Han pasado cuatro meses desde que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos asumió el compromiso de fortalecer el trabajo arduo, constante y contundente que diariamente realiza la Fuerza Pública para garantizar la defensa de nuestros derechos y la soberanía de la patria, con un profesionalismo y eficacia que son reconocidos y admirados por la inmensa mayoría de nuestros compatriotas y por la comunidad internacional.

Este trabajo eficaz ha sido demostrado a través de operaciones contundentes como Sodoma; Fortaleza II y Cuenca del Pacífico, con las que hemos neutralizado peligrosos focos del narcoterrorismo, mientras que en otros frentes hemos reducido los índices de criminalidad en las diferentes ciudades del país.

Los avances de nuestra Fuerza Pública evidencian la eficacia de la Política de Seguridad Demo-crática, pero también nos muestran que no podemos bajar la guardia ni dejarnos llevar por el triunfalismo, pues sabemos muy bien que la tarea no está terminada. 

La seguridad sigue siendo una prioridad central para los colombianos, y conscientes de eso hemos iniciado el tránsito de la seguridad democrática a una nueva etapa denominada “Seguridad para la Prosperidad”.

El presidente Juan Manuel Santos está liderando los esfuerzos del Gobierno por sacar adelante cinco “locomotoras” que van a generar un proceso de crecimiento económico, desarrollo social, paz y prosperidad, cada una vinculada a diferentes “vagones” tendientes a propiciar los niveles de bienestar y de empleo que anhelamos para toda la población.

Esas locomotoras solamente pueden avanzar sobre rieles firmes, y el riel indispensable para que avance esa prosperidad es una política adecuada de seguridad y defensa que aprenda de las lecciones del pasado, que se modernice, que tenga cada vez más fortaleza y contundencia, con mayor eficacia y legitimidad, y en la que nos vamos a concentrar con todo nuestro entusiasmo hasta el final de la presente administración.

Para ello, hemos iniciado el diseño y la implementación de una serie de medidas con las que pretendemos poner en marcha importantes prioridades estratégicas que nos permitan consolidar la Seguridad Democrática, para garantizar el no retorno de la violencia, la desarticulación de los grupos al margen de la ley -con énfasis en la desmovilización y prevención del reclutamiento forzado- y la recuperación de la seguridad ciudadana.

Buscamos que los procesos de consolidación sean irreversibles y que estén acompañados, con un fuerte liderazgo presidencial, por distintas agencias del Estado que no necesariamente han estado vinculadas a una perspectiva de seguridad, pero que en el proceso de la consolidación juegan un papel superlativo para garantizar la presencia del Estado de Derecho y de condiciones que nos permitan  producir, educarnos y generar un nuevo avance en las dinámicas de seguridad hacia la posteridad.

El objetivo central aquí es garantizar las condiciones de seguridad indispensables para la prosperidad y que el Estado de Derecho impere en todo el territorio nacional. La seguridad es un presupuesto indispensable para la prosperidad.

La consolidación tiene cinco campos de acción para la Fuerza Pública, consistentes en la lucha contra el terrorismo, las bandas criminales y el narcotráfico, así como el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la seguridad fronteriza.

Es prioridad lograr que el terrorismo deje de ser una  amenaza a la seguridad nacional, entendiendo que esta actividad criminal tiene una dimensión multifacética que nos obliga a comprender la necesidad de integrar todos los esfuerzos militares, policiales, políticos, diplomáticos, económicos e internacionales, para doblegar la amenaza terrorista.

También seguiremos procurando importantes resultados contra las bandas criminales, buscando además un gran esfuerzo de coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el poder Judicial y la comunidad internacional en el entendido de que estas organizaciones son alimentadas por el narcotráfico. 

En la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas, pondremos todo nuestro empeño en atacar con aun mayor eficacia todos los eslabones de este fenómeno transnacional, y las actividades asociadas a este, como el tráfico de armas y explosivos, el tráfico de personas y el lavado de activos.

En la actual administración nos hemos concentrado en un nuevo frente de batalla, que es el de la seguridad ciudadana, aspecto en el que hemos logrado importantes reducciones en los índices de delitos de alto impacto para la vida cotidiana de las personas. Por eso hemos formulado una política integral de seguridad ciudadana donde se entiendan estos fenómenos y tengamos información criminalística oportuna y pertinente para tomar decisiones correctas, y en la que todas las instituciones concurran poniendo algo de su parte. Atacar delitos como el microtráfico y la extorsión forman parte de esta prioridad.

El fortalecimiento institucional, por su parte, se basa en cuatro elementos indispensables para mantener la ofensiva de la Fuerza Pública contra las amenazas a la seguridad de los colombianos y fortalecer el apoyo de la población.

El primero es la legitimidad y los derechos humanos. El eje de gravedad de la estrategia de seguridad del Gobierno del presidente Santos va ser el respeto y la legitimidad de nuestras Fuerzas Militares y de Policía. Eso significa continuar la tarea de avanzar en la adopción de estándares internacionales compatibles con el Derecho Internacional Humanitario y con las exigencias de derechos humanos en todas las unidades de nuestras Fuerzas Militares y de Policía.

Casos como el atroz asesinato de los niños de Tame, en Arauca, así como cualquier otra conducta al margen de la ley por algún miembro de la Fuerza Pública han sido y serán investigados y duramente condenados, y las autoridades judiciales seguirán contando con nuestra colaboración para sancionar ejemplarmente a los responsables.

No obstante, también es necesario que la sociedad comprenda a cabalidad que estos casos son muy reducidos en comparación de las acciones heroicas de cientos de miles de hombres y mujeres de la Fuerza Pública, y que ellos tienen los mismos derechos de cualquier otro ciudadano.

En este sentido, buscamos que tengan las mismas garantías y el debido proceso, bien si se trata de delitos juzgados por la justicia ordinaria, o si se trata de hechos cometidos dentro del servicio, para lo cual estamos fortaleciendo la Justicia Penal Militar.

Los otros elementos para el fortalecimiento institucional son garantizar el financiamiento de la seguridad y el mantenimiento de las capacidades estratégicas, acelerar los avances en el área de ciencia y tecnología –para lo cual buscamos fortalecer el Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) y profundizar la política de bienestar para los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

La internacionalización, otro pilar de la nueva estrategia, busca, por un lado, mantener el apoyo técnico y político de la comunidad internacional para el esfuerzo de consolidación de la seguridad, y, por el otro, posicionar a Colombia como exportador de capacidades y experiencias en seguridad, especialmente en la lucha contra los delitos transnacionales entre los que se incluyen el narcotráfico y el terrorismo.

Finalmente, reforzaremos nuestra área de defensa procurando el mantenimiento y fortalecimiento de una capacidad disuasiva para proteger la soberanía de la Nación.

En el desarrollo de esta nueva estrategia de defensa y seguridad estamos aplicando con mayor profundidad al interior de la Fuerza Pública los postulados del Buen Gobierno enumerados por el Presidente Santos, consistentes en eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, buscando una vinculación más estrecha del Sector Defensa con la ciudadanía y con diferentes sectores importantes para el desarrollo del país.

Toda esta gestión en el Sector Defensa está presidida, orientada y gobernada por tres  principios claves que son: primero, “Arreciar” o intensificar las operaciones en todo el territorio nacional;  segundo, “Unidad”, con una mejor coordinación al interior del Ministerio de Defensa entre las fuerzas y con otros ministerios y ramas del poder público; y tercero, “Irreversibilidad”; no solamente porque creemos que lo que hemos logrado tiene que irse consolidando de esa manera, sino porque el objetivo inmediato de la Política de Seguridad y Defensa de nuestro país tiene que ser convertir en irreversibles los avances y los logros obtenidos durante los últimos años en esta materia.

Hemos logrado grandes transformaciones para el país. Hoy estamos recogiendo los frutos de varios años de esfuerzo, profesionalismo y entrega de nuestra Fuerza Pública que, gracias a los avances de la seguridad democrática, han hecho que el país recupere la esperanza y la confianza en un presente y un futuro en el que cada vez más ciudadanos pueden disfrutar plenamente de sus derechos y libertades. Falta camino por recorrer, y desde el Gobierno Nacional, con el liderazgo del Presidente Juan Manuel Santos, estamos seguros que vamos en la dirección correcta para alcanzar la paz y la prosperidad que anhelamos y merecemos todos los colombianos.