En este espacio de opinión, quiero hacer una profunda reflexión sobre la seguridad jurídica de los militares y policías en Colombia. Vale preguntarnos, ¿qué pasó con la justicia penal y el fuero militar? Si están consignados en la Carta Política, ¿por qué no se aplican integralmente? Además, ¿quiénes son los responsables de su pérdida o debilitamiento? Es alarmante que esta inseguridad jurídica se haya agudizado durante la Seguridad Democrática y cuando la Fuerza Pública ha logrado inigualables resultados operacionales sobre los actores violentos.

Parece que la tesis de la inseguridad de la seguridad hiciera carrera, mientras la justicia política es magnánima para indultar a los violentos, y la sociedad es generosa para brindar-les espacios donde participan de un pluralismo político civilizado sin armas y sin terrorismo, y hasta les permite fungir de gobernantes, políticos y aspirantes a la primera Magistratura de la Nación.

En contraste, los militares y policías que defendieron la institucionalidad en la toma del Palacio de Justicia y fueron vitoreados como héroes, tal es el caso del coronel Alfonso Plazas Vega, hoy sin recato alguno, son declarados villanos y les imponen disimuladas cadenas perpetuas.

Defender el orden constitucional ante agresiones desestabilizadoras y terroristas, no es un delito, es un honor y ejemplo para las generaciones futuras de colombianos. De ahí que sienta dolor de Patria frente a la indiferencia, desidia, sesgo ideológico y perversidad que manifiestan quienes hacen parte de esta insensata guerra jurídica.

No pretendo atacar el proceso de amnistía del M-19, único grupo responsable del ataque al Palacio de Justicia y cuyos dirigentes han debido pagar con prisión el exceso de barbarie y la pérdida de vidas valiosas. Aunque los legisladores de la época debieron tener razones válidas para conceder la amnistía, hoy quiero pedir equilibrio y garantías plenas de una justicia justa, no injusta , para los miembros de la Fuerza Pública.

Si la Justicia Penal Militar tiene debilidades que no fueron corregidas a tiempo, el camino no era casi acabar y postrarla, sino encontrar la forma de reestructurar y fortalecerla. No es tarde para tomar acciones en ese sentido, y responder a la demanda legítima de soldados y policías que a riesgo de sus propias vidas, defienden el orden constitucional. Nadie pide impunidad. Es obvio que se debe cumplir la misión institucional, acatando y respetando el marco legal correspondiente.

¿Quiénes serán los próximos? Quizás, Arias, Ramírez, Sánchez, Betancur. Parece que el objetivo de esta guerra jurídica, es la Seguridad Democrática, mientras los actores violentos permanecen al acecho para dar un nuevo zarpazo a la tranquilidad ciudadana, recuperar fuerzas y mirar con alborozo nuestra débil unidad nacional y nuestra escasa voluntad para construir un Acuerdo o Ley de Punto Final que cierre las heridas producidas por este conflicto irracional, y abra caminos de esperanzas y de reconciliación nacional.

PAUSA UNO . Señor Petro: usted es la persona menos indicada para darnos lecciones de superioridad moral o para sindicar a los Generales de desarrollar una guerra sucia. Más bien, cuénteles a los colombianos la verdadera historia del M-19. Su verdad judicial fue mínima y para colmo de males, no fue sancionada por los jueces de la República.