Las Fuerzas Militares de Colombia:

Una política de seguridad humana

Quiero enfocar este artículo en tres temas claves de nuestro programa que son de interés para las Fuerzas Militares y de Policía. Por una parte nuestra concepción de la seguridad y el papel de las Fuerzas Militares en la democracia. En segundo lugar nuestra concepción sobre el flagelo del narcotráfico y en tercer lugar la Justicia Penal Militar con referencia a la Justicia Ordinaria. 

Tenemos que reconocer que la política de Seguridad Democrática ha tenido importantes éxitos, en particular en relación con la presencia de la fuerza pública en el territorio nacional y la acción contra los grupos insurgentes. La modernización de las Fuerzas Armadas y de Policía, la aplicación de nuevas tácticas de guerra y el aumento del presupuesto en defensa han sido fundamentales. Sin embargo persistan prácticas que constituyen  violaciones a los Derechos Humanos e incluso delitos de lesa humanidad, que erosionan de manera grave la legitimidad de la Fuerza Pública.

Por lo tanto partimos de que si bien ha habido una reconfiguración del conflicto armado, este aún no se ha resuelto. La desmovilización de las AUC no significó el desmonte del paramilitarismo, y por lo contrario, hoy pululan nuevas bandas criminales. El Estado, en muchos lugares del país, está en manos de las mafias del narcotráfico y de otra índole. Décadas de la aplicación acrítica de la política antinarcóticos de Estados Unidos no solo no ha logrado ser efectiva en su lucha contra el narcotráfico, sino que ha tenido muchos efectos negativos. El contexto de seguridad ha cambiado y por lo tanto la política de seguridad debe adecuarse a la nueva situación.

En este contexto proponemos una redefinición de la política de seguridad democrática, hacia el desarrollo de una política de seguridad humana en donde el énfasis está en la restitución de las garantías democráticas y el respeto de los derechos humanos. Esto significa que la política de seguridad estará en relación con las políticas sociales que generan legitimidad y confianza en el Estado. Algunas medidas en este respecto son:

Se mantendrá y se expandirá el control militar del territorio mediante operaciones que se realicen dentro del marco de las funciones que la Constitución y los tratados internacionales le asignan a los distintos componentes de la fuerza pública, con escrupuloso respeto de los derechos y libertades fundamentales, y sin que se sustituyan o asuman las competencias de las autoridades civiles. En los Planes de Consolidación del Territorio se hará énfasis en el fortalecimiento de la eficacia del Estado a través de los programas de inversión social y la consolidación del programa de distribución de tierras.

Se creará el Ministerio de la Seguridad Ciudadana, que permita separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa Nacional y constituirla como una institución ciudadana y no militar y permita enfocar sus esfuerzos en las nuevas formas de riesgos a la seguridad como el micro-tráfico de droga, las bandas urbanas y el trato de personas. Esto implica fortalecer el papel preventivo y científico forense de la Policía y su carácter de cuerpo civil armado, tal como se concibe en nuestra constitución.

Se fortalecerá y reestructurará a fondo el sistema de inteligencia, para que cumpla con su propósito constitucional, y no como una herramienta de seguimiento y persecución política, en contra de opositores, dirigentes sociales y defensoras y defensores de los derechos humanos.

Se modificará la doctrina militar y los procesos de formación para garantizar que nunca se vuelvan a producir ni un solo asesinato extrajudicial. Se desarrollará un programa de creación de confianza entre la fuerza pública y los ciudadanos, con el fin de reemplazar las estrategias de red de cooperantes de la sociedad civil, por la realización de encuentro ciudadanos por zonas y por barrios, para crear los Consejos de Seguridad Ciudadana, unida al programa de fortalecimiento de la justicia.

En cuanto a la posición de este gobierno con respecto a la negociación con la guerrilla estaremos siempre abiertos a la negociación alrededor de una agenda única que contemple la finalización definitiva de la guerra. Mientras persista el conflicto armado, el gobierno se compromete con el acatamiento pleno al Derecho Internacional Humanitario, dará todas las garantías para la liberación unilateral de los secuestrados por parte de las guerrillas y propiciará acuerdos humanitarios tendientes a la proscripción del secuestro, el uso de minas anti-personas, la participación de niños y niñas en la guerra, la violencia contra las mujeres y otras infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Colombia debe liderar, tanto a nivel bilateral con Estados Unidos como en los escenarios multilaterales, una evaluación completa, técnica y objetiva, de los resultados y efectos de más de dos décadas de aplicación de la política actual contra las drogas. Este debate mundial debe desarrollarse a partir del concepto de la corresponsabilidad mundial y se debe articular con otros esfuerzos encaminados a revaluar del enfoque actual, como la comisión bi-partidista en el Congreso de los Estados Unidos y la Comisión Cardoso, Gaviria y Zedillo, entre otros.

Igualmente, Colombia debe definir, por primera vez, una política nacional frente al narcotráfico, que responda a los intereses nacionales y que diferencie entre las distintas fases del complejo fenómeno, en el que se privilegie la producción como un tema de reforma agraria, el consumo como uno de salud pública (tratamiento a los adictos) y educación (involucramiento de los jóvenes en la prevención), y que concentre la interdicción y capacidad punitiva del Estado en función de tráfico de drogas y actividades criminales asociadas.

Desmontar el poder local de las mafias y transferir la tierra fértil a la sociedad será el eje de una nueva política antinarcóticos, que implica una justicia fuerte y un proceso de reconciliación regional entre víctimas y victimarios de cara a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas. Se usará la facultad discrecional de extraditar o no hacerlo al ciudadano colombiano de cara al interés general. No se extraditará y se brindarán beneficios judiciales al narcotraficante que deje de serlo, proporcione información eficaz, entregue las tierras fértiles y desmonte el poder local que captó en su actividad ilícita.

Se suspenderán las fumigaciones con glifosato, adicionado con POEA y Cosmoflux, como forma de combatir los cultivos de uso ilícito, método probadamente ineficaz y ambientalmente destructivo. Se construirá una nueva relación con Estados Unidos. La cooperación judicial debe orientarse hacia la consecución plena de la verdad de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el conflicto colombiano. El Plan Colombia debe redireccionarse para profundizar la democracia, la justicia, los derechos humanos, la paz y la reparación de las víctimas, no para continuar la guerra. El reciente acuerdo de cooperación será presentado debidamente a consideración del Congreso de la República, en acatamiento al concepto emitido por el Consejo de Estado.

Por último frente a la Justicia Penal Militar, se han presentado algunos casos de comportamientos de miembros de las fuerzas militares que no sean ajustado a derecho. De ahí, que el Fuero militar no puede desaparecer, pero se debe tener en cuenta, que bajo las actuales condiciones del sistema internacional de los derechos humanos y de la jurisprudencia consolidada por la Corte Constitucional colombiana, los casos de delitos graves, alejados de la concepción constitucional del acto del servicio, en los cuales se involucren como autores o partícipes miembros activos de la Fuerza Pública, deben ser investigados y judicializados por la justicia ordinaria.

Sea este el momento de que las Fuerzas Militares y la Policía sean las aliadas principales en el re-establecimiento del Estado Social de Derecho y un actor clave en la reconciliación de la sociedad colombiana en su conjunto.