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En medio de las pasiones políticas que a lo largo del hemisferio había desatado el anuncio de la firma de un tratado militar de cooperación entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, el pasado 30 de octubre, finalmente, se firmó el “Acuerdo Complementario”, cuyo contenido autorizado para su divulgación pública no logró apaciguar las tensiones y declaraciones en el vecindario inmediato de nuestro país. Las reacciones por parte de la sociedad colombiana han sido variadas, pero ninguna motivo de sorpresa.

Se esperaba que, parte de la llamada “oposición política” al gobierno del Presidente Uribe Vélez, se declarara insatisfecha y preocupada, tanto por el contenido reservado del asunto como por la forma legal y administrativa que caracterizó su firma. Obviamente, desde la perspectiva de las FARC, el tema, desde la política y la propaganda insurgentes, se constituye en una oportunidad muy apreciada para recoger, alrededor de un componente decisivo en la identificación de “causalidades políticas nacionalistas”, una nueva proyección de su ofensiva contra el Estado colombiano.

Y no resulta sorprendente registrar y escuchar la aprobación ciudadana a la presencia militar estadounidense, de forma más explícita y abierta, en su vida cotidiana, pues, no cabe duda, durante las últimas décadas, la mayoría de nuestros conciudadanos, sin distinción de “estratos” o “clases sociales”, profesan una profunda y abierta admiración e identidad con el modelo de sociedad y vida de los Estados Unidos. De esta forma, el debate, en realidad, carece del peso político suficiente como para afirmar que no pasa por Colombia . El debate se inscribe, para algunos académicos, intelectuales, dirigentes y Estados, de forma muy puntual, en tradiciones, experiencias centenarias -y más recientes-, que han marcado la visión mutua entre aquel país y América Latina, y entre los gobiernos surgidos en la actual década y la administración republicana de George W. Bush, que sin duda se convirtió en el marco de referencia detonante de la polémica.

En esto no es posible escapar a la valoración generacional del asunto. Los jóvenes de nuestros días, cuyo promedio de edad gira alrededor de los 19 a 23 años, aproximadamente, carecen de referentes históricos sobre el impacto de la hegemonía estadounidense en el resto del hemisferio. Su mundo es el de la postguerra fría, la globalización, la ciber-existencia espoleada por la velocidad de los procesos con el lucro rápido y el consumismo, en el que el entretenimiento ha adquirido un valor sin antecedentes como forma de orden, sentido de pertenencia y regulación sociales, y que ha penetrado, sin obstáculos, todas las manifestaciones de la vida colectiva, incluso la guerra y la violencia de todas las formas y matices.

Por el contrario, para algunos de aquellos ciudadanos que nacimos durante la Guerra Fría y quedamos inscritos de forma voluntaria y consciente, políticamente, en la confrontación ideológica de los “finales de la historia”, no podemos desconocer la trascendencia del asunto y su impacto, inevitable, en un escenario atravesado por rivalidades, tensiones seculares e incertidumbres futuras. Y en esta segunda aproximación, la memoria y la historia deberían tener un peso decisivo en la apreciación del “Acuerdo Complementario”; sin embargo, una vez más, este patrimonio y acumulado intangible ha resultado escaso y anecdótico, casi desapercibido e ignorado para fijar posiciones analíticas y proyectar tendencias y resultados posibles.

Más allá de las declaraciones y discursos, y de la formalidad del texto que contiene ese acuerdo, así como de las estrategias comunicativas del gobierno colombiano por presentar la profundización de estas relaciones como “un asunto de poca novedad y trascendencia política y militar” para la región, ya fuera en boca del Ministro de Relaciones Exteriores, o del Ministro de Defensa Nacional, o del Comandante General de las Fuerzas Militares, o incluso del Embajador de Estados Unidos, creemos que el futuro de las relaciones interamericanas ha adquirido el nuevo rumbo que desde la administración republicana de George W. Bush se le quiso imponer. El actual gobierno estadounidense recibió la preparación y definición del Acuerdo Complementario, lo adoptó como propio, pero no fue su inspirador. En la institucionalidad estadounidense, y más por su complejidad burocrática y presupuestal, gracias a los controles públicos y a la rendición de cuentas que obliga la Constitución y el funcionamiento de la democracia en aquel país, este tipo de negociaciones no se improvisan; el texto es el resultado final de un proceso que, en nuestro parecer, nació con la administración Bush.

¿A esto se referían, en su momento, funcionarios republicanos de alto nivel como Condolezza Rice (Secretaria de Estado), John Negroponte (Jefe del Consejo de Inteligencia Nacional, DNI) y Carlos Gutiérrez (Secretario de Comercio), entre otros, cuando advertían al Congreso de Estados Unidos que el TLC con Colombia era un asunto de seguridad nacional? ¿Para esto se conocieron tantas visitas de altos mandos militares y funcionarios civiles de los Departamentos de Defensa y de Estado, así como del Comando Sur a nuestro país, desde 2004? ¿Sigue la administración Obama la agenda Bush para América Latina, a pesar de todo lo dicho durante los meses transcurridos de este año 2009?

América Latina, resistencias marginales y comodidad mayoritaria: ¿Cuál soledad de Colombia?

El ámbito subregional, frente a la decisión política del gobierno colombiano, no puede reaccionar de forma sorprendente para nosotros. No existe similar proporción en el sentido e impacto de acuerdos militares y de cooperación en materia de defensa, por parte de cualquier país latinoamericano, con el que tiene cualquier acuerdo, tratado, convenio o mecanismo de cooperación militar que involucre a Estados Unidos. No lo tiene si fuera con Reino Unido, Francia y España, o China, incluso. Los tres primeros, a pesar de la supervivencia de agendas políticas nacionales, están sujetos a los lineamientos de la OTAN y de la Unión Europea. En el caso particular del Reino Unido, es un apéndice estadounidense. Solamente la Federación Rusa, y de forma aún no contundente, pudiera alterar el sentido e impacto de un acuerdo militar extra-hemisférico, y no alcanzaría la valoración de tiempos de la Guerra Fría. Hoy no existe amenaza comunista global, a pesar de los discursos de Raúl Castro, Daniel Ortega y, por supuesto, Hugo Chávez.

Para el resto de América Latina, el tema no molesta, y salvo contados casos nacionales, no se percibe como una amenaza a la seguridad e integridad territorial y soberanía de los Estados. Consideremos la situación subregionalmente hablando. En Centroamérica, solamente Nicaragua, por las características de su historia política y la personalidad de su Presidente, tienden “naturalmente” a rechazar dicho acuerdo; Honduras es protagonista casual y de último momento, gracias a la torpeza de sus dirigentes, pero intrascendente, de momento, en el debate. En el Caribe, salvo la excepción obvia de Cuba, y a pesar de PETROCARIBE y ALBA, no hemos reconocido posiciones adversas al acuerdo. En Suramérica, salvo 2 países andinos (Ecuador y Bolivia) y Venezuela, el resto, más allá de las declaraciones formales sobre “identidad latinoamericana”, “unidad de pueblos hermanos” y la retórica política vacía que nos atropella, por momentos, no existen posiciones determinantes ni abiertamente hostiles; de hecho, cada uno va por su lado, explorando, concertando y firmando acuerdos de cooperación en los temas de seguridad y defensa con varios países europeos y asiáticos. De hecho, a ninguno le interesa polemizar ni entrar en contradicción con el gobierno de Estados Unidos.

En el caso de Brasil, el acuerdo colombo-estadounidense debe leerse en otros contextos: el primero de ellos es de carácter interno, y tiene como principal condicionante político el proceso electoral para 2010 y la reafirmación de su apropiación amazónica como ámbito de seguridad y desarrollo nacionales; no requiere más garantías al respecto; el segundo contexto es internacional, en el cual, la dirigencia brasileña aún es titubeante; en la actual tendencia global, transitoria simplemente, de delegar y compartir responsabilidades en la gestión de conflictos subregionales, intervenciones multinacionales localizadas y liderar vocerías y representaciones en el marco de negociaciones económicas en foros multilaterales, Brasil es el mejor socio de Estados Unidos, no una fuente de amenaza; desde hace algunos años, afirmábamos que ambos gobiernos (incluso con Bush) compartían los mismos intereses frente a la problemática interamericana. De hecho, desde hace varias décadas, han actuado en forma concertada. Brasil es más un problema para sus vecinos que para Estados Unidos, en nuestro criterio. Así que cualquier declaración y amago de “rasgado de vestiduras” de su Canciller o de otros funcionarios, incluso del mismo presidente Lula, debe ser entendida en la aproximación que sugerimos.

Paradójicamente, y frente a este panorama de posiciones y alineamientos, Colombia, de momento, no está “sola” como tantas veces se repite, lo cual no quiere decir que esté “acompañada”. Aquello que es estructural en la naturaleza del sistema estadounidense y propio de las relaciones de dominación interamericanas, ha dejado de ser visible, contribuyendo a su desvanecimiento la retórica asfixiante del gobierno venezolano, con el hábil juego del gobierno cubano: Venezuela se ha convertido en el “ariete” de Cuba. Y Colombia debe sacar un mejor provecho de esta relación con el gobierno comunista de la isla.

El efecto, como señalaba anteriormente, paradójico, es en parte contrario y en parte necesario: aislamiento y atrincheramiento, pero no colombianos. Una vez más, las decisiones de los grandes actores políticos no americanos podrían hacer la diferencia, no necesariamente, aún, a través de presencia militar o de proyección militar sobre América Latina, y ésos actores, no son europeos.

El titulo exacto es: “Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América”.

La oposición partidista en nuestro país no es sustancial, carece de autoridad moral en la mayoría de sus voceros y dirigencias, carece de consistencia ideológica y organizacional, y sigue cautiva, como antaño, del oportunismo burocrático y electoral. Por lo tanto, además de la ausencia de peso representativo en el Congreso de la República, sus controversias y denuncias estarán estrictamente enmarcadas en el proceso pre-electoral, y seguramente, durante el primer semestre de 2010, será materia de agenda electoral. Pero nada más. La creciente distancia entre ciudadanos y “políticos profesionales”, profundiza más y más la indiferencia colectiva sobre grandes temas nacionales, y éste no es la excepción.

Queda pendiente el nivel del debate parlamentario en Estados Unidos alrededor del contenido y los alcances del “Acuerdo Complementario”. La agenda de preocupaciones y asuntos urgentes del gobierno estadounidense no pasan, de momento, por América Latina. Al menos, salvo por este asunto militar, en particular, no hay señales en contrario. La importancia del debate, entonces, estará sujeta a algún cambio proveniente del “sur de la frontera”, y tendrá que ser sustancialmente distinto y grave como para no quedar asociado a los componentes habituales de los últimos años en la política interamericana. La importancia, pues, de ese debate, dependerá, por un lado, de variables domésticas, tales como las reformas pendientes, la recuperación económica nacional y las próximas elecciones legislativas en 2010. Y, por otro, del nivel del debate sobre la base estadounidense en Okinawa (próxima visita asiática de Obama), del manejo de la crisis político-militar de Afganistán-Pakistán, el futuro de Irak, las negociaciones con Irán y el desenlace de las tensiones entre la Autoridad Palestina e Israel.

Es decir, aquellos que nacieron alrededor de 1987-1991. El ejemplo más revelador lo encontramos hace pocos días, a propósito de la conmemoración de los 20 años de caída del Muro de Berlín, que tuvo significados y formas de participación generacionalmente distintas, tal y como se pudo constatar en los diferentes especiales preparados por las grandes cadenas globales de televisión y durante la transmisión de la “fiesta” en que quedó convertida el pasado 9 de noviembre.

La primera expresión de esta formación del ciudadano del siglo XXI, esencialmente amoral en lo político y existencial, lo constituyó la transmisión, en directo, para televisión, del bombardeo de Bagdad, en 1991, por parte de la coalición internacional contra el régimen de Sadam Hussein.

Debemos recordar el sendero comunicativo seguido por el Gobierno colombiano en sus primeras ruedas de prensa y declaraciones públicas: confusión, redundancia voluntarista sin evidencias ni testimonios, imprecisión sobre el contenido geográfico, humano y técnico de la presencia estadounidense en las bases colombianas, y cierre de especulaciones por parte del Embajador de Estados Unidos, hábil comunicador para minimizar e invisibilizar todo aquello que suscite rechazo, denuncia y crítica a su gobierno. En otras palabras, siempre quedaron más dudas que certezas, más inquietudes que tranquilidad y, más grave aún, la impresión de que el asunto era más conocido por los funcionarios de aquel país que por los nuestros.