña; sin lugar a dudas, El Choco, Urabá, Risaralda y otros departamentos no podrán olvidar las atrocidades de estos personajes, repito, hoy nombrados embajadores de paz. Sin atrevernos a pronosticar que ‘Martín Sombra’ sea nombrado como embajador de paz , o de pronto, como Director del INPEC.

A los grupos al margen de la ley

Su futuro puede ser oscuro cuando entre en vigencia el tratado con la Corte Penal Internacional, siempre y cuando sus actos delictivos no sean vistos como una forma de hacer política y cataloguen sus delitos como simples actos políticos o como una forma de lucha revolucionaria.

Saldrán muy bien librados quienes se acojan a la ley de Justicia y Paz, los que entreguen un secuestrado y todos aquellos que hagan cualquier acto de contrición, que ante los ojos del Estado merezca un perdón inmediato y sin restricciones.

A los que persistan en su profesión de delincuentes, ya sin la venia de sus cabecillas desmovilizados, se les tratará como delincuentes comunes y su neutralización se le asignará a la Policía Nacional; este trato ya está en vigencia ordenado por el señor Presidente de la República.

A los cabecillas que se entreguen o se acojan a la ley de Justicia y Paz se les podrá enviar a un país en Europa, a Cuba o a cualquier otro que desee colaborar en recibir a estos terroristas.

No faltará quien exija cargos públicos con remuneración personal y con todas las prebendas del Estado y posteriormente sean quienes apunten el dedo acusador contra los miembros de la Fuerza Pública como sucede hoy en día con el M-19.

A la Fuerza Pública en general

Como instituciones se verán disminuidas, casi olvidadas; su presupuesto caerá considerablemente, su capacidad bélica se verá afectada, los efectivos reducidos a su mínima expresión, sus terrenos cedidos para planes de Gobierno o invadidos y si no hay leyes que se respeten, los derechos adquiridos en todos los niveles serán violados por el Estado que tanto defendió.

Al arma de Ingenieros militares si bien le va, podrá ser utilizada para lograr el desarrollo del país en zonas olvidadas y donde el Estado tiene poca presencia. Ya hay varios ejemplos de esta labor, pero la más reciente, la construcción de la vía Arauca -Tame en el departamento de Arauca, vía que desde que empezaron las regalías de la Compañía Petrolera, fue presupuestada año tras año y sólo hasta que se la adjudicaron al Ejército, pudo ser iniciada y concluida.

En forma individual muchos de los integrantes de la Fuerza Pública tendrán que enfrentar cargos por el desempeño de sus funciones, máxime con el nuevo síndrome de los “Falsos Positivos”, con lo cual, todo guerrillero dado de baja en combate será catalogado por sus familiares o por organismos adversos al estamento militar como falso positivo, inducidos por el factor dinero, ya que las demandas no sólo se hacen con el propósito de aplicar justicia sino principalmente, con el fin de obtener jugosas sumas y prebendas del Estado para reparar los posibles daños causados.

No habrá perdón, ni mucho menos olvido para aquellos militares que por acción de la guerra, por omisión o por equivocación involuntaria, se vea envuelto en un caso al margen de la ley; a estos servidores de la Patria, la ley los castigará en forma justa o injusta con todo el peso de la ley y si Colombia no lo hace, la queja se trasladará a la Corte Penal Internacional, donde las sanciones son más drásticas y las reparaciones económicas más onerosas.

En resumen, el post-conflicto traerá algunos beneficios para el pueblo colombiano en general; grandes beneficios para los grupos al margen de la ley que se acojan a la ley de Justicia y Paz o la ley que la reemplace y grandes inconvenientes para los servidores fieles, abnegados y sufridos de la Fuerza Pública.