La justicia y la verdad
Verdadera

Muchas cosas por decir sobre lo que sucede con la verdad y la justicia. Y aunque el tema lo aborden los medios de comunicación en su momento y asimismo vaya pasando el tiempo, es necesario enfatizarlas, por redundante que parezcan, pues para la consecución de la paz y la seguridad ciudadana tienen especial significado y porque hemos de asegurarnos de que hagan parte del acervo de nuestra realidad nacional.

Acertado el Ministro de Defensa en el debate de finales de agosto convocado por el Polo en la Cámara de Representantes, por el caso de la imaginaria fosa común en el cementerio de la Macarena. Luego de escuchar los argumentos de los dueños de tales afirmaciones, el ministro Rodrigo Rivera, al iniciar su intervención, hizo énfasis en la necesidad de que Colombia conozca la “verdad verdadera” y no la historia interesada de quienes construyen escenarios que resultan burdos montajes para deslegitimar al Estado, presionar en los tribunales internacionales y buscar resarcimientos que desbordan la justa verdad y ponen en cuestionamiento el esfuerzo del Gobierno porque la lucha contra los violentos se vea enmarcada en un escenario de respeto a los Derechos Humanos y el DIH.

Quienes seguimos el debate por la televisión vimos quedar al desnudo la perversidad del representante Iván Cepeda y sus amigos del Polo. Jamás ha existido en aquel lugar, una fosa común de 2.000 víctimas; allí reposan los restos de personas sin identificar en 464 tumbas individualizadas y juiciosamente numeradas. El viejo celador del cementerio desvirtuó tal despropósito; y lo ruin y vergonzoso se puso en evidencia: el indebido uso de la fotografía de una fosa común en Srebrenica, Bosnia, para ilustrar la denuncia de la mentada fosa común en La Macarena. Guerra sucia de personajes resentidos que en vez de la verdad verdadera, buscan venganza y obran, por cierto, con el mismo cejo de la senadora Piedad Córdoba, que con frecuencia 'suele distorsionar deliberadamente la verdad' y es proclive, premeditadamente, a caer en exabruptos como cuando afirma en la Unión Europea que “Colombia es una fosa común”.

·           Hizo bien el Ministro de Defensa en pedirle a la Fiscalía General de la Nación y a la Justicia Ordinaria en general, asegurarse de que los casos llamados 'falsos positivos' se resuelvan prontamente, ojalá en el plazo de un año. Culpables unos, inocentes otros, establecerlo debe ser prioridad de los jueces para que cese ese manto de duda que se cierne en el diario compromiso de las Fuerzas Militares. Acciones aisladas lamentables y no seguramente todas, de algunos militares descarriados, que no corresponden al espíritu altruista de los servidores de la patria. Prolongar indefinidamente los fallos o permitir su prescripción, en nada contribuye a la paz y a la concordia, ni al conocimiento de la legítima verdad. Estar presenciando grupos de oficiales, sub-oficiales y soldados, silenciosos e inermes señalados de actos delictuosos en los medios de comunicación, mantiene latente la percepción de que los miembros del Fuerza Pública están actuando al margen de la ley.

La decisión de enviar a la justicia ordinaria lo que debiera ser juzgado por una justicia especializada, no garantiza per se, la eficacia de la justicia, que además de justa debe ser pronta y oportuna y está visto que de esto, la ordinaria, en poco y nada se caracteriza.

·           "Seguridad Jurídica para el combatiente" es un requisito sine qua non para contar con la lealtad y mejor disposición de la tropa hacia el combate. Nada puede desestimular  más el espíritu de cuerpo  de quienes tienen el deber de defender el orden y garantizar la seguridad ciudadana, que la incertidumbre de no saber a lo que pueden verse avocados después de una escaramuza o un combate en donde se producen bajas enemigas. ¿Qué se puede esperar de una justicia carente del conocimiento necesario para juzgar acciones propias de la institución castrense, cuando su cabeza, la que debe garantizar esa seguridad jurídica, califica de 'Homicidio en Combate' el resultado de un enfrentamiento armado? Un calificativo de tal naturaleza afecta la moral y el espíritu de cuerpo del más curtido combatiente.

“Homicidio en combate” desfigura en el lenguaje universal, las acciones militares. Baja en combate o caído en acción son términos militares que definen exactamente el resultado de un enfrentamiento armado con el enemigo en el marco de una Orden de Operaciones. En el diccionario enciclopédico 'Espasa' se define el homicidio como: 1. “Muerte de una persona causada por otra. 2. Por lo común, la ejecutada ilegalmente con violencia”. Del 'Magister P.B.U'. Consultor didáctico: “Delito que consiste en causarle la muerte a una persona. Los códigos contemplan homicidios agravados o atenuados, en virtud de la concurrencia de determinadas circunstancias objetivas o subjetivas”. Lo que en definitiva nos permite tener la convicción de que homicidio no es nada diferente a asesinato. Sus sinónimos: crimen, homicidio, delito, atentado, violencia, magnicidio.

¿De dónde saca doña Aurora Ramírez de Araoz, Directora ejecutiva de Justicia Penal Militar lo de homicidio en combate? Si no es una innovación non santa con el fin de sugerir un marco diferente a lo que en el argot militar históricamente está claramente definido, ¿con el beneplácito de quién lo hizo? ¿A qué soldado se le ocurrirá entablar combate cuando en la posibilidad de quedar vivo y a lo mejor mutilado, al resultado de su confrontación se le denomine homicidio en combate? ¡Dios salve a Colombia y tenga piedad con los ejércitos de homicidas en combate!

Hago referencia a la destitución de la  Fiscal  Ángela María Buitrago Ruíz, con la cita de dos columnas que circulan por Internet: La primera: “Se derrumba el Muro de Berlín en la Fiscalía”. Por Ricardo Puentes Melo del 6 de septiembre: “A la Fiscal de Hierro, Ángela María Buitrago Ruíz, la tumbó el descubrimiento que hizo Periodismo Sin Fronteras respecto a la verdadera identidad de René Guarín Cortés, un secuestrador terrorista y guerrillero que mantiene una estrecha amistad con la señora Buitrago y con la tristemente célebre juez María Estela Jara Gutiérrez, amistad que les sirvió para cometer prevaricato en el caso infame que le montaron al coronel Plazas Vega con los dólares y los oficios -claro que sí- del colectivo de Abogados José Alvear Restrepo que -sospechamos- es el brazo jurídico de la guerrilla”. La segunda: ¡Una máscara ha caído! Del 4 de septiembre. Por Colombian News: “Quienes firman la protesta solo representan una ínfima minoría de las familias víctimas de violaciones a los derechos humanos. En la lista no hay una sola persona, ni una sola ONG (de las que firman), que se haya preocupado jamás por los miles de muertos, heridos, mutilados y arruinados que han dejado los ataques del narco terrorismo en Colombia”  “Tal protesta es la prueba definitiva de que la gestión que adelantaba la fiscal destituida contaba con el apoyo directo del Partido Comunista Colombiano”. Esas ONG piden la “restitución inmediata al cargo” y exigen que “continúe al frente de los procesos que ella instruía”. Sí: los procesos contra los militares, cuyas condenas las garantiza, la calidad de sus testigos.

¡Solo la verdad verdadera nos hará libres, señores de la justicia!