Análisis del proyecto de ley sobre el estatuto de seguridad ciudadana

1. Características y contexto de la iniciativa

El Presidente Santos presentó en Cali un paquete de medidas que pretenden ser los pilares fundamentales de la Estrategia de Seguridad dirigida especialmente al campo urbano durante su mandato. En gran medida, la Estrategia de Seguridad Ciudadana busca ampliar y complementar los alcances de la política de seguridad democrática, construida durante el gobierno anterior, criticada en gran medida por sus aparentes debilidades en el campo judicial y urbano.

En otras palabras, la estrategia radicada busca combatir, según los ministros que presentaron el proyecto, a las bandas criminales, incluidas la del narcotráfico, todas las conductas delictivas de manera eficiente y evitar la excarcelación de los responsables de diversos delitos.

La Estrategia está compuesta por dos (2) componentes. Por un lado, un paquete económico de 3.64 billones de pesos con el cual se pretenden adelantar medidas de presencia de Estado y generar una cultura ciudadana de seguridad y convivencia. Para esto, el pilar se soporta en temas como cultura, deporte y educación para jóvenes. En principio, la lógica de este pilar busca generar acciones preventivas para el delito, sumergiendo a los jóvenes en un ambiente de cultura ciudadana, respeto y seguridad.

Por otro lado, el segundo pilar se considera como una serie de medidas proactivas, las cuales se enmarcan en un Proyecto de Ley, radicado por el señor Presidente Santos, donde se propone, entre otras cosas, una reforma al Código Penal, al de Procedimiento Penal y de la Infancia y Adolescencia. Con estas reformas, se pretende crear el delito de “Pertenencia a banda armada”, contar con jueces de control de garantías de reacción inmediata y disponibilidad completa, tener órdenes de allana

-miento y registro con vigencia permanente y de 24 horas, ampliar la concepción de la flagrancia a observación por video o permanencia en vehículos comprometidos en delito, ampliar el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones de manera que se incluyan componentes y no sea excarcelable, volver más eficiente el delito de extinción de dominio, incluir a la Policía Nacional en la vigilancia de personas bajo detención domiciliaria o vigilan-cia electrónica y modificarlos procedimientos judiciales dirigidos a adolescentes criminales, de manera que su responsabilidad sea más amplia y coherente con el delito cometido.

Para acompañar este pilar, la estrategia contempla ampliar el pie de fuerza de la Policía Nacional en 20.000 efectivos así como involucrar mucho más a la comunidad en su propia seguridad, de manera que sea una concepción integral que acerque a la ciudadanía y al Estado. Para esto, se creará el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y se reforzará el patrullaje ciudadano.

2.   Motivaciones de la iniciativa

2.1. La urgencia de una medida en las ciudades.

El análisis que se puede hacer de esta propuesta tiene tres componentes, En primer lugar la gran incidencia de la inseguridad ciudadana y urbana en el planeamiento de las políticas de defensa, en segundo lugar el papel de la Policía Nacional dentro de las políticas de seguridad ciudadana y en tercer lugar, la participación cada vez mayor de jóvenes adolescentes en actividades criminales de alto impacto.

Las más recientes mediciones de la seguridad ciudadana en Colombia reflejan una preocupante tendencia al incremento de alteraciones a la seguridad pública, sobretodo, en lo relacionado con los delitos contra la vida y los bienes, donde se identifican situaciones problemáticas en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá (ver anexo 01)

Dentro de las causas para esta situación, se pueden relacionar la presencia de Bandas Criminales Emergentes, que nacidas desde organizaciones armadas desmovilizadas o simplemente por nuevas organizaciones creadas, han ganado cada vez más espacios dentro del control de las mafias locales urbanas. Incluso, en algunas regiones del país, se ha podido apreciar alianzas entre grupos criminales emergentes y grupos terroristas como las FARC, delimitando claramente esferas de influencia entre lo urbano, controlado por las BACRIM y lo rural, controlado por las FARC.

2.2.   La policía y el compromiso ciudadano

En segundo lugar, es notoria la relevancia que se le ha dado a la Policía Nacional en las estrategias para controlar los retos que la inseguridad urbana plantea. Efectivamente se trata de una tarea de control policial y tal vez sea el inicio del largo camino por desmilitarizar la policía colombiana y regresarla a sus roles tradicionales. De hecho, el mantener una policía tremendamente militarizada, ha producido una macrocefalia organizacional en su estructura, descuidando espacios de control y seguridad que debieran ser atendidos con prontitud, como las ciudades, precisamente.

Los intentos por sacar a la policía de esta nebulosa no han sido nuevos. Planes como la Policía Comunitaria, buscaban desde la prevención, acercar a la comunidad y mejorar los índices de seguridad urbana y ciudadana. Ahora, con la medida del gobierno del Presidente Santos, se espera una mayor efectividad de la policía, al contar con un aumento en su pie de fuerza, más recursos y estrategias de cercanía con la comunidad.

2.3 Estrategia orientada a jóvenes

Por último, la orientación de las medidas tomadas y propuestas por la iniciativa reflejan una preocupación por la participación juvenil en actividades delictivas. Esta preocupación se sostiene en varios elementos que van desde la mayor participación juvenil en actividades criminales, bien sea a través de reclutamiento forzado o voluntario de menores de edad por parte de grupos terroristas, bandas criminales emergentes o bandas de delincuencia común, hasta la participación y conformación de actividades delictivas de motivación propia de tales jóvenes. En gran medida, la participación voluntaria o no de jóvenes en actividades criminales se debe en primer lugar a una falta de presencia y control estatal que impida el acceso de los grupos criminales a la juventud y en segundo lugar a falta de políticas de participación y de inclusión social para jóvenes de manera que no se inclinen por el delito. En ese sentido, la estrategia planteada por el Presidente Santos, busca en primer lugar generar espacios de inclusión desde la educación, el deporte y la cultura y en segundo lugar, ampliar los mecanismos tanto de atención y asistencia a los jóvenes que ingresaron a algún grupo criminal de forma obligada, como de judicialización a los jóvenes que optaron por conformar redes delincuenciales.

Precisamente, sobre esto último giran las reformas a los códigos para la infancia y la adolescencia. Infortunadamente, la recuperación de un menor que ha sido parte activa en un conflicto armado es tanto larga como difícil, retos que asume la estrategia presidencial.

3.     Trámite legislativo

El proyecto de ley fue presentado ante la presidencia del Senado por los Ministros del Interior y de Justicia, Dr. Germán Vargas Lleras, de Defensa, Dr. Rodrigo Rivera y por el Fiscal General (e) Dr. Guillermo Mendoza Diago. El Presidente del Congreso, por su parte, Armando Benedetti, dijo que el Senado de la República le brindará celeridad al trámite del proyecto de manera que esté reglamentado y en marcha para diciembre de este año.