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Por imposible que pueda parecer, en lo relacionado con el coronel Presidente,  la amenaza se mantiene latente.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  en su artículo 2 expresa que: “Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. Afirma en su artículo 4 que “es un Estado federal descentralizado, que se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad”. Y que, según el artículo 5: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la Ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”.

Este modelo de Estado se intentó cambiar mediante una Reforma Constitucional sancionada por la Asamblea Nacional en noviembre de 2007 dirigida a establecer un Estado Socialista, Centralizado, Militarista y Policial denominado Estado del Poder Popular. Reforma que fue rechazada por el pueblo el 7 de diciembre del mismo año cuando fue sometida en referendo a la consulta popular.

Ya desde antes de que se realizara el citado referendo, la Asamblea Nacional en abierta violación a la Constitución y a la voluntad popular, comenzó a desmantelar el Estado Constitucional mediante la sanción de la Ley de los Consejos Comunales de 2006, reformada posteriormente y elevada al rango de ley orgánica en el 2009.

Aquí es perentorio precisar que la citada Asamblea Nacional estuvo constituida por una abrumadora mayoría oficialista elegida en unos comicios electorales en los que, al no participar la oposición, solo un reducido porcentaje del potencial electoral acudió a las urnas.

El empeño por implantar en Venezuela un Estado Socialista fue rechazado nuevamente con ocasión de las elecciones legislativas del 26 de septiembre de 2010, planteadas como un plebiscito por el Presidente de la República y la misma Asamblea Nacional. El mandatario y su partido perdieron, pues la mayoría del país votó en contra de las políticas socialistas que ya habían sido rechazadas en el 2007.

Al haber perdido el Presidente y su partido el control absoluto que ejercían sobre la Asamblea Nacional, lo que hacia el futuro les impediría imponer la legislación a su antojo, en el mes de diciembre de 2010, apenas unas semanas antes de que los nuevos diputados electos tomaran posesión de sus cargos (5 de enero de 2011), la Asamblea Nacional, desconociendo la voluntad popular, sancionó un conjunto de Leyes Orgánicas con las cuales se define el marco normativo de un nuevo Estado Socialista, Centralizado, Militarista y Policial denominado “Estado Comunal.”

Esas Leyes Orgánicas son: del Poder Popular, de las Comunas, del Sistema Económico Comunal, de Planificación Pública y Comunal, de Contraloría Social, y del Sistema de transferencia de competencias y atribuciones de los Estados y Municipios a las Organizaciones del Poder Popular, así como las reformas de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, de las Leyes de los Consejos Estadales de planificación y coordinación de Políticas Públicas, y de los Consejos locales de planeación pública.

El objetivo fundamental de estas leyes, según Allan R. Brewer Carías, Profesor de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, “es la organización del 'Estado Comunal' que tiene a la Comuna como a su célula fundamental, suplantando inconstitucionalmente al Municipio en el carácter que tiene de 'unidad política primaria de la organización nacional' (art. 168 de la Constitución), a través de cuya organización se ejerce el Poder Popular, el cual se concreta en el ejercicio de la soberanía popular sólo directamente por el pueblo, y no mediante representantes. Se trata por tanto, de un sistema político estatal en el cual se ignora la democracia representativa violándose así abiertamente la Constitución de la República”.

De la nueva Asamblea Nacional aquí cabe decir que por artilugios solo posibles en gobiernos de tinte totalitario, la representatividad de la oposición no corresponde del todo a lo que era de esperar del resultado en las urnas; y lo que es más diciente: de la estirpe de quienes legislan a nombre del oficialismo, el ex guerrillero Fernando Soto Rojas, el mismo sujeto que aparece en un video rindiendo tributo a Pedro Antonio Marín alias “Tirofijo” (ver foto), y haciendo apología del terrorismo en la inauguración de la plaza Manuel Marulanda Vélez en la ciudad de Caracas en el año 2008, es el actual Presidente de la Asamblea Nacional.

Siguiendo el hilo de los acontecimientos, el 20 de diciembre en Valencia, Estado Carabobo, un grupo de estudiantes firmó e hizo público un Manifiesto en el que, renunciando irrevocablemente al uso de la fuerza física y asumiendo las consecuencias que se derivan de su legítimo derecho, decidió declararse en resistencia No violenta, al “no prestar obediencia a ninguna de las leyes aprobadas, o las que estén por aprobarse, que sean ilegítimas, por violar los derechos consagrados en la Declaración Universal de los derechos Humanos, en las Declaraciones y Convenciones que consagran Derechos Fundamentales del Hombre y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” y exigiendo “a todos los Poderes Públicos del Estado venezolano, a resguardar los derechos consagrados en la Constitución, en especial al Tribunal Supremo de Justicia y a la Defensoría del Pueblo para que asuman el deber y las responsabilidades que les confiere su cargo en defensa del Estado de Derecho y la democracia venezolana”.

Estos y algunos otros hechos significativos deben estar sucediendo allende nuestra frontera con la hermana República Bolivariana de Venezuela. No de otra manera se entiende que el coronel Presidente se haya abstenido de firmar la ley de reforma Universitaria y haga el sorpresivo ofrecimiento de reversar en mayo, la ley habilitante que le permite gobernar por decreto hasta junio de 2012.

Esa disposición y manera dúctil del mandatario venezolano a ceder espacios ya conquistados, lejos de ser tranquilizadora para nosotros los colombianos, nos debe llamar a la reflexión sobre lo que puede suceder un poco más tarde, cuando la presión de los acontecimientos lo induzca a mirar hacia nuestro lindero.

Se hace entonces necesario insistir en la necesidad de fortalecer, tanto en lo militar, como en lo económico y lo social, todo el territorio colombiano que linda con la hermana República Bolivariana de Venezuela. Lejos de ser un capricho, es una necesidad de a puño que los mismos venezolanos de los estados fronterizos verían con buenos ojos, para la tranquilidad y el bienestar de uno y otro lado. Sabio es prevenir antes que lamentar, no precisamente por la amenaza de una agresión militar, sino la de una milicia armada, ideologizada y azuzada, que estará dispuesta al uso de la violencia para evitar la caída de quien dice ser su nuevo libertador. Razones para afirmarlo nos han sido dadas.

Nota: Cuando este artículo se encontraba en impresión el coronel Presidente dio marcha atrás en su ofrecimiento de reversar la ley habilitante.

jirozo@cable.net.co