Por: Vicealmirante (RA) Luis Alberto Ordóñez Rubio
Se armó la grande con las denuncias de la Revista Semana y todos a sacar provecho. Los políticos, a ver cómo crucifican al gobierno; los malhechores, a ver cómo acaban con su peor problema: una Fuerza Pública bien informada; los malos militares, a ver cómo se desquitan de los buenos militares; las entidades de control, a lucirse con un tema que genera tanto protagonismo y que ayuda para futuras aspiraciones electorales y, lo peor, los que se quieren ensañar contra el Ejército Nacional por retaliación o venganza, al haberles dañado sus aspiraciones delictivas.
Ahí sí que hay intereses de todas partes, esa es una institución peligrosa y hay que acabarla a como dé lugar. Menos mal los colombianos la siguen queriendo y más ahora que ven a sus integrantes en todas partes: apoyando, controlando y cuidando a la comunidad en esta pandemia; el pueblo los quiere de verdad, porque además los ven combatiendo a las narcoguerrillas que no descansan y a los grupos al margen de ley que tampoco lo hacen, todo esto sin una sola queja o disculpa por las amenazas contra sus vidas por el virus o por las balas enemigas.
Nadie pide que se dejen de tomar las medidas que sean necesarias cuando se falte a la ley, pero armar escándalos como los que ya nos estamos acostumbrando, realmente no es lo que el país necesita, por eso la insistencia en que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho al buen nombre, tantas veces negado a los hombres y mujeres de la Fuerza Pública; allá se es culpable por fallo de los medios de comunicación y el militar debe demostrar su inocencia. Toda la vida nos enseñaron que era, al contrario, pues así lo dice la Constitución Nacional. Pero la peor afrenta, es declarar culpable al Ejército Nacional como un todo. ¿Han pesado quienes lo desprestigian, qué puede sentir la esposa de un soldado, o el hijo de un General de la República o los suegros de un teniente, de que sus familiares trabajen en una institución que, según ellos, los detractores, incumple la ley, viola los derechos humanos y falta al honor?
En Colombia y en el mundo todos, absolutamente todos, sin excepción perfilamos. Pregunto: ¿quién no verifica el perfil de la persona que quiere contratar para el servicio doméstico de su casa? ¿O qué empresa contrata personal sin antes haberle averiguado la vida personal y profesional? ¿Acaso cuando tenemos una reunión con alguien importante no buscamos su perfil para saber quién es y cuál es su nivel de experiencia y de preparación? Perfilan los bancos para saber quién abre una cuenta de ahorros o para conceder un préstamo, lo hacen los periodistas para saber a quién están entrevistando, lo hacen las universidades para definir a quién admitir, los clubes sociales con sus candidatos a socios, quienes arriendan propiedades y así sucesivamente. Todo el mundo quiere saber con quién está tratando, es lo mínimo.
Cuando un militar aspira a ser General o Almirante de la República su vida pública y privada es revisada minuciosamente, no solamente al interior de su fuerza sino por el Congreso de la República. Allí el ponente busca perfiles, busca información, averigua por sus actuaciones; no solamente las públicas, también las privadas. Así sea un militar aparentemente prestante se le busca cualquier detalle, cualquier actuación inapropiada, cualquier desatino, no puede haber nada oculto. “El que nada debe, nada teme”.
Igual en muchas ocasiones la inteligencia mira a las personas buenas por muchos motivos; uno de ellos por su seguridad, otras veces por su condición de persona pública que lo hace vulnerable a ser abordado, sin saberlo, por personas no tan pulcras, otras simplemente porque puede interactuar con alguien que lo quiere utilizar para algo malo poniéndolo en riesgo. Es deber del Estado proteger a todos los ciudadanos.
Saber con quién se va a trabajar, o averiguar quién podría ser un futuro socio, o preguntar quién es el novio de mi hija y a que familia pertenece, o investigar si la empresa donde mi hijo aspira a trabajar está legalmente constituida y dirigida por personas de bien no es un delito, es simplemente el derecho de mantenerse en una comunidad sana y rodeado de personas pulcras. Lo que está mal hecho es hacer averiguaciones sin el respeto a la ley y violando la intimidad. Por lo demás creo que nadie se arriesgaría a tener que interactuar o compartir con malandros y personas cuestionadas por malos comportamientos. No hay que olvidar que desafortunadamente vivimos en un país donde no todo el mundo es honesto. Pero vuelvo y repito: “el que nada debe, nada teme”.
En conclusión, que se investigue lo que sea necesario para garantizar que nuestra inteligencia siempre se mueva por los caminos de la legalidad, pero no volvamos escándalo y desprestigio la tarea honesta y necesaria de quienes deben anticiparse a los hechos y proteger a los colombianos de los corruptos, los narcotraficantes y los delincuentes de todas las calañas que nos rondan y que afectan la paz y la tranquilidad. Solamente a estos últimos les conviene acabarla a punta de escándalos y desprestigio. Los demás la defendemos y apoyamos, al fin y al cabo, los buenos somos la mayoría.
*LAS OPINIONES AQUÍ PUBLICADAS SON RESPONSABILIDAD DEL AUTOR Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DEL CGA
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