El pasado 10 de junio, convocados por el presidente del CGA, general Rafael Samudio Molina, se reunieron en la sede de la División Córdova, por gentil acogida del general Hernán José Guzmán, los presidentes y directivos de las principales organizaciones de la Reserva Activa, para analizar la grave situación originada por decisiones de la justicia colombiana que afectan a miembros de la Fuerza Pública, entre otras circunstancias.

Como resultado del encuentro, dirigido y coordinado por el general Samudio Molina, los asistentes redactaron y expidieron un manifiesto a la opinión pública que fue entregado y divulgado a través de los medios de prensa colombianos, que en su gran mayoría se hicieron presentes en la División Córdova, convocados, a solicitud del presidente del CGA, por la Asesoría de Comunicaciones de la Corporación.

Por su especial trascendencia, publicamos a continuación el texto del manifiesto:

Bogotá, Junio 10 de 2010
 
Los miembros de la Reserva Activa de la Fuerza Pública, oficiales, suboficiales, soldados y agentes de policía que agrupan a cerca de millón y medio de afiliados, quienes  hemos consagrado nuestras vidas al servicio del país, respetuosos como lo hemos sido del acatamiento de los preceptos constitucionales y conscientes de los deberes que nos impone el Estado Social de Derecho, profundamente indignados y sorprendidos por los efectos emanados del fallo que acaba de producir un juzgado especializado:
 
DECLARAMOS A LA NACIÓN COLOMBIANA

1. Que ello constituye un atropello jurídico que lesiona a un soldado de Colombia. Un soldado como Alfonso Plazas Vega, inocente, íntegro, cumplidor leal de su deber, justo y recto, no puede ser condenado. El coronel Plazas Vega es un ciudadano que amó su profesión, místico por excelencia, que hizo gala de honradez profesional e intachable conducta durante su vida militar; un hombre probo formado en la fe cristiana, ejemplo para amigos y subalternos.

2. Que la condena injusta proferida no es una condena contra el coronel Plazas Vega sino contra la Fuerza Pública representada en el alma de soldados y policías. La providencia no es en Derecho, reafirma la inseguridad jurídica, la justicia selectiva, compulsa copias y reapertura de investigaciones falladas con sentencias ejecutoriadas, desconociendo el principio de cosa juzgada. Causa perplejidad el silencio o la ausencia de procedimientos en contra de los verdaderos autores criminales, integrantes del M-19, por los delitos de lesa humanidad, amnistiados por una ley violatoria de nuestro ordenamiento jurídico.

3. Que desde su llamado a juicio, se sintieron los pasos descomedidos dados por una Fiscalía desenfrenada y vengativa, que se propuso, inclusive empleando testigos falsos, que otras organizaciones interesadas en acusar a militares de alto rango, les conseguían en las oscuras mazmorras a donde sus reiterados crímenes les habían conducido.

4. Que se fueron recogiendo testigos de dudosa reputación   seducidos por rebajas de penas o propinas siniestras para declarar todo aquello que les indicaban y sustentar unas acusaciones a todas luces falsas e impropias de una verdadera justicia. Se necesitaba condenar y se hizo dentro de un proceso espectáculo, tanto en la etapa de investigación como en la del juicio.

5. Que en contra del oficial condenado, no existe una sola prueba vinculante con la desaparición de personas, pero éste, en especial, requería culpables. Al coronel Plazas se le ha castigado para saciar el apetito de organizaciones y abogados, dedicados a un negocio lucrativo y de paso tomar venganza contra miembros de la Fuerza Pública.

6. Que se requiere reformar normas constitucionales y legales que restablezcan el equilibrio y armonización de las ramas del poder público. La sentencia indigna a la institución armada y arriesga el deber que tiene de defender el orden constitucional.  En reconocimiento y homenaje a los hombres que defendieron nuestra democracia, demandamos que el gobierno  y los mandos de las Fuerza Pública, califiquen y asuman como “asuntos de Estado” los actos de gobierno dispuestos por un Presidente de la República y ejecutados por los mandos y tropas.

7. Que aflora una vez más ese viejo resentimiento visceral que recorre Latinoamérica, proveniente de grupos armados ilegales y organizaciones de extrema izquierda, vinculadas al narcotráfico y al terrorismo. No solo se hace daño con las armas, existen otras herramientas letales que dejan aun más profundas cicatrices.

8. Que nunca antes la Fuerza Pública colombiana había estado tan vulnerable e indefensa, sin fuero y sin garantías procesales, pues los mismos gobiernos con el ánimo de parecer imparciales han propiciado el desmonte de la justicia penal militar, tan necesaria en un país ideologizado y sesgado por el odio y la venganza.

9. Que paradójicamente se nos llama héroes para motivarnos, pero con gran facilidad pasamos a ser villanos. Ya es hora que los colombianos de bien nos manifiesten su respaldo, aunque esperamos confiados en que la justicia colombiana vuelva por sus fueros en las siguientes instancias.

Suscribieron el manifiesto el CGA y otras organizaciones de la reserva activa y unidades simbólicas.