Vicealmirante (RA) Luis Alberto Ordóñez, PhD
La prueba más dura que gobierno alguno haya tenido en Colombia es la combinación de la pandemia mundial sumada a la insensatez del paro nacional, no porque no se pueda protestar, sino por el pésimo momento y la formaque escogieron. El manejo del orden público es la primera vez que le corresponde, de manera simultánea yespecífica, a alcaldes y gobernadores con casos de terrorismo, asonada y bloqueos de vías al interior de sus municipios; el resultado no parece satisfactorio. Hasta ahora el combate al narcoterrorismo era algo que asumíadirectamente el gobierno central, de manera que los dirigentes locales, en su gran mayoría, eran espectadores. La Constitución Nacional determina que somos una república unitaria y la forma es de gobierno de carácter nacional, sin embargo, la coyuntura actual está mostrando que no funciona muy bien y que algunos alcaldes y gobernadores no siguen el ritmo del gobierno central. No hay unidad de mando, no hay afinidad de criterios y por el contario mucha debilidad, falta de autoridad y se nota que hay intereses diferentes a restablecer el orden y la disciplina. Las mayorías, que no participan en las protestas y mucho menos en los des- manes violentos, reclaman el cumplimiento de la Constitución y las leyes; clamando por su seguridad y mínimos derechos, sinembargo, algunos alcaldes han respondido solamente a quienes les generan mayor afectación en su municipio.Al escribir esta columna, el gobierno había asumido una posición clara y muy acertada: no se negocia hasta queno se levanten los bloqueos, sin embargo, en Cali, donde aún persisten varias obstrucciones a la movilidad, el alcalde expidió un decreto en el que reconoce como interlocutor válido a los autodenominados “primera línea” y en el mismo da las pautas para dialogar con los infractores de la ley; algo totalmente contrario al mandatopresidencial. En épocas preelectorales esto y mucho más se verá venir, pues lo partidos políticos están a la caza de electores y sus militantes en proceso de conseguir cargos de elección popular o garantizar la aceptación de sus corrientes políticas, nadie quiere pelear con quienes representen alguna posibilidad de voto; muy mal momento. Pero como las leyes son para cumplirlas y nadie está exento de hacerlo, les compete a los entes de control asumir lasacciones del caso; no puede ser que Colombia se comporte como una federación y cada mandatario local haga loque le parezca y de paso, como hemos visto muchas veces en Bogotá, se aprovechen para irse lanza en ristrecontra el presidente buscando réditos políticos. De la situación actual deben quedar muchas inquietudes que deberá resolver el legislativo; ¿hasta dónde la elección popular de alcaldes y gobernadores les permite comportarse como repúblicas independientes? Con relación a las vías nacionales, ¿quién tiene la jurisdicción y competencia? Porque lo que están haciendo grupos, de cualquier índole y con cualquier supuesta justificación, de usurparle la libre movilidad a todo un país afectando la economía, generando desabastecimiento y violando los derechos de los demás colombianos, no tiene sentido alguno y menos aún, que salgan alcaldes a decir que ellos no permiten en su jurisdicción el uso de la fuerzalegítima del Estado, que prefieren el diálogo y mientras tanto se violentan derechos fundamentales protegidos por la Constitución y las leyes, es decir se van en contra de las decisiones del gobierno nacional, infringiendo de paso las normas.Entonces habría que aclarar si bajo esa presunta insubordinación, ellos asumen las responsabilidades de esas arterias viales para mantenerlas, vigilarlas y garantizar su utilización lícita y en beneficio de toda la Nación. Ahí hay un vacío y bien vale la pena que las leyes aclaren yespecifiquen los niveles de responsabilidad. Si nos vamos a comportar como federación, entonces que los entes territoriales asuman lo que les compete en esa condición. En conclusión, cuando un barco está en medio de la tormenta solamente puede haber un capitán; élordena y el resto cumple, de otra manera la nave estará condenada a naufragar. Colombia estáenfrentando la peor de las crisis, se pensó que la pandemia del Covid 19 era lo más grave, pero resulta que el paro está siendo peor, pues bajo la disculpa de la protesta social se han excedido yestán causando pérdidas millonarias que al final le restan recursos a los social, sin que se vea unarespuesta unificada y siguiendo las órdenes del presidente en los niveles territoriales. Le corresponde al poder judicial tomar las acciones necesarias para que la Nación se comporte como la Constitución determina; una república unitaria, y de esa manera se ataquen las amenazas a la supervivencia del Estado. Parecida tarea le compete a la Procuraduría General de la Nación en lo disciplinario; debe verificar si en esos municipios y ciudades capitales donde ha habido tanta afectación, los gobernantes locales han cumplido con sus deberes constitucionales. Pero ahí no terminan las acciones; el legislativo, si no se han dado cuenta, está siendo desbancado por quienesdesde el paro nacional pretenden colocar o quitar leyes, imponen y exigen cambios en la agenda propia de ese poder y, bajo presión, buscan imponer su voluntad. En vez de estar peleando entrelas diversas corrientes políticas, deberían hacer un gran acuerdo para re- tomar su liderazgo comorepresentantes del pueblo. ¡Colombia, como republica unitaria, puede solucionar esta crisis, comofederación será imposible lograrlo! Foto portada: ultimasnoticias.com.ve
*LAS OPINIONES AQUÍ PUBLICADAS SON RESPONSABILIDAD DEL AUTOR Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DEL CGA
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