Editorial

Histórica reunión del CGA con el Presidente de la República

- Presencia institucional del CGA

- Contrapesos democráticos

Trascendentales situaciones recientes como la intervención del mandatario de Venezuela, Hugo Chávez y gobiernos de otros países de la región en los asuntos internos de Colombia, demandaron del CGA expedir una declaración pública  de respaldo y solidaridad con el presidente Álvaro Uribe en lo referente a la conducción de nuestras relaciones internacionales.

Entre tanto, la intensificación sistemática de la guerra jurídica contra miembros en actividad y en la reserva activa de la Fuerza Pública, atropellando y desconociendo los universales principios del Derecho como los del debido proceso, cosa juzgada, presunción de inocencia,  prescripción, no retroactividad de la ley, y en especial la violación del Fuero Militar y del juez natural, y los procedimientos del CTI y del INPEC para las detenciones, capturas y reclusión en centros carcelarios  para  inculpados y sentenciados, obligaron al CGA, a través de su Consejo Directivo y su Presidente, a plantear al Gobierno su posición objetiva, franca y directa, interpretando y transmitiendo a las más altas instancias del Ejecutivo las repercusiones de la inseguridad jurídica y cómo afectan esas circunstancias la motivación y espíritu de combate  de las Fuerzas Armadas, leal e insustituible componente del poder nacional para  la defensa del orden constitucional y de la exitosa  Política de Seguridad Democrática.

Histórica reunión y afirmación de la presencia institucional del CGA, se realizó en la Casa de Nariño el pasado 17 de septiembre con la reconocida vocería de ex ministros de Defensa Nacional, ex comandantes generales de las Fuerzas Militares y ex comandantes de Fuerza. Temas puntuales se expusieron  ante el presidente Uribe, especialmente en su condición de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República. Acompañaron al mandatario el vicepresidente Francisco Santos, los ministros del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, y de Defensa Nacional, Gabriel Silva, el viceministro de Justicia, Miguel Ceballos y la directora del INPEC, María Moya Suta.

Registramos la actitud receptiva, especialmente del Jefe del Estado y de su Ministro de Defensa, situación que se vio reflejada en las conclusiones del encuentro, de las cuales es necesario destacar, entre otras, la decisión del Ejecutivo de defender y fortalecer el Fuero Militar, en lo que interpretamos como un replanteamiento y una nueva visión frente a la posición que se venía manteniendo hasta el momento por parte del Gobierno, y resultado de los esfuerzos sistemáticos de la Reserva Activa, a través de diversas manifestaciones.

Igualmente, se estableció el compromiso del Gobierno de desistir del trámite del proyecto de Acto Legislativo que traslada en la práctica la dependencia de la Justicia Penal Militar a la jurisdicción ordinaria, y su marcado interés en garantizar la defensa judicial y técnica para los miembros de la Fuerza Pública, dentro de los lineamientos de un plan estratégico en el que está comprometido el Ministro de Defensa Nacional.

Para resaltar también, como resultado del encuentro, la manifestación del Presidente de que sancionará el proyecto del nuevo Código de Justicia Penal Militar para el sistema acusatorio, con el fin de evitar contradicciones entre jurisdicciones dentro de la administración de justicia; y su decisión de construir o adecuar centros de reclusión en diferentes partes del país, algunos dentro de instalaciones militares, y exclusivamente para miembros de la Fuerza Pública.

Estamos ciertos que el CGA y el recientemente activado Comité Interinstitucional de las Organizaciones de la Reserva Activa, nos acompañarán  unidos  en la búsqueda y obtención  de nuestros objetivos institucionales y estatutarios.

Finalmente, parecería que el equilibrio que debe existir entre las Ramas el Poder Público, especialmente los “pesos” de la Judicial sobre la Ejecutiva-Fuerza Pública, y aún con la Legislativa, se encuentra válidamente rechazado y se percibe que no contribuye a la  colaboración armónica para la realización de los fines del Estado, y demanda la revisión patriótica y valerosa de “contrapesos democráticos”.