Ante todo, quiero agradecer la oportunidad que me han brindado de exponer mis planteamientos y propuestas. Como primer Ministro de Defensa civil, es todo un honor poder dirigirme al Cuerpo de Generales y Almirantes en la Reserva Activa de las Fuerzas Militares de Colombia y a sus familias, amigos y allegados por medio de esta revista.
           
Cuando fui ministro de Defensa, conocí de cerca y sé cómo funciona la vida de nuestros soldados y policías. Pero no voy a hacer política ni voy a usar los triunfos de nuestros hombres como si fueran mis propios triunfos. Las Fuerzas Militares y la Policía son motivo de respeto y admiración y no de usos publicitarios o políticos en campañas electorales. Nunca lo he hecho y nunca lo haría. Por esto hoy quiero hablar de unos temas álgidos que preocupan a nuestros hombres y expondré algunas de mis posiciones.

El fuero militar es un tema de vital importancia para nuestros hombres. En un país con el conflicto que enfrentamos, este tema ha sido motivo de análisis y en algunos casos de manipulaciones por parte de personas que no entienden la dimensión de la justicia en un conflicto armado.

 Como ministro de Defensa nunca permití que se tocara el fuero militar. Mi propuesta está centrada en que una vez asuma la Presidencia de  Colombia iniciaré una acción de concertación entre las Fuerzas Militares, el Ministerio de Defensa, la Procuraduría General, la Fiscalía, las bancadas en el Congreso, el Cuerpo de Generales, Acore y las organizaciones de suboficiales en retiro para buscar una solución jurídica a este asunto. Debemos regresar a un sistema en el que los hechos cometidos por militares o policías en actos del servicio y POR RAZÓN Y CAUSA DEL MISMO sólo pueden ser conocidos por la Justicia Penal Militar. Reitero que sólo conseguiremos esto por medio de la concertación. Todos los actos por fuera del ejercicio, como falsos positivos y otro tipo de acciones fuera del ejercicio y que violen los derechos humanos deben ser juzgados por la justicia ordinaria. Como Comandante Supremo no abandonaré a nuestros hombres y mujeres.

La Justicia Penal Militar debe ser fortalecida y debe tener independencia de la influencia de los Comandos. Si vamos a recuperar el Fuero, debemos dar muestras de eficiencia y transparencia en la administración de la Justicia Penal Militar. Debemos tener directores, jueces y Fiscales de primer nivel y, sobre todo, necesitamos que sean independientes y honestos. La Cancillería, el Ministerio de Defensa y las embajadas, serán reforzados con personal idóneo para afrontar el problema de las guerras jurídicas y la diplomacia paralela.

Tendremos personal preparado en derechos humanos para que expliquen nuestras políticas. La clave es anticipar y prevenir estos hechos con una buena JPM. En mi opinión, esta es la clave del asunto. La instrucción será el eje de la prevención para que el personal tome conciencia de lo importante que es el respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Otro tema que quiero tocar es el de la paz en nuestro país. Estoy convencido de que la construcción de la paz en Colombia no puede depender exclusivamente de la existencia de diálogos con las organizaciones ilegales. El debate no está ahí. Lo que Colombia necesita es una propuesta de construcción de paz que se centre en el ciudadano. La paz no es asunto de negociación. Construir la paz es una tarea de la sociedad, que pasa por la legitimidad de las instituciones, por el rechazo al crimen y por la forma como se reconoce y apoya a las víctimas del conflicto. La paz es un conjunto de acciones políticas, jurídicas y sociales concretas, cuyo principal beneficiario es el ciudadano. Sólo así será realidad un país sin guerrillas, sin paramilitares y sin crimen organizado. Mi propuesta de paz está basada en tres acciones.

Primero, mantendré la presión contra todas las organizaciones que actúan al margen de la Ley. Para esto, aumentaré el control territorial y la movilidad de las Fuerzas Armadas y haré que fundamenten todas sus acciones en el cumplimiento estricto de los derechos humanos. Adicionalmente, crearé una Guardia Nacional ligada a los departamentos de Policía y que se especialice en garantizar la seguridad rural una vez sean erradicados de una región los grupos armados ilegales. Por otro lado, continuaré la erradicación de los cultivos ilícitos a partir de una política integral que incluye el desarrollo socioeconómico regional y el desmantelamiento de los nuevos grupos de narcotraficantes. Por último, impulsaré una política de seguridad para las ciudades que garantice el derecho a la seguridad de todos los ciudadanos a partir de planes locales liderados por el alcalde y la Policía Nacional, y que cuenten con nuevos métodos de planeación y herramientas de vigilancia de última generación.

Segundo, le daré prioridad a quienes han sufrido el conflicto. Sólo seremos una sociedad viable y estable cuando ejecutemos de manera eficiente una política de Estado que atienda adecuadamente a más de cuatro millones de compatriotas afectados por la violencia. Presentaré al Congreso la Ley de Víctimas que el gobierno de Uribe hundió. Esto estará acompañado de un nuevo Plan Nacional de Rehabilitación que, basado en la participación comunitaria, impulse el desarrollo regional. Este Plan estará basado en cinco ejes de acción: la redistribución de activos y de propiedades hacia los desposeídos, el fortalecimiento de redes sociales, la generación de empleo para impedir las tentaciones de la ilegalidad, la ejecución de obras de infraestructura y la promoción de cadenas productivas.

Tercero, en mi gobierno, la negociación sólo será una opción. La solución negociada dependerá de la iniciativa de los grupos armados y sólo se llevará a cabo si la negociación tiene como objetivo ponerle fin al conflicto armado. Además de esto, sólo permitiré que sea el Gobierno Nacional, y no terceros actores, los que adelantes las negociaciones. Así mismo, sólo permitiré negociaciones si hay un acatamiento a las normas estipuladas en el Derecho Internacional Humanitario y si se da la liberación de todos los secuestrados.

También me gustaría aprovechar el espacio que ustedes me han brindado para presentar mi propuesta de seguridad. A la Seguridad Democrática hay que reconocerle sus logros en el ambiente de seguridad que ha generado mediante la confrontación con las guerrillas, en especial con las Farc. Este aspecto hay que continuarlo introduciéndole ajustes. Debemos mejorar los resultados en derechos humanos y dirigiremos políticamente a las Fuerzas Militares para que puedan salirle adelante a los reacomodamientos estratégicos de las guerrillas y otros grupos ilegales. Así se logrará que la seguridad pase de ser un fin a convertirse en un medio más para la pacificación del país. Como mencioné anteriormente, lo anterior se complementará con la preparación de una Guardia Nacional exclusivamente dedicada a proveer la seguridad y facilitar la convivencia en los municipios rurales de donde, en principio, han sido expulsados lo grupos al margen de la ley.

A pesar de los éxitos de la Seguridad Democrática, creo que el gobierno actual se olvidó de los ciudadanos urbanos. Este es un aspecto que toca cambiar. Los esfuerzos contra la guerrilla han sido muy valiosos, pero la función policial en las ciudades se olvidó y la percepción de seguridad por parte de los ciudadanos es cada vez más negativa. No hay estrategia ni un esfuerzo a nivel nacional para apoyar a los alcaldes ni a la Policía en su tarea constitucional de preservar la paz y la convivencia. Por esto considero fundamental complementar los aspectos positivos de la Seguridad Democrática con una política de Seguridad Ciudadana. Esta política no excluiría a los habitantes de las ciudades e impulsaría una estrategia efectiva para lograr calles tranquilas y barrios seguros.

Primero que todo, estoy convencido de que no hay seguridad sin prevención. Mi propuesta va enfocada a trabajar en las raíces de los factores que producen la inseguridad. Hay que enfrentar la causa de los problemas que están generando mayores muertes, más agresión e intolerancia. Por ejemplo, para la prevención de la violencia intrafamilar, crearé un programa de alto nivel que se realizará con la cooperación de los medios de comunicación y la empresa privada.

Esto debe estar acompañado de un fortalecimiento de los organismos de seguridad de las ciudades. Por lo tanto, propongo que el 30% de los recursos del impuesto al patrimonio sean destinados a la seguridad urbana. Además de esto, la inseguridad se debe atacar con programas pedagógicos para que el nivel de tolerancia de la población civil frente al crimen sea cero, venga de donde venga. Mediante la organización social y al uso de mecanismos de participación ciudadana, promoveremos la resistencia social de rechazo al crimen. Adicionalmente, debemos impulsar un aumento en el número y en el alcance de las Casas de Justicia, que han sido muy exitosas en la resolución de conflictos entre vecinos, compañeros de trabajo, amigos y familiares.

Les agradezco la oportunidad que me han brindado para exponer algunas de mis propuestas. Estoy convencido de que tengo las mejores propuestas para hacer una Colombia justa. Como expliqué en este espacio, la Colombia justa en la que creo, es un país en que los hechos cometidos por militares o policías en actos del servicio sean juzgados por una Justicia Penal Militar fortalecida e independiente y donde nuestra Fuerza Pública tenga las garantías que requieren.