Existe un por qué conceptual, académico si se quiere, para entender el empeño de la ONU y de la OEA en la pretensión de restituir al ex presidente Manuel Zelaya en Honduras. Se trataría de un comportamiento normal de la mentalidad democrática ante su enemigo, tal como sostiene Jean Francoise Revel en su libro, “Cómo terminan las Democracias”. En la práctica y frente a la misma situación las claves de comprensión de Revel son válidas para entender la conducta de Hugo Chávez y también la actitud de los países del ALBA.

Antes de producirse la particular situación institucional en la que discurre Honduras, el “golpe constitucional” como lo denominan los analistas más conciliadores tanto en la ONU como en la OEA, deberían haber previsto las consecuencias que sobrevendrían al intento de Zelaya de reformar con fines reeleccionistas la constitución del país.

La constitución hondureña no puede ser reformada en cuanto a su alternatividad en el poder, excepto por la vía del golpe de estado. Los llamados “artículos pétreos” impiden que cualquier hondureño ocupe el cargo de presidente dos veces. Es decir, luego de cerrar con llave las puertas a esa posibilidad en la letra de la Constitución, esa llave fue arrojada al fondo del mar.

Democracia golpeada desde adentro

La aplicación de la resolución 1080 en defensa y promoción de la democracia y antecesora de la carta democrática, había hecho evidente que las violaciones de la democracia también podrían darse desde los mismos gobiernos electos democráticamente.

Inexplicablemente los defensores de la carta democrática que leyeron, releyeron y aplicaron el artículo 21 de la referida carta contra Honduras, no tuvieron tiempo para leer el artículo 19. Este artículo establece, que no sólo la ruptura del orden democrático, aceptando en gracia de discusión su existencia en el caso del país centroamericano, sino también la alteración del orden constitucional son, uno y otro, obstáculos insuperables para la participación en las actividades del sistema interamericano. Es decir, ahora los mismos indiferentes actúan con celeridad y severidad sobre las aparentes con-secuencias y no sobre la causa eficiente de los desarrollos posteriores.

Por tres ocasiones las autoridades competentes le habían advertido a Zelaya sobre las consecuencias constitucionales y jurídicas de pretender prolongar su estadía en el poder mediante consulta popular, debiéndose aclarar además que la convocatoria al ejercicio del poder soberano del pueblo le corresponde al congreso hondureño y no al presidente.

Es así como, de entrada, el propio presidente Manuel Zelaya estaba violando el artículo 4 sobre alternatividad obligatoria en el poder y el 373 sobre reforma constitucional, por usurpación de funciones para las que no tenía potestad ni investidura por restricción constitucional.

El presidente Hugo Chávez, inspirador de Zelaya desde antes que éste decidiera el ingreso de Honduras al ALBA, había escuchado de su antiguo mentor el venezolano Luis Michelena, lo siguiente: “Si nosotros postulamos acabar con la propiedad privada, expropiar los medios y decretar el estado socia-lista, eso no tiene viabilidad por otro medio distinto al de la vía violenta”.

Por suerte para el ALBA, las asambleas constituyentes convoca-das en los diferentes países que conforman ese grupo americano, se han convertido en el instrumento ideal para lograr la reelección indefinida, el control de los poderes y del sistema electoral y con ello alcanzar la implementación del que ya no podemos dudar en llamar funesto socialismo del siglo XXI, el cual no es otra cosa que el avance hacia dictaduras de memoria estalinista, utilizando las herramientas que abre y entrega la democracia moderna plena.

No obstante, el presidente Chávez y sus aliados se equivocaron con Honduras, pues el artículo 239 de la constitución hondureña es categórico para quien haya sido presidente del país centroamericano: “El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos”, señala la disposición constitucional del estado centroamericano.

Zelaya anuló su propio mandato

Si lo anterior es así, la ONU, la OEA y la estructura mediática que condenó de  inmediato y fuera de contexto la situación que se precipitó en Honduras el domingo 28 de junio, deben saber que no se le puede dar golpe de Estado a quien cesó ipso facto en el desempeño del cargo, por violación flagrante de los preceptos constitucionales que juró cumplir y desconoció contra toda racionalidad y prevención expresada por los otros poderes constitucionales, en los días anteriores a la salida forzada del ex presidente hondureño de su país.
El irrespeto y desconsideración de tantos organismos internacionales a la Constitución de un país soberano, como lo es Honduras, ha llegado al desconocimiento de la orden de captura expedida por la Fiscalía General de la Nación, con autorización de la Corte Suprema de Justicia y cumplida en la madrugada del domingo 28 de junio por las fuerzas de seguridad del país, como corresponde al caso. En Honduras la inmunidad del presidente no existe desde el año 2002, según el código procesal penal, por tanto su captura no constituye ruptura del orden democrático. Por el contrario, el cumplimiento de la decisión judicial preservó al orden democrático hondureño del desarrollo del delito con el que se pretendía enfrentar al pueblo con su propia Constitución.
 
La expatriación del ex presidente Zelaya por la acción de la fuerza militar y prohibida por la Constitución del país, debe entenderse como la escogencia de entre dos males el menor como principio ético, pero como quiera que sea, ello no se puede entender como golpe de estado.

Regresando a Revel y parafraseando su pensamiento, la manipulación de quienes aspiran a imponer el llamado “socialismo del siglo XXI” por medio de la democracia, sin creer en ella, encuentran prodigiosa la situación en la que ellos, que en verdad aspiran a destruir la institucionalidad de libertad y derechos que genera el ideal democrático, aparecen ante el mundo generando la imagen ficticia de que están luchando por reivindicaciones legítimas en nombre de la democracia.

Al mismo tiempo sus usinas mediáticas, que son las misma del ALBA, construyen en para-lelo la idea generalizada de que quienes realmente quieren defender a la democracia plena son presentados en el ámbito internacional como los artífices de una represión reaccionaria, opuesta a la vigencia de las libertades y el poder popular propios de los sistemas políticos que respetan y promueven la vigencia sin restricciones de la democracia.