MI PROPUESTA DE SEGURIDAD INTEGRAL

I. INTRODUCCIÓN

Quiero dirigirme en este artículo a los colombianos para plantearles por qué creo que soy la persona adecuada para ejercer el cargo de comandante en jefe da las fuerzas armadas. Me dirijo también a los integrantes de la fuerza pública -activos, retirados y de la reserva- como un colega y un amigo.

Desde 1994, en medio de la adversidad, libré las más duras y solitarias batallas por la seguridad democrática que habría de cambiarle la cara, de una vez por todas, al panorama de violencia en Colombia.

Por ello defenderé con pleno derecho y convicción los enormes logros alcanzados por la política de seguridad democrática. El Presidente Uribe hizo posible un país cuyo destino parecía extraviado. Gracias a la incansable y tesonera labor que ha llevado a cabo contra las trampas del terrorismo y sus aliados y los pronósticos de los que habían condenado a Colombia a la muerte, el atraso y la miseria, el Presidente Uribe le devolvió a este país la esperanza, la confianza y el orgullo.

Protegeremos esta herencia y seremos dignos sucesores del ejemplo de liderazgo y entrega, de sacrificio diario en sus innumerables tareas, que nos ha entregado Álvaro Uribe desde que asumió la Presidencia de la República.

Para cumplir esta promesa, profundizaré los gigantescos logros en el campo de la seguridad con base en tres grandes pilares:

1. Me comprometo a continuar, complementar y fortalecer la seguridad democrática. No cederé ni un milímetro en la lucha contra los grupos guerrilleros, las bandas emergentes que quieren revivir la pesadilla del paramilitarismo y las organizaciones criminales que quieren volver a ensangrentar a Colombia para amedrentarla y delinquir a sus anchas.

2. En segundo lugar, daremos el siguiente paso de la seguridad democrática con una presencia efectiva y legítima del Estado en todo el territorio nacional. Extenderemos y profundizaremos la presencia del Estado en todo el territorio nacional, en especial en las zonas más duramente golpeadas por años y años de guerra y en las áreas fronterizas abandonadas por décadas, por medio de una inversión social intensa, eficiente y prolongada.

3. Y, finalmente, implementaré una política nacional de seguridad urbana que permita derrotar la delincuencia común y organizada que victimiza y atemoriza a nuestros ciudadanos.

Estos tres pilares: continuidad y profundización de la seguridad democrática, mayor énfasis en la seguridad ciudadana y una presencia efectiva del Estado a través de la inversión social, constituyen lo que he denominado seguridad integral.

II. FORTALECIMIENTO Y PROFUNDIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA.

Sin un enfoque integral, los logros alcanzados hasta este momento serán insostenibles en el mediano y largo plazo. Sin un verdadero complemento político, económico y social que consolide la presencia y legitimidad del Estado en las zonas recuperadas; sin un plan encaminado a eliminar santuarios y zonas de retaguardia y recuperación, no será posible ganar la guerra de manera definitiva en Colombia.

Así como es necesario darle a la estrategia militar un enfoque más integral, también lo es seguir avanzando en el proceso de reforma militar que se inició en 1998 y que ha permitido alcanzar tantos éxitos. Menciono algunos aspectos relevantes de este proceso: La reforma al servicio militar obligatorio, que se ha debatido y analizado en numerosas ocasiones, debe ser resuelta de una vez por todas. El servicio debe ser prestado, sin distingos de clase social, nivel educativo, origen étnico o regional. Una única lotería nacional, con verificación estricta de una entidad auditora, los medios de comunicación y representantes de la sociedad civil, debe escoger a los llamados a prestar este servicio.

De otra parte, hoy contamos con cerca de 90.000 soldados profesionales y debemos plantearnos la meta de alcanzar los 120.000 en un futuro cercano. Esto permitiría, gradualmente, relevar de labores ofensivas a más soldados regulares. Así mismo, los soldados profesionales deben incorporarse a la carrera profesional de las fuerzas militares como primer grado en el escalafón de suboficiales; de igual manera se debe continuar el proceso de flexibilización para la formación de cuadros de mando, así como pensar seriamente en replantear el esquema de ascensos, que incluya los méritos y no solamente la antigüedad, para los oficiales superiores y generales.

En tercer lugar, vamos a replantear la política de reinserción a la vida civil de los militares retirados del servicio, veteranos, heridos en combate y los que hayan prestado servicio militar. No se entiende que actualmente accedan a más y mejores oportunidades los que combatieron contra el Estado y la democracia que aquellos que la han defendido. Aprovecho esta oportunidad para reiterar las bases de lo que será un gran programa de atención, formación y reintegración a la vida civil de nuestros soldados profesionales. El Estado debe asumir el compromiso de darles una educación que les sirva para adelantar una carrera civil una vez se retiren del servicio. Igualmente importante será establecer convenios con el SENA para que obtengan capacitación técnica y créditos blandos para iniciar un negocio.

El control territorial, fundamental en la estrategia actual, ha avanzado de manera notable. Para consolidarlo, el programa de Soldados e Infantes de mi Pueblo debe ser ampliado a más municipios. Hoy están cubiertos 600 municipios. Al final de mi Gobierno lo estarán 900.

Quiero referirme ahora a la estrategia de fronteras. Históricamente, los colombianos hemos enfrentado los asuntos fronterizos con una visión que se ha caracterizado por concentrarse particularmente en los temas comerciales y la relación de vecindad, que incluye el tratamiento diplomático de los diferendos limítrofes. A partir del inicio de la ofensiva contra el narcotráfico en el marco del Plan Colombia, progresivamente los asuntos fronterizos han empezado a hacer parte de la agenda de seguridad y defensa nacional: hoy se reconoce a las fronteras -en su totalidad- como la retaguardia estratégica y principal fuente de abastecimiento logístico de las organizaciones guerrilleras.

El Estado debe desarrollar una estrategia integral que permita articular la periferia con el centro del país, aumentar la institucionalidad y ofrecer una capacidad productiva real a las comunidades de frontera. El dispositivo de seguridad en las zonas de frontera es actualmente precario, tanto en equipos como en pie de fuerza.

Nuestra estrategia de fronteras se concentra en dos líneas principales de acción:

1. La primera, de seguridad interna, se refiere a la creación de un servicio nacional de fronteras bajo el mando de la Policía Nacional que haga presencia permanente y desarrolle funciones de vigilancia en los lugares más apartados del país. Esta acción debería ayudar en dos objetivos clave: rompimiento de líneas de abastecimiento y quiebre de la movilidad transfronteriza.

2. La segunda requiere del despliegue de un dispositivo militar de defensa externa en toda la franja fronteriza, adecuando las unidades desplegadas a las necesidades de cada sector escogido por el Gobierno Nacional como de alta vulnerabilidad o interés estratégico. En la práctica, esto se traduciría en la disposición de unidades blindadas en el norte del país, vigilancia aérea en la zona selvática y refuerzo de los dispositivos fluviales en la cuenca amazónica.

III. EL SIGUIENTE PASO DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: PRESENCIA EFECTIVA Y LEGÍTIMA DEL ESTADO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Seguridad y justicia social son dos ingredientes infaltables en la receta para sacar adelante a Colombia. Sin seguridad no puede haber progreso social, y sin progreso social no es posible convertir la seguridad en paz estable y duradera. Para consolidar los logros en seguridad es imprescindible fortalecer la inversión social en educación, salud y saneamiento básico en las zonas recuperadas y que por décadas vivieron bajo el yugo opresor de los grupos armados.

Así mismo, resulta urgente dar trámite a la ley de víctimas que lamentablemente naufragó en el proceso legislativo. Debe contemplar esa ley un procedimiento automático y expedito para el regreso de los desplazados a sus parcelas. Quiero declarar también, de manera inequívoca, que como comandante en jefe de las fuerzas armadas dejaré siempre en claro mi más firme rechazo a cualquier acto violatorio de la dignidad e integridad de los colombianos, aun de nuestro más peligroso enemigo.

IV. LA LUCHA CONTRA EL DELITO Y LA SEGURIDAD URBANA.

Es claro que el Estado colombiano, ocupado de combatir las amenazas de orden público y el crimen organizado asociado al narcotráfico, no ha prestado la atención debida a la lucha contra la delincuencia común, que es la que victimiza a la gran mayoría de los ciudadanos.

Debemos poner en práctica estrategias que permitan combatir de manera efectiva todas las manifestaciones de violencia y delincuencia, particularmente aquellas que, como dije anteriormente, afectan a un mayor número de colombianos.

Hoy tenemos una policía con mayor capacidad bélica que muchos ejércitos del mundo, pero con medios básicos para la lucha contra el delito. Tenemos una policía para la guerra más que para la lucha contra la delincuencia común. Tampoco cumple a cabalidad su papel como complemento de la rama judicial, encargada de investigar los delitos para aportar el acervo probatorio que la fiscalía y los jueces requieren para impartir justicia.

Vamos a replantear el esquema de policía: la nueva policía estará especializada, desde el punto de vista operativo y funcional, en dos cuerpos con una estructura, equipamiento, entrenamiento y misión muy diferentes. Uno, que cumplirá tareas afines a la conservación del orden público, y otro, de naturaleza más urbana, encargado de los cuerpos metropolitanos de policía en las áreas urbanas que concentran más de 500.000 habitantes. Así mismo, se crearán comandos municipales para las ciudades de más de 100.000 habitantes y las capitales departamentales.

El elemento fundamental requerido para fortalecer la seguridad ciudadana es el aumento del pie de fuerza. Según datos oficiales, la policía cuenta con 104.000 policías profesionales. Nuestra meta para el próximo cuatrienio es alcanzar 150.000 efectivos profesionales.

Al mismo tiempo, en la medida en que se aumenta el pie de fuerza policial, se debe atender el rezago en la dotación de elementos básicos para el trabajo policial, como radiopatrullas, radios de comunicación y armamento corto moderno.

Muchos se preguntarán si semejante aumento en el pie de fuerza es viable desde el punto de vista fiscal. Un policía adicional cuesta alrededor de 25 millones de pesos anuales, lo que significa que 50.000 costarían alrededor de 1.25 billones de pesos al año, cifra que difícilmente la Nación podría asumir en su totalidad. Por ello resulta imperioso encontrar fuentes alternas de financiamiento.

Las principales ciudades, al igual que departamentos como Antioquia, Valle o Cundinamarca, cuentan con recursos propios para financiar un mayor pie de fuerza policial. De los 50.000 nuevos policías que se requieren, 30.000 serían asumidos por la Nación y destinados a las zonas que los necesiten y que no tengan como financiar de manera autónoma un aumento del pie de fuerza. Los otros 20.000 serían financiados a través de un esquema mixto entre los entes territoriales que los requieran.

Como complemento fundamental a las reformas y fortalecimiento de la policía y demás instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, se deben implementar una serie de reformas al sistema judicial, penal y carcelario. Se requiere un aparato carcelario y penitenciario que garantice que los delincuentes sean puestos
a buen recaudo, solucionando la hacinación y evitando que se siga delinquiendo desde la cárcel. De lo contrario será muy difícil lograr resultados de fondo en el campo de la seguridad.

V. CONCLUSIÓN.

A lo largo de los años, he acumulado en este campo una experiencia que, lo digo con orgullo, me ha llenado de conocimientos y obligado a seguir de cerca los problemas de nuestra Fuerzas Pública.

En mi condición de teniente de la reserva del ejército nacional, he sido honrado con más de una decena de condecoraciones. Fui autor del acto legislativo que restituyó el fuero militar en 1995. Continuaré defendiendo el fuero militar y la competencia de la Justicia Penal Militar para conocer los delitos relacionados con actos del servicio.

Redacté el estatuto de las fuerzas militares, el estatuto del soldado profesional, el estatuto de armas y el estatuto antiterrorista. Fui el autor de la ley que busca crear el servicio de defensoría penal militar para defender a los militares acusados de delitos en actos del servicio y de la ley que permitió el ascenso de los militares y policías secuestrados. Seguiré luchando para defender a los militares acusados injustamente. De lo contrario sabemos que la moral de la tropa se verá duramente afectada al ver que lo que no logran los violentos en el campo de batalla, lo logran a través de los estrados judiciales y de la presión política

Acompañado por muy pocos congresistas, libré una batalla solitaria para persuadir a la Nación colombiana de enfrentar a los violentos sin vacilación alguna y soné las alarmas sobre la carrera armamentista desatada por el gobierno de Hugo Chávez. También denuncié los abusos que las FARC estaban cometiendo en el territorio del Caguán. Investigué, develé e informé lo que ocurría y advertí cómo esa parte del territorio no estaba destinada a servir a la paz, sino a los más oscuros propósitos del narcotráfico, el secuestro y la extorsión.

Termino con lo siguiente: seguir avanzando en el campo de la seguridad y consolidar los enormes logros alcanzados por el Presidente Uribe no es incompatible con propiciar una profunda transformación social, que garantice la salud, la educación y los servicios básicos para que hasta el más humilde de los colombianos tenga una oportunidad de salir adelante.

No hay seguridad completa si las grandes masas de colombianos que viven en la pobreza no consiguen una sustancial mejora de sus condiciones de vida. Y esa sustancial mejora es imposible sin los niveles mínimos de seguridad que garantizan la inversión productiva y generan empleo digno y estable.

Por eso, con el respaldo de la inmensa mayoría de los colombianos que, desde un amplio centro democrático, les dicen no a los extremos, a los radicalismos ciegos, a la polarización y a la crispación, trabajaremos por la construcción de consensos que sirvan para dejar atrás, de una vez por todas, la violencia y el atraso en Colombia.