Legalidad Democrática

Transitaremos de la Seguridad Democrática a la Legalidad Democrática. Continuaremos la ofensiva sostenida contra los grupos al margen de la ley. Reforzaremos en especial las labores de inteligencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, de tal manera que se minimicen los costos humanos y financieros y se maximicen los resultados.

Velaremos por una formación profesional a todos los niveles jerárquicos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con especial énfasis en el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y buscaremos la imposición de sanciones ejemplares para quienes los violen.

Le daremos un papel preponderante a la inteligencia en todos sus ámbitos, mejorando significativamente la relación entre la inteligencia y las operaciones. La mejora de ese vínculo y el uso eficiente y efectivo de nuestros recursos en materia de inteligencia es clave para tanto para mejorar nuestros resultados, como para un respeto absoluto a los derechos humanos.

Mantendremos lo que hoy en día existe en materia de justicia penal militar. Claramente las fuerzas militares requieren un fuero especial, por la naturaleza de su actividad, y los peligros que acarrea. La idea de “actos de servicio” será mantenida, seguirá siendo competencia de la justicia militar. Voy a mantener una buena relación entre civiles y militares, impulsaré un sistema de justicia civil fuerte así como uno militar respetado por todos. Toda acción donde ejerzan la fuerza que se realice con los procedimientos propios y legales de las fuerzas militares, respetando los derechos humanos, la constitución y los tratados internacionales serán consideradas como parte de la acción militar, y juzgadas por el fuero especial.

La propuesta de seguridad para Colombia es retomar la experiencia en algunas ciudades que mejoraron la seguridad y la convivencia aplicando el enfoque de:
 

Seguridad democrática y Legalidad, un enfoque complementario

Haré con la ilegalidad lo que el Presidente Uribe hizo con las FARC: arrinconarlas políticamente, dejarlas sin justificación. Las FARC son apenas una de muchas manifestaciones de la ilegalidad en Colombia y ameritan seguir siendo combatidas sin titubeos. Sin embargo, la ilegalidad más dañina e insidiosa es la del narcotráfico.

Las diversas aspiraciones por justicia deben ser encausadas hacia un respeto generalizado a la ley y a los mecanismos legales para procurar justicia. Cuando además hay igualdad ante la ley e igual posibilidad de acceder a la justicia se puede hablar de legalidad democrática. Igual derecho de todos a hacer valer derechos iguales.

El principal problema de Colombia está en la ilegalidad y en la justificación social de esa ilegalidad. Son muchos los comportamientos ilegales; pero son aún más frecuentes los “fue-que-s” con que esos incumplimientos resultan justificados.
La ilegalidad llega a ser vista como fuente de justicia al alcance de cualquiera (Pablo Escobar, con su fortuna y violencia, estuvo convencido y convenció a muchos de estar proporcionando justicia social).

La justicia por mano propia socava el Estado de Derecho igual o más que el terrorismo. De hecho, el terrorismo es apenas una manifestación de la justicia por mano propia particularmente orientada a causar emociones extremas para afectar la confianza de la sociedad en el gobierno, y modificar los comportamientos de ambos. Los terroristas también pretenden estar haciendo justicia.

El Estado de Derecho se plasma en el respeto a la policía y a las fuerzas armadas, la comprensión de su misión y la correspondiente empatía; pero también se debe expresar en admiración y respaldo hacia cada fiscal y cada juez. Respetar la ley ayudaría mucho en Colombia.

Necesitamos más pie de fuerza, mejor policía, justicia acatada, jueces respetados, jueces en los cuales podamos creer. Hay que lograr que la ley sea: comprendida y asumida, que la consciencia le haga reproches a las personas que transgreden la ley, y que haya rechazo social hacía cada trasgresión. Ayudémonos a construir una barrera social contra el narcotráfico y otras formas de ilegalidad. 

De esta manera,  se disuade  al ciudadano de hacer justicia por mano propia y el Estado recupera el monopolio de la justicia, base democrática del monopolio de la fuerza. Podemos ser mucho mejores de lo que hemos sido y seguir construyendo sobre lo construido.